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sábado, 24 de diciembre de 2011

La importancia de los quiénes


Aunque se quiera evitar la paranoia, algunas declaraciones asustan. En los convulsionados días de la rebelión de los estancieros, con echar un vistazo a los que se alineaban en contra de la resolución 125 y explotaban la construcción simbólica de “el campo” bastaba para saber de qué lado ubicarse. Desde entonces, esos personajes de la política vernácula se han ido desdibujando en pos de la defensa de intereses corporativos y terminaron siendo simples voceros de la prensa hegemónica. El resultado de esa obstinada actuación no-política ha sido la fragmentada performance en las elecciones de octubre. Pero no hay moraleja –por más clara que sea- que les haga modificar su actitud. Las autocríticas realizadas por algunas fuerzas de la oposición no han sido más que muecas espasmódicas frente a las cámaras. Las observaciones desplegadas por Leopoldo Moreau o Nito Artaza en algunos programas políticos respecto de la imposibilidad de construir una alternativa de gobernabilidad si se defienden los intereses de los poderes fácticos, han quedado en el olvido. O por lo menos los legisladores de esas fuerzas no han dado aviso de recibo.
En los últimos días, muchos exponentes de estas fuerzas opositoras presentaron argumentos absurdos y contradictorios en contra de la ley que regula la producción y comercialización de papel para diarios. En Los inconfundibles que confunden, este ignoto profesor de provincias demostró la inconsistencia argumentativa y la falta de información del ex gobernador santafesino Hermes Binner respecto al tema. Eso no le impidió al dirigente del FAP destilar incoherencias ante micrófonos y cámaras siempre dispuestos al escándalo. Para que quede claro: no está mal oponerse, sino decir tonterías con tal de oponerse. La libertad de opinión debe jerarquizarse con la información. Cualquiera puede decir cualquier cosa en una sociedad democrática, pero un personaje de peso como Binner debería preocuparse más por el contenido y la profundidad de sus declaraciones.
El proyecto de ley fue enviado al Congreso por CFK el 24 de agosto del año pasado y recién el último jueves fue aprobado por el Senado, después de haber recibido media sanción en Diputados. En el medio hubo audiencias públicas donde expusieron más de cien dueños de diarios del interior y trabajadores de prensa, además de discusiones en las distintas comisiones involucradas. Hace más de un año que este tema está en debate parlamentario, aunque se conoce desde hace casi tres décadas. Lo que la ley viene a corregir es una distorsión en la producción y venta del papel para diarios que beneficia sólo a los accionistas mayoritarios, Clarín y La Nación.
El informe presentado por la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, es contundente sobre las anomalías comerciales que presenta la empresa Papel Prensa. El Grupo Clarín, a través de las empresas AGEA y CIMECO, posee el 49 por ciento en acciones de la papelera, mientras que La Nación tiene el 22,49 por ciento de los títulos. En conjunto controlan 71,49 por ciento de la empresa. El Estado tiene 27,46 por ciento de las acciones, la agencia estatal Telam el 0,67 mientras el 0,37 por ciento restante está en manos de terceros. En nuestro país el consumo anual de pasta de papel llega a las 250 mil toneladas y sólo el 58 por ciento de esta demanda está cubierto por la producción de Papel Prensa, que trabaja sólo al 60 por ciento de acuerdo a su capacidad instalada. Si esa cantidad de insumos se distribuyera de manera equitativa entre los 168 medios a un mismo precio, no habría problemas. Pero Clarín y La Nación consumen el 71 por ciento de la producción total a un precio casi un 20 por ciento más barato. La posición dominante heredada de la dictadura y permitida por los gobiernos democráticos desde 1983 ha establecido condiciones de competencia desleal de estos dos grandes medios.
La senadora del FAP, Norma Morandini, parece haber olvidado su pasado de periodista del interior y para defender al Monopolio recurre a los lugares comunes más absurdos. “Si no hay libertad de decir, no hay sistema democrático –explicó la legisladora cordobesa- El Estado Nacional, en lugar de ser garante, toma parte. Esta es la amenaza. Un Estado que confunde prensa con propaganda. Lo que mal se nombra, mal se obra”. En primer lugar, el Estado debe ser parte porque tiene casi el 30 por ciento de las acciones y en los últimos años ha sido estafado por los socios mayoritarios. En diez años, la única empresa que comercializa papel para diarios en el país no ha ganado un solo centavo. En la primera parte de su desacierto verbal, la senadora olvida que precisamente el Monopolio que ella defiende ha privilegiado a medios aliados en la distribución del papel. Muchos diarios y periódicos que han osado manifestarse en contra de estos diarios han padecido el desabastecimiento de este insumo fundamental para el periodismo gráfico.
Casi al borde del delirio, su compañero de bancada, Jaime Linares, senador que integra el FAP y responde a Margarita Stolbizer (GEN), aseguró que “si el Gobierno considerara que el papel para diarios es un recurso estratégico, propondría la expropiación de Papel Prensa. Lejos de eso, lo único que le interesa es avanzar en su pelea contra Clarín y Nación”. Tentador, pero no. Motivos no faltan, sobre todo pensando en el origen espurio de la empresa. Pero de eso se encargará la Justicia que tiene en sus manos el informe “Papel Prensa: La verdad”, en el que se demuestra que la adquisición de la empresa por parte de Clarín y La Nación incluyó delitos de lesa humanidad.
Otro de los quiénes que pone en juego un abanico de incoherencias con tal de oponerse es el senador radical Ernesto Sanz, quien en su momento tuvo que disculparse después de afirmar que la AUH se iba por la canaleta del juego y de la droga. “Entendemos que aun cuando podamos compartir algunos diagnósticos, el oficialismo tomó un camino equivocado en la resolución del problema –expresó Sanz en el debate- Esta ley avanza por sobre una actividad privada que pasará a ser una actividad pública, sometida al derecho público. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Una subordinación de los particulares a la administración pública”. En primer lugar, el Estado debe formar parte de las decisiones de la empresa porque es accionista, como lo ha hecho en Techint, entre otras. Además, es necesario corregir una anomalía comercial que nunca debió haber existido: que dos medios de comunicación sean dueños de la única fábrica de papel para diarios del país. Pero en la última línea está la mayor incoherencia. Cuando el radical cuestiona la “subordinación de los particulares a la administración pública” está negando la razón de ser de cualquier gobierno, el contrato primigenio entre la sociedad y el Estado. Pero claro, no existe respeto a las instituciones –como siempre pregonan los exponentes del partido más que centenario- a la hora de defender los intereses de las corporaciones económicas.
Unos y otros muestran la hilacha, con tal de ser considerados héroes en los titulares de esos diarios o tener unos minutos de aire en los programas de TN. No aprendieron. No entienden nada. Después dicen defender los valores de la democracia. Pero en una democracia representativa como la nuestra lo importante es defender los intereses de la mayoría, lo que se conoce como el bien común. Por eso, desde la teoría de los quiénes es tan sencillo tomar una posición, decidir en qué vereda estar y comprender quién defiende mejor nuestros intereses. Y, sobre todo, saber quiénes legislan pensando en el bien del colectivo y quiénes ponen clavos en el camino.  

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