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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Alerta, que todavía anda


De acuerdo a una analogía ampliamente difundida, un ladrón de gallinas puede recibir castigos más severos que un ladrón de guantes blancos. Unas semanas atrás, Héctor Gerbasi fue condenado a quince días de prisión en suspenso y el pago de costas por un delito que,  de acuerdo a la Sala II de la Cámara de Casación Penal, resulta insignificante para la realización de un proceso judicial. Gerbasi, desocupado, hambreado y desesperado, escondió entre sus ropas un corte de carne porque no podía pagarlo, pero la cajera del supermercado lo descubrió, llamó a la policía y lo llevaron detenido. Por 27 pesos de aquél invierno de 2008, el ladrón de gallinas padeció lo inimaginable: un juicio oral. Cuatro años después, se enteró de la condena. Para la Cámara, en este caso, el funcionamiento burocrático del Poder Judicial –en realidad, de algunos jueces- es “irracional, intolerante, discriminatorio e inhumano”. Mucho gasto para un caso sencillo: cuatro años de proceso, once jueces en distintas instancias, cuatro fiscales y cinco defensores. Con este antecedente, es de esperar que la denuncia que el descontrolado monopolio mediático presentó la semana pasada contra periodistas, funcionarios y representantes no traspase la mesa de entradas. El ladrón de gallinas resulta acusado por un cuatrero de las especies más variadas. Mientras La Corporación continúa esquivando las leyes de la democracia, mientras la Justicia mantiene congelado el proceso por la causa Papel Prensa, mientras las mentiras que se propalan desde sus usinas de estiércol potencian los prejuicios de algunos individuos, mientras conspiran con enemigos internos y externos, son ellos los que se sienten amenazados por las hordas oficialistas. ¿Están desesperados o simulan estarlo? ¿Una torpeza o una jugada maestra? ¿Están suplicando una tregua o se preparan para un contraataque? Ninguna de estas preguntas se responderá en este apunte, pero vale la pena hacer una recorrida por los hechos que las inspiran.
Aunque lo nieguen, el 7D los incomoda. Si bien las transformaciones que propone la ley de SCA no podrán advertirse en lo inmediato, la sola idea de que una bestia que parecía incontrolable deba adaptarse a un límite significa, de por sí, bastante. En pocos días, recibieron una lección impensada: un importante sector de la sociedad no comparte sus ideas ni sus procedimientos. El unánime rechazo a la denuncia penal formulada el jueves pasado contra periodistas, funcionarios y representantes fue mucho más que un baldazo de agua fría. Nunca nadie se había atrevido a tanto. Para el Jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, esta denuncia "va en contra del proceso de ampliación de derechos colectivos e individuales por el cual venimos trabajando" desde el Estado. "Y lo que es más grave -agregó- busca encarcelar a periodistas, un retroceso que desde el Gobierno condenamos, poniéndonos al frente de la defensa irrestricta de la libertad de expresión y pensamiento". La figura utilizada es “incitación a la violencia” que encontraron en las opiniones de los denunciados. Cualquiera podrá recordar que las construcciones alucinadas con forma de titulares que Clarín y sus secuaces se encargaron de difundir se transformaron en la musa inspiradora de las violentas, antidemocráticas, destituyentes, insultantes consignas cacharreras en las diferentes versiones del año.
“Esto pone en evidencia que a Clarín no le interesa en absoluto la libertad de prensa, ni los valores republicanos –expresó la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- Clarín cree que puede aplicar las leyes a su antojo; tiene que entender que la época en que ponía y sacaba presidentes se terminó en 2003”. “Resulta absurdo que quienes debieran defender a los trabajadores de prensa sean quienes los persigan e intenten llevarlos a la cárcel simplemente por expresar sus opiniones”, argumentó el diputado Carlos Heller. Para Gustavo López, Subsecretario General de la Presidencia, “a la presión a la Justicia, al Consejo de la Magistratura, a los partidos políticos y a la manipulación informativa, se suma ahora la denuncia a los periodistas, que forma parte del mismo esquema: maniatar a la democracia y gobernar desde los poderes fácticos”. Pero el más contundente y enérgico fue, sin dudas, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri: “estamos asistiendo a los últimos días de un imperio mediático construido desde las sombras, que ha encontrado una resistencia inconmovible en un gobierno democrático que, representando al pueblo y sus intereses, ha decidido que en la Argentina el poder está en la gente y no en los poderes ocultos, por definición, contrarios a la democracia”.
En el arco opositor también surgieron algunas voces que expresaron su punto de vista ante este nuevo atropello del grandote. "Siempre he reconocido que sea cual sea el periodista o su labor, la libertad de opinión y su función no pueden dirimirse en el fuero penal –afirmó Pino Solanas- Me opongo a cualquier judicialización penal sobre la labor del periodista". La diputada por Libres del Sur-FAP, Victoria Donda, consideró que es “muy mala señal para el conjunto de nuestra sociedad, tanto la agresividad del gobierno nacional para el Grupo Clarín y algunos periodistas como intentar judicializar, como está haciendo Clarín con esta demanda, una simple discusión o posición política de quien sea, tanto de periodistas, funcionarios o cualquier ciudadano”. "Toda denuncia penal contra periodistas sin dudas lesiona la libertad de expresión", pontificó el radical Ricardo Gil Lavedra y, con el afán de conservar el centimetraje en la edición de mañana, se preguntó: "¿El gobierno instala violencia para el 7D?".
Más allá del evidente repudio que la presentación judicial ha despertado, lo que subyace en estas declaraciones es la idea de ‘la respuesta’. Clarín responde a la violencia que el oficialismo le destina. No está presente la historia del multimedios en las palabras de Donda, Gil Lavedra y muchos de los que dieron su mensaje de repudio y solidaridad. Para ellos, no es violencia la manera en que la Corporación ha eludido la ley durante tres años ni las nocivas mentiras, insultos y tergiversaciones que se destilan como veneno en sus medios. Tampoco es violencia la apropiación de Papel Prensa a través de torturas ni su complicidad con la peor de las dictaduras sin haber emitido siquiera un esbozo de autocrítica. Tampoco es violencia que siempre manifiesten simpatía por los intereses extranjeros antes que por los nacionales. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, la culpa siempre recaerá sobre el Gobierno Nacional.
Pero lo que más llama la atención es que muchos de los periodistas clarinistas se manifestaron también en contra de las denuncias, aunque –eso sí- las justificaron. Esta nueva maniobra permitió blanquear a sus propios voceros. Además, todo quedó como si la presentación ante la Justicia fuese una ocurrencia de los abogados sin la anuencia de los directivos. Todo es raro. Más aún cuando, con el correr de los días, los periodistas oficialistas pasaron de denunciados a testigos y, finalmente, invitados.
Además de la repulsa que la denuncia despertó –hasta de la SIP, fíjese- el grupete monopólico recibió malas noticias de la Corte Suprema de Justicia. No bastó la presión que ejercieron con los camioncitos de Cablevisión para extender la cautelar. Para el 7D faltan unos días, y no más que eso. Lo que parecía tan lejano está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ese tiempo que parece poco, resulta mucho. Todavía quedan algunos mordiscos que esquivar. El aguijón todavía tiene veneno y puede apuntar a cualquier blanco. Aunque parezca renguear, todavía camina. Sólo basta estar atentos a la espera del próximo zarpazo, que, por debilitado, no deja de ser peligroso.

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