viernes, 14 de febrero de 2014

Estrategias para gambetear un fallo adverso

    Lamentable, pero da la sensación de que el Poder Judicial no está dispuesto a romper su alianza con los poderosos. Por lo menos, algunos de sus miembros. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la pauta oficial invade un espacio descuidado por el oficialismo, que debería haber legislado la manera de difundir los actos de gobierno y otros mensajes de interés por los medios de comunicación. El año pasado, al declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, los Supremos asumieron el rol del Poder Ejecutivo, porque vetaron una ley legítimamente aprobada. Ahora, con esta nueva sentencia, se atribuyen el papel de legisladores al dictaminar cómo debe repartir el Ejecutivo el presupuesto para propaganda. Una Justicia corporativa no es sana para la convivencia democrática, más aún cuando con su accionar, protegen a los que nos quieren derrotados.
No importa. Mientras exigimos que apuren el juicio por la apropiación de Papel Prensa con delitos de Lesa Humanidad de por medio y que resuelvan sobre la cautelar que exime a La Nación de abonar cerca de 300 millones de pesos por aportes patronales, algo podemos hacer con la nueva sentencia corporativa. Este tema presenta, en principio, dos aspectos: uno monetario y otro simbólico. De más está decir que Clarín chilla por plata, aunque la pauta oficial sólo represente menos de un 6 por ciento de la totalidad de sus ingresos por publicidad. Porque ese monto que recibirá sin que lo necesite significa un triunfo en sus sueños hegemónicos, una manera de tener al Gobierno bajo su dominio, con la complicidad de algunos jueces. Ante lo inevitable, hay que explotar el aspecto simbólico: llenar de argumentos los medios del todavía monopolio. 
El fallo de la Corte no fue unánime. Lorenzetti, Maqueda y Fayt en la delantera, consecuentes con los intereses de la minoría; Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay ocuparon el mediocampo, como defensores y atacantes a la vez; y Zaffaroni, en absoluta soledad, cubriendo el enorme arco de la democracia. Los tres primeros, con inusitada dureza, cuestionan los criterios esgrimidos por el Estado, respecto de la decisión discrecional en la asignación publicitaria. “La importancia de la libertad de expresión en el régimen democrático –expresan en el texto- tanto en lo referente a la libertad que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas como en la protección de la actividad crítica de los periodistas y en el rechazo a todo tipo de censura”, como si Clarín necesitase las monedas del Estado para seguir emponzoñando el ambiente.
Enrique Petracchi y Carmen Argibay practican algunos vericuetos para llegar a una conclusión más o menos similar. Pero quien aporta un poco de oxígeno a este ambiente enrarecido es la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco. Sin sospechar que su fundamento pueda sugerir una salida, cita un fragmento del artículo 76 de la LSCA, para establecer criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la inversión publicitaria oficial”. Estos dos términos son por demás de ambiguos, sobre todo el primero.  La equidad es dar a cada uno lo que merece, por lo que los destinatarios del fallo no deberían considerarse tan beneficiados. Eso sí: todos –menos Zaffaroni- coinciden al afirmar que Canal 13 ha sido “discriminado”. Después de derramar unas lágrimas por semejante injusticia, podemos seguir analizando el tema.
 ¿El tamaño o la intención?
Si los directivos de Clarín se sienten victoriosos es porque del fallo parece sugerir una distribución proporcional de los recursos, de acuerdo a la repercusión que sus medios tengan en la sociedad. Entonces, si El Trece es el canal más visto debe recibir una porción mayor que cualquier otro de los canales abiertos. Recordemos que desde el punto de vista económico no lo necesitan. Sólo plantean este tema para someter la democracia a sus caprichos. Entonces plaguemos su programación con mensajes oficiales, sobre todo con los cortos de  Argentina en Noticias, en medio de los noticieros centrales.
Ahora bien, seguramente esta estrategia de saturación no convencerá al colonizado público de ese canal, por lo que será dinero desperdiciado. También puede suceder que, después de la difusión del mensaje oficial, salgan los cancerberos periodísticos a destilar su veneno. Supongamos que una marca de yogurt publicita en ese canal y, después de la emisión del spot, aparece un periodista para hablar mal de ese yogurt. La empresa retirará sin dudas la publicidad del canal o, al menos, hablará con los directivos para condicionar los contenidos de la programación. Si el Estado hace algo así, será denunciado como censura. Y encima, no puede retirar la propaganda pública porque, de acuerdo al fallo, afectaría la libertad de expresión. Entonces, mientras los privados pueden mudar la publicidad de un medio a otro, el Estado quedará como anunciante cautivo de medios opositores, sin opción para elegir los canales más adecuados para propagar la voz oficial.
Buen momento para retornar a la equidad y razonabilidad. Si bien es razonable que sean los medios más consumidos los destinatarios de los mensajes oficiales –aunque no sean bien recibidos por su público-, desde el punto de vista de la equidad, no lo es. Porque la equidad puede considerarse como la búsqueda de equilibrio entre los grandes medios y los pequeños, para garantizar la pluralidad de voces, esenciales para la libertad de expresión, como recuerdan los Supremos. Y aquí una disyuntiva: el aporte oficial como difusión o como subsidio; como garantía de llegada de la obra gubernamental o como apoyo para los medios que no pueden conquistar una considerable carpeta publicitaria.
El artículo 76 de la LSCA también establece que los titulares de licencias de radiodifusión deben emitir, sin cargo, mensajes de interés público de hasta dos minutos cada uno. Aquí se encuadraría la difusión de derechos, advertencias sanitarias o mensajes didácticos sobre normas de convivencia. Y no se computan como publicidad, por lo que podrán lucrar como hasta ahora. Si quieren pauta oficial, también tendrán estos mensajes que no le reportarán réditos económicos pero ocuparán una parte sustancial de la programación.
Pero éste es el momento adecuado para comenzar a legislar sobre estas cosas. Que diputados y senadores debatan en el espacio que dispone el sistema democrático para brindar una herramienta legítima para distribuir palabras, ideas, obras y recursos. Y ya que estamos, hay muchos problemas que requieren el compromiso de los representantes legislativos. En estos días de discusión sobre precios, ganancias empresariales y sus estrategias para apropiarse de nuestras billeteras resulta imprescindible que la sociedad tenga nuevas reglas para la comercialización de los productos básicos y de los otros.
Lo que se puso en evidencia desde la aplicación del programa “Precios Cuidados” es la desaforada tasa de ganancia que tienen los actores de la cadena comercial. Que un supermercado remarque los productos con un 100, 300 hasta el mil por ciento debería estar prohibido y debe recibir una sanción quien abuse de manera tan bestial. Algo así debería considerarse como traición a la confianza depositada por la sociedad a una empresa que cumple un servicio, como es la distribución y venta de los productos. Poner límites a las ganancias empresariales resulta esencial para frenar la avidez de los actores económicos y cuidar en serio nuestros bolsillos. El diseño del nuevo país requiere una profundidad legislativa en el lugar que corresponde: el Congreso de la Nación. Que los estudios televisivos y los despachos empresariales queden para los que cacarean en defensa de los que más tienen.

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