El festival de decretos desplegado por el empresidente Mauricio Macri
continúa con prisa y sin pausa. Su decretadicción
absorberá todo un año de trabajo
parlamentario para desandar los caminos hacia Macrilandia. Una pérdida de
tiempo, porque gran parte de lo que ha pergeñado en la soledad de su despacho excede ampliamente sus atribuciones
constitucionales. Por más Macri que sea, no puede legislar, derogar ni transformar leyes como está haciendo.
Como si estuviera pidiendo a gritos un juicio político con destitución
incluida, desconoce los principios
institucionales que le dan sentido a su cargo. Mientras tanto, el
presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, lejos de agradecer que el FPV le haya concedido
ese cargo, bloquea el tratamiento de los
decretos en la comisión correspondiente. Los enredos legales que están
tejiendo los amarillos no parecen buscar
un tránsito armonioso y sin conflictos, sino todo lo contrario.
Menos mal que una jueza
pampeana impidió que la Corte tomara juramento a Pablo Tonelli, el miembro del Consejo de la Magistratura
que querían introducir por la ventana. Un escándalo más por querer forzar
normas y reglamentos con el solo fin de
desterrar al kirchnerismo, pues correspondía ese lugar a Marcos Cleri. Como
confían demasiado en la protección
mediática que han tenido hasta ahora, continúan actuando como un partido
vecinal. O peor, como si fueran patrones
de estancia y no autoridades democráticas. Aunque Macri fue sobreseído en
la causa por las escuchas ilegales, hay jueces que tienen la valentía de hacer valer los principios legales, como la
continuidad con el procesamiento de Federico Sturzenegger por el megacanje.
Sin dudas, la administración de
Justicia está en la mira de los funcionarios PRO. Y están dispuestos a amoldarla a sus necesidades, aunque para eso
deban vulnerar los principios constitucionales más elementales. En el artículo
99 están las atribuciones del Poder Ejecutivo y en su inciso 3 establece con
mucha claridad que “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo”. El traspaso de las
escuchas a la órbita de la Corte Suprema va en contra de una ley sancionada
este año, que las disponía bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Como no es de necesidad y urgencia, los
Supremos frenaron este capricho. Y por supuesto, la Procuración consideró
como inconstitucional el decreto. “El
esquema de división de poderes que consagra la Constitución prohíbe al Presidente ejercer funciones
legislativas. Las escasas excepciones a esta prohibición exigen siempre la
acreditación de situaciones de necesidad y urgencia, que no se dan en el caso”, explicó la fiscal Cristina Caamaño.
El
show debe seguir
Esto va de la mano con la
suspensión –también por decreto- de la
puesta en funcionamiento de nuevo Código Procesal Penal, que debía
producirse el 1 de marzo. Y todo con decretos de necesidad y urgencia que sólo están acotados a eso y en circunstancias
excepcionales, que los amarillos están convirtiendo en un mal hábito.
Una forma encubierta de forzar la renuncia de
Alejandra Gils Carbó, que de acuerdo a los conceptos del ministro de Justicia,
Germán Garavano, debería “dar un paso al
costado” junto a todos aquellos “protagonistas judiciales que quedaron muy
comprometidos políticamente”. El
ministro debería aclarar lo que quiere decir con esto, porque seguramente no se
referirá a todos los jueces y fiscales
que activaron cautelares para frenar multas, leyes y disposiciones que
beneficiaron a Clarín, La Nación, Cargil, Nidera, Bunge & Born o que estiraron hasta el abuso las causas por
delitos de Lesa Humanidad que involucra a empresarios. Menos aún a todos
aquellos que fueron funcionales para generar
titulares de tapa a partir de productos
informativos de poco sustento.
En estos días, un caso paradigmático de la manipulación informativa tuvo un nuevo
capítulo. A principios de agosto, el programa televisivo Periodismo Para Todos, del ex periodista y futuro showman Jorge
Lanata aportó su tonelada de arena para
aceitar el camino a la gobernación de María Eugenia Vidal. En una de sus
emisiones dominicales, reveló una
insólita relación del entonces pre candidato y Jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, con el triple crimen de General Rodríguez, una disputa por el
tráfico de la efedrina. Uno de los involucrados, aunque sobreseído por falta de
pruebas, José Luis Salerno, anunció en una entrevista grabada que al ex funcionario le decían La Morsa, detalle que ni él conocía.
Sin embargo, ante la Justicia, se desdijo de todo lo que había denunciado ante
las cámaras, como ocurrió muchas veces
en esos informes hiperrecontrachequeados. Pero el mayor escándalo fue que la
grabación se había realizado en el departamento de la diputada Elisa Carrió, dato que se mantuvo oculto hasta que un
periodista lo descubrió gracias a una comparación de fotografías.
La fábula periodística se
coronó con una entrevista grabada en el
penal de máxima seguridad de General Alvear al condenado a cadena perpetua
Martín Lanatta. El propio Jorge Lanata visitó
seis veces la cárcel hasta lograr que el presidiario confiese que fue
Aníbal Fernández quien dio la orden de ejecutar a los competidores de la
efedrina. Su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, aseguró, al día siguiente
que Lanatta “miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el
juicio y lo que siempre me contó a mí, no
conoce a Aníbal Fernández”.
A pesar de tan notoria falsedad,
el producto televisivo aportó uno de los
ejes más sustanciales para la campaña de Vidal. De manera malsana se
preguntaba a los potenciales votantes con
quién dejaría a los chicos si tuvieran que salir, con Aníbal o María
Eugenia. Si algún ciudadano se sintió influenciado por tan cantada operación, ya no tiene posibilidades de cambiar su
voto, aunque en las elecciones de octubre se haya producido el corte de boleta más grande de la
historia provincial.
Si algo faltaba en esta
tragicomedia que estamos protagonizando es la fuga de los presos, algo imposible sin complicidad de los custodios.
Con la potencia mediática hegemónica, ahora oficialista, todo apunta a las autoridades
penitenciarias, que intentaron renunciar varias veces desde la
asunción de Vidal quien, con sus modos angelicales, suplicó que la ayuden con la
transición. Los mismos medios tratan de involucrar a Aníbal Fernández en la
fuga, aunque con un poco de lógica se
puede desarmar el sentido común dominante. ¿Ayudaría Fernández a quien lo
acusó de homicida y contribuyó a perder la elección? ¿Aceptaría Lanatta ayuda
de la víctima de sus mentiras, a
sabiendas que la fuga puede formar parte de la venganza?
Las
interrogantes pueden conducir a encontrar un poco de luz en medio de estos
asuntos turbios. Más aún cuando las fuerzas amarillas tratan de
silenciar voces opositoras en todos los medios, con el hipócrita lema de garantizar la pluralidad de voces. Lo
intentaron con Roberto Navarro en C5N y terminaron
convirtiendo su programa dominical en tendencia mundial. Difunden falacias
sobre los periodistas de la Radio Pública y sólo logran vestirlos de heroicidad. Impulsan la censura a 678 pero
las plazas están ansiosas por ver a sus panelistas en vivo. Quien llega al poder con argucias poco
legítimas, sale disparado por las peores canaletas.