La violencia de los precios

 

La discontinuidad de estos apuntes se ha acrecentado tanto que ya parece agónica. Una crisis de ansiedad del Autor se suma a la inacción del Gobierno Nacional al abuso de los precios. Aunque muchas veces el Presidente enuncie frases enérgicas con buenas intenciones, los saqueadores no cesan de hostigarnos en su afán de ganar cada vez más. Muchos explican la inflación por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero los productos que consumimos a diario no comenzaron a inflarse en febrero. Además, Argentina no debería tener problemas para abastecerse de lo que está faltando en el mundo porque produce todo lo necesario. La hambruna global que se avecina –y que ya se nota en algunos países europeos- no debería afectarnos. Si nos afecta es por la angurria depredadora del uno por ciento que no cesa en su afán de acumular y un Ejecutivo que evita tomar medidas que enojen a esa minoría avarienta.

Unos días atrás, Alberto Fernández reconoció en una entrevista radial que "el instrumento por el cual se desacopla más fácilmente los precios internos de los internacionales son las retenciones". El recuerdo de la Rebelión de los Estancieros desalienta emprender ese camino. Además, el acoso permanente de los precios no afecta sólo a los alimentos. La agresión numérica abarca cualquier cosa que queremos adquirir. En este tema no hay discriminación. Sin devaluación de la moneda ni escasez; sin aumento de la demanda ni incremento salarial significativo. Sin motivos todo sube su precio. Y ante tanto desenfreno, el Presidente le pide a Luis Pagani, el CEO de ARCOR que le ayude a bajar la inflación, mientras los productos de esa empresa se remarcaban a casi un 10 por ciento. ¿Cómo se le ocurre pedir ayuda al empresario que logró una ganancia del 142 por ciento el año pasado sin que ningún número justifique semejante incremento? En lugar de dialogar, debería exigir que explique a la sociedad por qué se apropió de semejante tajada.

Y no sólo a ARCOR, sino a todas –que son un puñado- las empresas que timbean con la mesa de los argentinos. Y no sólo con los alimentos. Por no enojar a los empresarios, consiente el sufrimiento de millones de compatriotas que ven pisoteados sus derechos elementales. A pesar de que el Gobierno toma algunas medidas redistributivas, el despojo es constante. Desde que se hace el anuncio hasta que el dinero llega a los beneficiarios, los precios devoran mucho más que el incremento. No basta con paritarias o bonos cuando la inflación es desaforada y sin motivos. Y el Estado tiene las herramientas necesarias para frenar esta situación agobiante y desestabilizadora. Violenta, además.

Si el aumento de las mal llamadas retenciones –derechos de exportación- o establecer cupos exportables son medidas desechadas por el equipo económico, si los Precios Cuidados no sirven como referencia ni como alivio de los bolsillos, si las palabras de conciliación del presidente no frenan la avaricia de los especuladores, se puede hacer otra cosa: aplicar la Ley de Abastecimiento sin demora. Esta norma vigente desde 1974 regula todo tipo de transacción económica, como la salud, la alimentación, el transporte, la vestimenta, la vivienda y todo bien inmueble o servicio. Autoriza al Ejecutivo a fijar precios máximos, márgenes de utilidad o congelar los precios. También lo faculta a obligar la continuación de producción de bienes y servicios, a prohibir o restringir la exportación y a exigir la documentación de las empresas. Y las empresas pueden ser sancionadas por elevar artificialmente o sin motivos los precios de los productos. Esta ley da herramientas al gobierno para frenar esta disparada intolerable, esta desenfrenada expropiación de la dignidad de los argentinos.

Nadie se puede enojar por la aplicación de una ley. El juez que intervenga deberá ser eyectado de su función al instante. Los defensores de la seguridad jurídica no podrán oponerse con ningún verso. Hacer cumplir la ley es obligación del Estado. Y el conflicto lo iniciaron Ellos, los que no se conforman con los millones que ganan. Para frenarlos hay que exponerlos con nombre y cifras para que la aplicación de la ley y el consecuente castigo sean comprendidos por casi todos. El conflicto es claro: la pobreza no afecta sólo a los desempleados, sino a gran parte de los trabajadores formales. Si eso no es violencia, si eso no es una provocación a la luz del día, si el Ejecutivo no entiende esto como un desafío al que debe responder con firmeza, estamos fritos, porque los que están del otro lado nos odian. Con reformas laborales y previsionales, quita de impuestos a los más ricos, destrucción de la producción y todo lo que harían si fueran gobierno la desigualdad se incrementará. Ya no hacen promesas, sino amenazas. No hay que perder las esperanzas, pero en algo deben basarse. Ese algo está en manos del Presidente y sus ministros. Acabar con la angustia de millones de argentinos no debe postergarse más y eso requiere disputar la riqueza de los poderosos.

Que no se rompa ni se doble

 

Además de la confusa dinámica de la actualidad informativa, algunos problemas personales me impidieron continuar con la publicación en este querido blog. Si bien esto no preocupó demasiado a los menguantes lectores -salvo algunos que manifestaron su inquietud- la escritura de un apunte ordena no sólo mi pensamiento sino también el de los que lo lean.

 Lo que antes era apenas un intercambio de visiones en el FDT ahora parece un cruce de potrero. Las declaraciones de Andrés Larroque pueden ser vistas casi como un crujido. Afirmar que Alberto Fernández “rompió el contrato electoral” es un poco exagerado. Que la coalición se haya armado por iniciativa de CFK con su mayor caudal de votos no justifica una deslegitimación de la figura presidencial. Pero tampoco es saludable tanta desatención por parte de Alberto a las sugerencias de Cristina. El que “tiene la lapicera” es él, pero no es el dueño absoluto del Gobierno. Tampoco Cristina es la dueña, aunque muchos lo sueñan. Por eso no es momento de imitar a Pimpinela, más aún cuando hay cosas que se están yendo de las manos. Algunos aclararán que nuestro régimen es presidencialista, pero nadie gobierna solo, ni siquiera un rey.

La experiencia de este gobierno es insólita: después del saqueo macrista, dos años de pandemia y una guerra en Europa. A pesar de todo, Argentina mostró el año pasado un crecimiento de más del 10 por ciento del PBI, entre los más altos del mundo. El de este año no será tan alto pero hay augurios de casi un cuatro por ciento. El uso de la capacidad instalada de la industria se ubica en 64,3 por ciento, cuando el año pasado estaba en el 58,3 por ciento. Las exportaciones del agro se incrementaron un 4,6 por ciento respecto al año pasado, con un total de 3.171.793.606 dólares. La inversión productiva se incrementó en un 15,7 por ciento y el desempleo descendió hasta el 6. Buenos números, por supuesto.

Lo que embarra el panorama y siembra confusión es el descontrol de los precios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios. No bastan las paritarias para contrarrestar tanto acoso de los angurrientos. La peor foto es la de los trabajadores pobres, que son muchos. Y eso no puede expresarse con un número, porque es una herida que un gobierno como éste debe saldar cuanto antes y no sólo por su continuidad electoral, sino también por la supervivencia de las víctimas de este saqueo. 

Y los que provocan la tragedia de sueldos que no duran ni dos semanas, los formadores de precio, se burlan de todos acusando a la inflación o al “por las dudas”. Los márgenes de ganancia de los grandes empresarios son una blasfemia, como el de ARCOR, que se ubica en 142 por ciento, inadmisible en cualquier latitud. Y lo que ganan de más los grandotes lo gana de menos el resto. 

Lo que está exigiendo el ala kirchnerista del FDT es una distribución más equitativa del ingreso cercana al 50-50 y no dentro de cinco años, sino casi ya. Y un poco de enojo por parte del Presidente hacia estos empresarios inescrupulosos. Mostrar sus ganancias en una Cadena Nacional alcanzaría para avergonzarlos ante una sociedad que cada vez accede a menos. Y si no, en lugar de tanto diálogo y acuerdo, habría que aplicar las leyes que castigan semejante “alteración del orden público”. Porque es eso lo que están haciendo con sus remarcaciones destituyentes para apropiarse cada vez más de lo que nos corresponde a todos.