La golpiza de las corporaciones

 

Los conspiradores no cesan de provocar al Gobierno. El control de la inflación no da resultado y los bolsillos son saqueados todos los días por los (de) formadores de precio. Los que lograron incrementar sus ganancias en la pandemia y ahora con la guerra a costa de empobrecer al resto no están dispuestos a ceder un céntimo. Cualquier medida que tome el Ejecutivo o el Legislativo será, seguramente, frenada por algún juez amigo. Y si no lo hay, el Consejo de la Magistratura -ahora presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia- podrá inducir a los que no lo son a proteger los intereses de una minoría cada vez más enriquecida.

El Poder Económico -aunque no está definido así en la Constitución- es el que realmente gobierna porque nunca se han aplicado los frenos que la propia Constitución establece para que no sean un poder. Malinterpretadas por propios y ajenos, la Vice Cristina manifestó una vez más que ocupar la presidencia no es tener todo el poder. Constitucionalmente, es un tercio; el segundo tercio es el Legislativo y el resto, el Judicial. Pero hoy el Económico –inconstitucional- es el que condiciona a los otros tres. El desembarco de Horacio Rosatti –juez de la Corte nombrado por decreto y autovotado como Presidente- al Consejo de la Magistratura significa el alineamiento de sistema de (in)justicia a las avaricias del Poder Real. No sólo por poner el sistema de Justicia al servicio de una minoría es una aberración, sino porque literalmente es anticonstitucional. El artículo 114 establece:

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Como puede apreciarse, no establece que sea el Presidente de la CSJN quien lo integra sino lo que indique la ley. Pero los Supremos derogaron una ley después de 16 años de funcionamiento y restauraron una que había sido derogada por el Congreso, algo que de ninguna manera pueden hacer. La aproximación al Poder Real contagia bastante esa impunidad de la que gozan los privilegiados, que ya no son más los niños.

Los que se llenan la boca de República, Democracia y coso no paran de pisotear la institucionalidad. Si nos pusiéramos estrictamente constitucionalistas, otro sería nuestro país. Unos años atrás, cuando era presidenta, CFK fijó como meta “la igualdad de oportunidades para todos y todas”. Un imposible porque la igualdad significa la eliminación de todo lo que nos diferencia, incluidos apellido, herencia, educación privada. Pero no es una aspiración ideológica de la Vicepresidenta sino un mandato constitucional del artículo 75 inc 19, que establece que el Congreso debe sancionar leyes que “aseguren la responsabilidad indelegable del estado de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”.

Ahora es el momento de recuperar el poder que se ha perdido: el popular, que debería ser el primero, el principal. Para ello se requiere mucha audacia de los poderes políticos -del Ejecutivo y el Legislativo- que deben tensar la relación con los avarientos poderes concentrados. Y no sólo con sus decisiones sino también con La Palabra. Hay que explicar los que pasa y exponer con nombre y apellido quienes dificultan la distribución igualitaria de la renta. Recuperar el salario perdido desde 2015 debe ser el principal objetivo de esta puja. Los que se opongan quedarán en evidencia al demostrar que son anticonstitucionales y les importa un pepino el padecimiento de gran parte de los argentinos.

La impotencia nos acosa

 

No es así, pero parece que el presidente diseña su propia derrota, que será la de la mayoría. Las medidas parecen una versión microscópica de sus anuncios. Sus decisiones buscan más la conciliación que las soluciones. Ya se muestra vencido ante un establishment que no se atreve a enfrentar. El que en campaña anunciaba que no iba a “pagar la deuda con la mesa de los argentinos” permite que los alimentos estén por las nubes. El Poder Real lo tiene acobardado, maniatado, tan enmudecido que ni siquiera se anima a explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Las filminas quedaron en el olvido. La debilidad o la flojera que demuestra produce un efecto derrame hacia todos sus funcionarios que se sienten incapaces de enfrentar la crisis con el coraje necesario. Mientras tanto, el PRO y sus secuaces explotan la inacción oficial para desembarcar con el modelo destructivo que ya hemos conocido.

La Guerra contra la Inflación terminó como una aceptación de las reglas de los especuladores. Ni se le ocurre denunciar cuánto están ganando los que condenan al hambre a gran parte de los argentinos. Los grandes empresarios destinan al salario la mitad que siete años atrás y eso se nota. “¿Quién se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015?” preguntó Máximo Kirchner en un acto en Merlo. No hay que indagar mucho para responder: con sólo echar una mirada a las ganancias empresariales en 2020 y 2021 basta para descubrir a los que se apropiaron del poder adquisitivo de la mayoría. Y los productores agropecuarios que inundan las rutas con sus lágrimas de avaricia también contribuyen al descalabro de los precios: en los tres primeros meses del año más que duplicaron sus ganancias con la venta de granos. Encima, invocan rayos y centellas si el Gobierno intenta subir unos puntos las retenciones o reducir cupos de exportación en beneficio del mercado interno, pero protestan a los cuatro vientos –o a quichicientos micrófonos- porque no consiguen el gasoil al precio subsidiado por el Estado que tanto desprecian.

El secretario de Comercio, Roberto Feletti confesó su impotencia: “milagros uno no hace”, como una forma de reclamar medidas macroeconómicas en la lucha contra los aumentos desproporcionados de precios. Como decisión ejemplar, multó a Molino Cañuelas, a la Federación Argentina de la Industria Molinera y a la Cámara de Industriales Molineros y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina “por ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, afectando el interés económico general del mercado”. Como no podía ser de otra manera, la Federación Argentina de la Industria Molinera rechazó con argumentos falaces la millonaria sanción y amenazó con recurrir a algún juez amigo que patee a veinte años la resolución.

Así, el oficialismo se deja pisotear. Y no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo que, casi sin chistar, empieza a tratar una nueva ley del Consejo de la Magistratura después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la norma vigente durante 16 años. Un atropello, una intromisión de poderes, una malversación constitucional. El Círculo Rojo tiene su poder intacto y sigue condicionando a los proyectos que pretenden limar sus privilegios, aunque el gobierno del FDT –por ser cada vez menos de Todos- ni siquiera lo intenta. Abandonar de una vez el dialoguismo ante tanta prepotencia ayudaría a superar el complejo de inferioridad que el oficialismo ostenta y así recuperar poder para que no nos sigan pasando por encima.