Los conspiradores no cesan de provocar al Gobierno. El control de la inflación no da resultado y los bolsillos son saqueados todos los días por los (de) formadores de precio. Los que lograron incrementar sus ganancias en la pandemia y ahora con la guerra a costa de empobrecer al resto no están dispuestos a ceder un céntimo. Cualquier medida que tome el Ejecutivo o el Legislativo será, seguramente, frenada por algún juez amigo. Y si no lo hay, el Consejo de la Magistratura -ahora presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia- podrá inducir a los que no lo son a proteger los intereses de una minoría cada vez más enriquecida.
El
Poder Económico -aunque no está definido así en la Constitución- es el que
realmente gobierna porque nunca se han aplicado los frenos que la propia
Constitución establece para que no sean un poder. Malinterpretadas por propios
y ajenos, la Vice Cristina manifestó una vez más que ocupar la presidencia
no es tener todo el poder. Constitucionalmente, es un tercio; el
segundo tercio es el Legislativo y el resto, el Judicial. Pero hoy el Económico
–inconstitucional- es el que condiciona a los otros tres. El desembarco
de Horacio Rosatti –juez de la Corte nombrado por decreto y autovotado como
Presidente- al Consejo de la Magistratura significa el alineamiento de sistema
de (in)justicia a las avaricias del Poder Real. No sólo por poner el
sistema de Justicia al servicio de una minoría es una aberración, sino
porque literalmente es anticonstitucional. El artículo 114 establece:
El Consejo será integrado periódicamente de modo que
se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos
resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de
los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique
la ley.
Como
puede apreciarse, no establece que sea el Presidente de la CSJN quien lo
integra sino lo que indique la ley. Pero los Supremos derogaron una ley
después de 16 años de funcionamiento y restauraron una que había sido
derogada por el Congreso, algo que de ninguna manera pueden hacer. La
aproximación al Poder Real contagia bastante esa impunidad de la que gozan
los privilegiados, que ya no son más los niños.
Los que
se llenan la boca de República, Democracia y coso no paran de pisotear la institucionalidad. Si nos
pusiéramos estrictamente constitucionalistas, otro sería nuestro país. Unos
años atrás, cuando era presidenta, CFK fijó como meta “la igualdad de oportunidades para todos y todas”. Un imposible
porque la igualdad significa la eliminación de todo lo que nos diferencia,
incluidos apellido, herencia, educación privada. Pero no es una aspiración
ideológica de la Vicepresidenta sino un mandato constitucional del artículo
75 inc 19, que establece que el Congreso debe sancionar leyes que “aseguren la responsabilidad indelegable del
estado de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna”.
Ahora
es el momento de recuperar el poder que se ha perdido: el popular, que
debería ser el primero, el principal. Para ello se requiere mucha audacia
de los poderes políticos -del Ejecutivo y el Legislativo- que deben tensar
la relación con los avarientos poderes concentrados. Y no sólo con sus
decisiones sino también con La Palabra. Hay que explicar los que pasa y exponer
con nombre y apellido quienes dificultan la distribución igualitaria de la
renta. Recuperar el salario perdido desde 2015 debe ser el principal
objetivo de esta puja. Los que se opongan quedarán en evidencia al demostrar
que son anticonstitucionales y les importa un pepino el padecimiento de gran
parte de los argentinos.
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