Una tormenta manifiesta todo su vigor en el horizonte marino, con caprichosos dibujos de rayos y relámpagos. Pero está lejos y eso llena de optimismo el ánimo de los turistas. Otra tormenta está en ciernes y es mucho más terrenal. Más temprano que tarde comenzarán las discusiones paritarias -algunas ya en marcha- y los malos actores intentarán salpicar la escena para llamar un poco la atención. El sindicalismo opositor tratará de tironear lo más posible con el solo objetivo de transformar en tragedia la épica que estamos transitando. Los empresarios poderosos amenazan con incrementar los precios de sus productos si el porcentaje de aumento salarial es elevado. Y basta de hipocresías, si no es elevado también. Por lo que sea, hacen lo imposible para estirar al máximo sus ganancias. En el medio, están los pequeños empresarios que ven en esta puja una amenaza para su propia subsistencia. Ahora el Gobierno Nacional se va a ocupar de la inflación, como vienen reclamando algunos sectores desde hace un tiempo. Pero no como ellos quieren, con las recetas monetarias que saben a ortodoxia o con ajustes que destilan el veneno de los especuladores.
No, si la inflación aparece como problema en la mira del kirchnerismo, es para solucionarlo de manera definitiva y trascendente, no para poner paños fríos. En el primer discurso después de su gira por Oriente y Asia, La Presidenta convocó a todos los ciudadanos a involucrarse en la lucha contra el incremento especulador de los productos básicos. Una manera de introducir el tema, nada más. Porque los consumidores no tienen una referencia certera sobre cuál debería ser el precio adecuado de un determinado producto. Y el Estado, tampoco. Entonces, un control minucioso de la ganancia empresarial y una acción directa para romper con la excesiva concentración pueden ser herramientas innovadoras para encarar este asunto. Y aquí una primicia exclusiva: no es posible afrontar esto sin conflicto, que es inevitable, además de necesario.
Entonces, tenemos la foto de La Presidenta que Clarín mostró sobre esa primera aparición después de su retorno. Desencajada, amenazante, autoritaria, aunque en realidad, sólo estaba interactuando con el público, como acostumbra hacer. Y su mensaje fue claro: el vacío a las empresas que incrementen sus precios. Y, por lo que se ve, no todo va a pasar por los números que el INDEC o las consultoras privadas revolean cada mes. Esos índices no son más que una abstracción y no tienen como objetivo mostrar cuánto gasta de más el usuario en su economía cotidiana. El índice inflacionario de diciembre difundido en enero es una comparación con los precios de noviembre y nadie se va a acordar a cuánto pagó el yogurt tanto tiempo atrás.
Dos problemas esenciales pueden analizarse respecto de la inflación: la concentración del mercado en pocas manos y el desconocimiento que existe sobre la formación de los precios. Basta ilustrar el primer punto con unos cuantos ejemplos. La comercialización del aceite comestible está en manos de dos empresas que concentran el 63 por ciento del mercado; la venta minorista en supermercados está a cargo de tres empresas que concentran el 81 por ciento; en la producción y comercialización de galletitas dos empresas conducen a más del 70 por ciento del mercado. Con respecto a lo segundo, uno sabe, por ejemplo, el precio de góndola de un paquete de arroz, pero no sabe cuánto cuesta producirlo ni las tajadas que quedan en el camino. Con el asunto de la inflación y el precio de los productos hay mucho para hacer y es necesario meter el dedo donde corresponda, aunque a algunos les duela.
Y la oposición deberá actuar en consecuencia y no como meros protestones desconcertados que no saben para dónde dirigir el bastonazo. Ninguno plantea las clausuras de las antenas de la Televisión Digital Terrestre, TDT, encaradas por el cordobés José Manuel de la Sota en términos de libertad de expresión. Aunque ya funcionan más de 60 en diferentes provincias, al gobernador con aspiraciones a más se le ocurrió que podían ser perjudiciales para el medio ambiente, aunque no presentó ningún argumento para sostener semejante afirmación. Según la Secretaría de Ambiente provincial las antenas fueron canceladas para "evitar que suceda lo peor", aunque no se aclaró cuáles podrían ser los peligros potenciales.
El Presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, afirma que una antena de TDT difunde una radiación no ionizada diez veces menor a una radio AM y, como está a cien metros de altura, no es perjudicial para la salud ambiental. Sin embargo, Córdoba será la provincia que no permitirá a sus ciudadanos gozar del servicio de televisión gratuito que ofrece el Estado Nacional. Esto, por supuesto, beneficia a la empresa Cablevisión, que por ahora no tendrá competencia en el territorio mediterráneo. Ante este panorama de connivencia con el monopolio que sueña con tenerlo a él -o alguien por el estilo- como candidato a presidente en 2015, ningún exponente de la oposición emperrada ha levantado la voz en defensa de la pluralidad.
En lugar de eso, apuntan para otro lado. Claro, en vez de pensar en propuestas para construir un electorado con vistas al futuro sólo atinan a cacerolear por cualquier cosa. La ASFCA difundió hace unos días una resolución que fue merecedora de los más obscenos e incomprensibles cuestionamientos. Este organismo estatal ofreció el acceso libre y gratuito al material del Banco de Contenidos Audivisuales Argentinos a todos los medios que no puedan cumplir con la cuota mínima de producción local que demanda la legislación vigente. No es una obligación, sino un ofrecimiento. En una penosa muestra de oscuridad, el legislador radical Ricardo Gil Lavedra afirmó que la disposición "revela todo aquello que muchos temieron con la sanción de la ley: el reemplazo del monopolio privado por el monopolio gubernamental". Con todo el respeto que merece, no se puede ser tan torpe. Peor aún su colega del Peronismo opositor, Gustavo Ferrari, que destacó que el Gobierno desea imponer "un mensaje único, acorde con la política oficial, con el discurso o con el relato oficial". Pero el premio a la mayor estupidez lo merece el senador radical Ernesto Sanz, al entender que no se busca "democratizar, sino imponer los contenidos del Gobierno y generar un monopolio estatal para imponer todas las mentiras". Y sobre no tener idea de lo que se habla, el más irrespetuoso fue el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Gerardo Milman, quien sostuvo que se "obliga a los medios de comunicación que no tienen capacidad para producir contenidos para que todos veamos lo que la señora Presidenta y sus ministros nos quieren relatar".
Martín Sabbatella, por su parte, trató de iluminar un poco el panorama ante tanta confusión interpretativa. El titular de la AFSCA tuvo que explicar que el Bacua "ofrece contenidos de enorme calidad que han logrado reconocimientos en el mundo". Además, los mecanismos de producción involucran a mucha gente, lo que garantiza la pluralidad de voces. Con sólo entrar en la página web del Bacua, se puede apreciar la variedad de contenidos, actores y directores que nutren los archivos. En la evaluación y concreción de los proyectos intervienen más de cien jurados que analizan más de dos mil propuestas de realizadores de todo el país en concursos públicos. Un emprendimiento de semejante magnitud merece una mirada más comprometida, sobre todo porque jamás se ha hecho algo parecido. Tal vez sea un poco de envidia porque se saben incapaces de emprender una propuesta así. Y con esos lamentos que sólo expresan incomprensión, están faltando el respeto a todos los que tienen la oportunidad, brindada por el Estado, de producir y difundir sus realizaciones artísticas.
Como queda claro, la oposición no sabe de desafíos. No puede encontrar en estos tiempos algo positivo porque han decidido ser observadores protestones y nada más que eso. Lo único que saben es estar en contra porque no se animan a decir a favor de qué están. Mientras continúen en ese camino errático y cacharrero, estarán cada vez más solos. Eso sí: seguirán representando a un grupo de individuos sin convicción ni compromiso que persiste en el facilismo de pensar que el Gobierno es el principal enemigo.