Un mal ejemplo en La Rosada

Ya no hay dudas: las corporaciones han tomado el poder y toda ilegalidad se convertirá en ley. Una norma anhelada durante treinta años, debatida en más de cuatro, aprobada en el Congreso por amplia mayoría y declarada constitucional en todos sus artículos por la Corte Suprema puede ser borrada con el capricho de una firma y la complacencia –o temor- de un juez. A partir de ahora, podemos afirmar que estamos en problemas. Y encima, Hernán Lombardi se da el gusto de catalogar al gobierno de Cristina como ‘régimen’. O todos han enloquecido o estamos en manos de una patota dispuesta a todo. Una tropa de ocupación hubiera actuado con más prudencia y respeto pero los Amarillos, con apenas un 51 por ciento en un balotaje y sin mayorías parlamentarias pretenden fundar una República a la medida de las necesidades de una minoría. Cuando la mayoría circunstancial que regaló el triunfo al neopatricio Macri comience a ver afectados sus derechos, ya será bastante tarde.

El discursito amoroso de la asunción quedó como una más de las hipocresías del empresidente. A pocos días de asumir, ni una sola medida ha tomado para favorecer a los más vulnerables, salvo los míseros 400 pesos que se diluyeron por los desaforados aumentos en los precios de la canasta familiar. La angelical promesa que recitaba Macri en campaña –“conmigo no vas a perder nada de lo que tenés”- queda como una burla frente a los miles de despidos que desde el Estado se están produciendo, como un aliento para que los privados tomen medidas similares. Desde ya, la Pobreza Cero y la baja de la inflación serán imposibles por mucho tiempo gracias a los incrementos de tarifas que ya se están produciendo.

La guadaña, más que por ahorro es por venganza. Como en los noventa, el discurso hegemónico instala en la sociedad la idea de un Estado sobredimensionado que reparte empleos a cuatro manos. Sin embargo, la mayoría de los empleados del Estado son docentes, médicos y policías; los administrativos –los que podrían ser ñoquis o militantes- apenas alcanzan el 28,5 del plantel estatal –tres de cada diez- en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional. Este dato surge de un estudio elaborado por la Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, en el documento “El empleo público en América Latina”, destaca que el sector cumple un rol clave como empleador en la región. Si bien en promedio, la proporción ronda entre el 10 y el 15 por ciento, en nuestro país tiende al 20 por ciento de los empleados. Pero los investigadores señalan que este indicador es “de enorme relevancia con implicancias sobre los equilibrios macroeconómicos, la eficiencia asignativa y la distribución del ingreso”.

Los países más desarrollados reunidos en la OCDE tienen entre el 15,3 y el 45,2 por ciento de empleos públicos. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, "el porcentaje de la fuerza laboral que trabaja para el Estado constituye un indicador de cómo se prestan los servicios públicos y puede que también tenga consecuencias en cuanto a la calidad y al costo de la prestación de los mismos". Y, como último elemento en este recorrido numérico, el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo revela que en el primer trimestre de 2014, el sector público representa el 17,4 por ciento de los ocupados contra el 81,8 de los asalariados del sector privado y sólo el 0,8 son beneficiarios de planes sociales. Con todos estos datos, continuar con los pueriles argumentos amarillos para justificar los recortes es otra muestra del más perverso cinismo.

Prejuicios en acción

Además de todas las medidas totalitarias que ha tomado hasta ahora, con los despidos en el sector público –inspirados más en la persecución que en la racionalidad- el gobierno de Macri está siendo sumamente irresponsable. Primero, porque refuerza un prejuicio doloroso de lo que en realidad es un delito. En los noventa, surgió el término ñoqui para etiquetar al que cobra un salario sin ir a trabajar. Tanto se extendió el calificativo que todos los políticos terminaron enlodados y la despolitización inauguró el nuevo siglo. La fuerza gobernante tiene como bandera su procedencia no-política, aunque eso sea uno más de sus innumerables simulacros. Hoy, sus exponentes alternan ‘ñoqui’ con ‘militante’ para extirpar todo rastro de kirchnerismo en las dependencias del Estado. Sin embargo, esos dos calificativos también son aplicables a los que tanto los usan: Gabriela Michetti encabezó los récords de ausencia a las sesiones del Congreso cuando oficiaba como diputada o senadora; Laura Alonso –que asumió con fórceps la oficina anticorrupción- es tan militante como cualquier joven de La Cámpora. Y éstos son apenas dos casos. Si hay ñoquis en el Estado, la solución no es despedir a todos los empleados sino indagar quiénes son y denunciarlos ante la Justicia. Y lo de los militantes es la excusa más perversa para camuflar la persecución política.

En segundo lugar, esta pulsión despedidora puede ser tomada como ejemplar para muchas empresas privadas, que no ven la hora de reducir su plantel o utilizar el puesto como extorsión para bajar salarios e incrementar sus ganancias. Más aún si, como parece, el mercado interno se verá sacudido por la espiral inflacionaria que comenzaron a generar cuando estaban en campaña.

Desde el momento de su asunción, Macri y el mejor equipo de los últimos cincuenta años –según sus propias palabras- no han hecho más que convertirse en un mal ejemplo para toda la sociedad. Grave que compare su equipo con el de la autodenominada Revolución Libertadora –Fusiladora, para el pueblo- que es la que derrocó a Perón en 1955. O haciendo bien los números, con la Revolución Argentina de Onganía. Y más grave aún que en nombre de la democracia y las instituciones, cometa las tropelías que ha cometido a fuerza de decretos contra leyes, organismos y funcionarios elegidos en el Congreso. Macri y su gobierno se han convertido en un mal ejemplo porque si desde la Rosada incumplen con las leyes, se fomentan los prejuicios y se alienta la desocupación, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?

La decretocracia neopatricia fundacional

A pocos días de cumplirse el primer mes de la asunción de Macri, el trastorno de indentidad disociativa que padece el Ejecutivo está alarmando a una parte importante de la población. Cualquiera se asusta cuando una entidad adopta múltiples facetas, más aún cuando muchas de ellas son peligrosas, antagónicas y hasta explosivas. Ya no estamos ante las divertidas contradicciones que emergían durante la campaña electoral: ahora no están montados en los Autos Chocadores de un parque de diversiones sino en un barco con 42 millones de pasajeros. Y, por lo que parece, nos están llevando directo al iceberg con el que nos hemos estampado varias veces. Decretos ilegales para salvar la República, innumerables despidos para preservar el empleo, transferencia de recursos hacia los que más tienen para alcanzar la Pobreza Cero y tarifazos y devaluación para bajar la inflación. Esto no es un dejà vu, sino el sinuoso camino de ripios al borde de un precipicio que el estalishment elaboró para que sea recorrido a todo trapo con el único objetivo de empujarnos al abismo del que nos ha costado tanto salir.

Desde siempre se conocieron los lineamientos generales del plan económico que Macri llevaba en carpeta: la libertad de mercado y el modelo del derrame, dos etiquetas que advierten sobre su venenoso contenido. La combinación de estos dos productos imperiales sólo desemboca en un capitalismo perverso que sólo puede producir más desigualdad. Y lo más riesgoso, un incremento de la deuda externa que siempre terminamos pagando entre todos, menos los que se benefician con ella. Pero lo más grave es que nos introduce en un círculo vicioso del que es muy difícil escapar y crea una dependencia del sistema financiero internacional. Gracias a este mecanismo, la deuda se multiplicó 17,5 veces entre 1975 y 2001 y todo para estar cada vez peor. De acuerdo a las medidas económicas tomadas hasta el momento, lo que se avecina es una destructiva bicicleta financiera: facilidad para el ingreso de capitales golondrina sin encaje, con altas tasas de interés y con un mínimo de 120 días de permanencia. Entran dólares, se multiplican y salen: esto es lo que llaman estar integrados al mundo.

Pero esto no es todo. En pocos días, se celebrará en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial y después de doce años de ausencia, Argentina estará presente con Mauricio Macri a la cabeza, secundado por su casi ex adversario Sergio Massa. En ese cónclave donde se reúnen los más angurrientos del mundo para indagar sobre los lugares más jugosos donde hincar los colmillos, el tigrense está dispuesto “a demostrarle al mundo que estamos dispuestos a dar un salto de calidad. Que todos nos ponemos el overol para conseguir inversiones, que vamos hacia liderazgos democráticos”. En boca de estos representantes, ponerse el overol no significa más que servir en bandeja a los trabajadores y nuestros recursos para llenar las arcas de los que están más que empachados. Y lo de los liderazgos democráticos, es un eufemismo para disfrazar los atropellos institucionales que están dispuestos a cometer con tal de lograr una sonrisa de tan poderosos personajes.   

A pocos pasos de la traición

Para justificar el tránsito por este potencial pantano primero hay que hacerlo imprescindible. Hablar de desequilibrios fiscales y despilfarro del Estado son los primeros pasos; las arcas vacías reclaman el endeudamiento y el exceso de gasto, los recortes. Si esto fuese real, harían cualquier cosa, menos reducir las retenciones a las exportaciones industriales y agropecuarias. Las primeras decisiones económicas tomadas por el empresidente Macri no son producto de una lógica indiscutible, sino de una indudable posición ideológica, que ellos se empeñan en negar. Total, tienen un potencial mediático para construir consenso en torno al discurso único que siempre ha intentado colonizarnos, muchas veces con notable éxito.

Eso les permite lanzar al ruedo los absurdos más insostenibles, como el cierre del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, también por decreto presidencial, para garantizar la “pluralidad ideológica”. Si quisieran lograr eso, no lo cerrarían porque la otra mirada sobre la historia, la corriente mitrista, la “oficial”, la descafeinada, está ampliamente difundida. Para el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, “lo cerramos en nombre del pluralismo porque es una mirada, no una mirada plural”. ¿Qué significa esta incongruencia? ¿Qué es una mirada plural? ¿Cómo es posible algo así? ¿Una mirada bifocal, en estéreo, psicótica, bipolar?

La única manera de garantizar la tan mentada pluralidad es que el Estado se haga cargo de potenciar las lecturas del pasado menos difundidas y no cercenarlas. Pero como la hipocresía es la norma, se toma la decisión que menos contribuirá al fin que se busca. Como cuando afirman que eliminar de un plumazo la ley de SCA garantiza la libertad de expresión. En realidad, este paso decidido por el Gobierno Amarillo traspasa los límites ideológicos para adentrarse en el terreno de lo institucional. Sobre este tema, nada justifica un DNU, salvo la premura por potenciar la enloquecedora voz dominante. Si querían modificar la ley, deberían proceder como corresponde, presentando un proyecto para debatir en el Congreso. Además de pisotear la constitución haciendo algo que está prohibido –legislar por decreto-, desoyeron una orden judicial, expresada en la precautelar firmada por el juez Luis Arias.

Todo este episodio está teñido por prepotencia, anticonstitucionalidad, ilegalidad y sobre todo, sumisión a los Poderes Fácticos. Desde la creación del Ministerio de Comunicación y el Enacom, el nuevo organismo de control -o de facilitación de negocios, en realidad- hasta la violenta intervención de la AFSCA, Macri está arriesgando parte de su legitimidad. Salvo los propios, beneficiados y asustados, nadie justifica semejante vandalismo. Martín Sabbatella, primer desplazado en esta avanzada sostuvo que ésta es la “necesidad y urgencia de las corporaciones y la complicidad de los sectores políticos que representan esos poderosos y una parte del Poder Judicial que está colonizada por los intereses corporativos”. Para Martín Becerra, destacado especialista en comunicación y en los procesos de concentración mediática, “en vez de gestionar la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la estructura y necesidades de los multimedios”. Cynthia Ottaviano, Defensora del Público, por su parte, solicitó la intervención de la CIDH porque la eliminación de estas dos leyes “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

Con esta medida, Macri se sumerge en la ilegalidad porque actúa como un gobierno de facto, fundacional y autoritario. Para el público que aplaude estos gestos colonizadores, sólo está ejecutando una venganza deseada. Pronto, cuando el efecto de todas sus medidas se empiece a sentir en la vida cotidiana, su imagen impoluta comenzará a degradarse. Después, cuando la lógica de la entrega empiece a cerrar en las conciencias argentinas, se convertirá en un personaje deleznable con méritos suficientes para convertirse en un traidor. Finalmente, cuando observemos en torno los estragos del vendaval, será apenas un mal recuerdo y un incentivo para reconstruir, una vez más, el país equitativo con el que siempre hemos soñado.

Hipócritas postales de Año Nuevo

Los primeros días del año están poblados de innumerables imágenes, algunas inverosímiles, como la persecución de los tres prófugos y otras vergonzantes, como la salutación de Año Nuevo de la familia presidencial con fondo de cabezas de animales ejecutados por salvajes niños ricos. Otras son indignantes, como los cortes de energía que afectaron parte de la CABA y sus alrededores, más una extorsión a los usuarios que producto de fallas técnicas. Y están las que producen náuseas, como el video Comunicación y Misericordia, emitido por la Conferencia Episcopal Argentina y el mensaje del ministro Prat Gay a los trabajadores en la previa del venidero acuerdo social. Las primeras postales del año que se inicia no difieren mucho de lo que anticipábamos antes del balotaje: el cinismo en estado puro para desatar sobre nosotros una tormenta que nos dejará al borde del desamparo. Todavía estamos a tiempo para frenarla o, al menos, tomar las precauciones necesarias para que los estragos no nos afecten tanto.

Todos los veranos, la empresas que “prestan servicio” en la Capital y el área metropolitana celebran el Año Nuevo con cortes de luz para recordar a los vecinos quién es el que manda. El año pasado, el ministerio de Planificación, además de las multas correspondientes por la falta de inversión en las redes, instaló generadores para aliviar el ambiente. Esta vez, en lugar de eso, el flamante Estado Amarillo sólo se victimiza, echa culpas y promete la quita de subsidios como única solución. Un absurdo porque las empresas recibirán las mismas cifras y sólo las arcas públicas se verán beneficiadas, salvo que los aumentos sean superiores a las “dos pizzas” calculadas por Prat Gay. Encima, ya se sabe que el problema no es de generación de energía, sino de distribución y que el consumo de verano es casi similar al de invierno, por lo que las altas temperaturas influyen poco y nada en la crisis. Pero como los medios son tan eficaces en esto de operar a favor de los privados, logran que los damnificados reclamen casi gustosos un incremento en las tarifas.

Envalentonados por la protección mediática y la argumentación neoliberal de la que muchos periodistas se hacen eco, los ceo-funcionarios PRO se sienten como peces en el agua para justificar cualquier cosa. En breve, los veremos diseñando esperanzas en medio del caos que la angurria empresarial desplegará en nuestras vidas. Por ahora, sólo están tanteando el terreno. La advertencia que el fugador de divisas que oficia como ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, es una clara muestra de eso: “me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos". Los dirigentes gremiales, en cambio, lo interpretaron como lo que es: una clara amenaza y una señal de que este gobierno jamás se pondrá de parte de los trabajadores.

Los agrietadores pontifican sobre el amor

Si estas postales incomodan, el video de la Conferencia Episcopal descompone hasta el aparato digestivo más resistente. En Comunicación y Misericordia, la hipocresía se convierte en dogma. En la cinta, unos cuantos periodistas identificados con el Grupo Clarín –Nelson Castro, Joaquín Morales Solá y Fernando Carnota- junto a otros laderos menos trascendentes, abandonan el veneno destilado hasta unas semanas atrás para convertirse en angelicales portadores de la palabra divina. La comprensión al otro, el tendido de puentes y el perdón son los conceptos más recurrentes de estos belicosos embaucadores que, desde las pantallas, profundizaron la famosa grieta. Lo que no se sabe es si están tratando de reconciliarse con el kirchnerismo o si están pidiendo clemencia anticipada por los desastres que ocasionará el gobierno que contribuyeron a instalar en La Rosada.

Como es de suponer, el Papa Francisco está presente en los más de seis minutos que dura el empalagoso producto pero, como hábiles manipuladores, sólo toman del Pontífice su aspecto más descafeinado. De ninguna manera recuerdan los duros conceptos en contra del capitalismo salvaje, la angurria de los poderosos y la desigualdad como resultado necesario del enriquecimiento de unos pocos. Como si el Jefe del Estado Vaticano estuviese de acuerdo con la nueva dirección que está tomando su país de nacimiento.

En una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres expresó su “profundo desagrado” por el video. El colectivo coordinado por Eduardo de la Serna considera que “los cristianos elegidos para el video son responsables de complicidad en todo lo contrario de lo predicado, desde participación en la dictadura hasta el neoliberalismo y la campaña negativa provocadora de ‘grietas’ sociales en tiempos recientes”. Pero eso no es todo porque en la misiva agregan que “los comunicadores elegidos gozan, en general, de nuestro más profundo descrédito”.

Estos sacerdotes comprometidos en serio con el otro lamentan “la falta de pluralidad” del video y la toma de posición clara “con lo que rechazamos y consideramos responsable del hambre, la desocupación y la muerte”. Pero lo que más les preocupa es que los obispos no hayan emitido ningún mensaje sobre “la intervención ilegal, ilegítima y violenta de la AFSCA y la anulación de la ley de SCA”. Por el contrario, se alían con el más fuerte, que es el Grupo Clarín y todo lo que representa: la Ceocracia que invadió La Rosada.

Como antaño, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica avalan los atentados contra los derechos de la mayoría. Postales viejas, remasterizadas para este año que se inicia, como un anticipo de las horrendas imágenes que en los próximos meses pasarán ante nuestros ojos.

Un siniestro parque de diversiones

Para que no queden dudas de que el desembarco de las Fuerzas Amarillas representa un retorno al pasado, basta considerar el re estreno de la serie “La familia Ingalls” en la pantalla de Telefé. Además de soportar las edulcoradas y soporíferas tragedias de esta piadosa familia del siglo XIX, el televidente podrá aprender a sobrevivir sin los servicios esenciales, en condiciones precarias y con penurias permanentes, en sintonía con los tiempos que se avecinan. Como postal más dramática, el ataque de un grupo de desubicados a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y las amenazas de muerte a sus fundadoras auguran que los días venideros no serán tan armoniosos como lo asegurado en campaña. Más aún cuando los atacantes, en medio de los gritos, golpes y huevazos coreaban el nombre del flamante presidente, aquél que se comprometió a terminar con el “curro de los Derechos Humanos”. Esto sumado a la prepotencia anticonstitucional con que ha transitado los primeros días de gestión sugiere que las oscuras imágenes que creíamos archivadas pueden restaurarse para ilustrar el presente.

Por supuesto que es de una torpeza enorme suponer que el empresidente Macri o alguno de sus funcionarios envió a esa tropilla para que ejecute su atroz mensaje. Pero el silencio oficial habilita el desenfreno, como ocurre en Mar del Plata con los grupos neonazis. Si las autoridades no condenan estos hechos, están permitiendo que la semilla de la violencia social germine hasta que brote la peor de las malezas. Si desde el centro del poder y sus voceros mediáticos se alienta la persecución con listas negras de periodistas, músicos y actores, cualquier miembro de la sociedad se sentirá autorizado para dar rienda suelta al salvajismo oculto. La reacción puede partir desde una convocatoria a un vacío de espectadores de una tira protagonizada por Pablo Echarri hasta desembocar en hechos mucho más lamentables.

Que el anuncio de la derogación de la Ley de SCA por decreto haya sido presentado como el “fin de la guerra contra el periodismo” sugiere la instauración de un relato confuso para justificar una medida sumamente autoritaria. Esa inexistente guerra es un eufemismo utilizado para incrementar el poder de los grupos hegemónicos con la venia del Estado, ahora neoliberal. Si hubo una guerra contra el periodismo fue la que algunos periodistas han encarado a fuerza de transformar falacias en verdades absolutas. En todo caso, lo que hubo fue una batalla cultural para contraponer el discurso único que dominó nuestro país desde 1976, que quiere volver a ensordecer con la falacia de la pluralidad de voces.

El diccionario siglo XXI

La impronta amarilla intenta instalar un nuevo lenguaje a fuerza de decretazos. La devaluación será reacomodamiento, la inflación, sinceramiento de precios y la anulación de las paritarias, diálogo social. Y todo así, muy marketinero para mostrar como novedad las estafas padecidas en el pasado. Ahora presentan la más patética de las innovaciones: la emergencia estadística. Claro, el término causa impacto en el público desprevenido y coloca en el ambiente una sensación de calamidad numérica.

Antes de ser gobierno, desde la oposición irresponsable que protagonizaron durante tanto tiempo, difundían todos los meses un número mágico llamado Índice Congreso, dibujado por Jorge Todesca, el mismo que hoy está a cargo del INDEC. El mismo que declara la emergencia porque no puede elaborar un IPC confiable. ¿No es, al menos, sospechoso que antes, entre tres o cuatro tipos adornaban los titulares con índices agoreros y catastróficos y ahora, con la enorme estructura del organismo estatal, no puedan tirar una cifra? O antes mentían y ahora no tienen la menor idea de cómo decir la verdad o están dispuestos a seguir mintiendo para disfrazar los desastres que vendrán.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay arriesga que la inflación de diciembre rondará el 3,5 por ciento pero adjudica la responsabilidad a sus antecesores y no a las expectativas devaluatorias que instalaron en campaña. Como la mentira tiene patas cortas, el mentiroso se tropieza a cada paso. Y ahora están a punto de hacerlo: de cara a la actualización salarial, Todesca anticipa que la inflación de este año se ubicará entre el 23 o el 24 por ciento, de acuerdo a los estudios de CABA y San Luis, que siempre coincidieron con los números del INDEC K. Y mucho más bajo de lo que este mismo actorazo anticipaba cuando estaba del otro lado del mostrador, apenas unos meses atrás.

Mientras los decretos del neopatricio intentan diseñar una Nueva Argentina con las polillas de antaño, desde el Imperio, su gobierno recibe un baldazo de agua fría. En lugar de las caricias en el lomo que esperaba, un editorial del diario New York Times destaca el impacto negativo que tendrán sus medidas sobre los asalariados. Más como sospecha que como certeza, asegura que “el 51 por ciento de los argentinos que votó por un cambio ahora duda si ese cambio es para mejor”. El texto asegura que "la devaluación junto a la eliminación de las retenciones favoreció a los productores agropecuarios, que especularon con su cosecha, mientras que erosiona los salarios y empuja los precios, ya que las importaciones se vuelven más caras". Además, explica a sus lectores que en sus primeros días en el Gobierno, Macri realizó cambios rápidos orientados al mercado para vigorizar la economía argentina. Y después, presenta el contraste que, en breve, vamos a lamentar: “su predecesora, Cristina Kirchner, prefirió impulsar la demanda a través de políticas como el subsidio energético a los consumidores y ahora, con la prometida quita, existe el riesgo de un aumento de la inflación, hoy en 25 por ciento".

Macrilandia está en construcción y no será un parque de diversiones que nos producirá buenos recuerdos. Lo más seguro es que nos saldrá muy caro y nos llevará mucho tiempo salir de los tortuosos y oscuros laberintos que lo componen.