Un mal ejemplo en La Rosada

Ya no hay dudas: las corporaciones han tomado el poder y toda ilegalidad se convertirá en ley. Una norma anhelada durante treinta años, debatida en más de cuatro, aprobada en el Congreso por amplia mayoría y declarada constitucional en todos sus artículos por la Corte Suprema puede ser borrada con el capricho de una firma y la complacencia –o temor- de un juez. A partir de ahora, podemos afirmar que estamos en problemas. Y encima, Hernán Lombardi se da el gusto de catalogar al gobierno de Cristina como ‘régimen’. O todos han enloquecido o estamos en manos de una patota dispuesta a todo. Una tropa de ocupación hubiera actuado con más prudencia y respeto pero los Amarillos, con apenas un 51 por ciento en un balotaje y sin mayorías parlamentarias pretenden fundar una República a la medida de las necesidades de una minoría. Cuando la mayoría circunstancial que regaló el triunfo al neopatricio Macri comience a ver afectados sus derechos, ya será bastante tarde.

El discursito amoroso de la asunción quedó como una más de las hipocresías del empresidente. A pocos días de asumir, ni una sola medida ha tomado para favorecer a los más vulnerables, salvo los míseros 400 pesos que se diluyeron por los desaforados aumentos en los precios de la canasta familiar. La angelical promesa que recitaba Macri en campaña –“conmigo no vas a perder nada de lo que tenés”- queda como una burla frente a los miles de despidos que desde el Estado se están produciendo, como un aliento para que los privados tomen medidas similares. Desde ya, la Pobreza Cero y la baja de la inflación serán imposibles por mucho tiempo gracias a los incrementos de tarifas que ya se están produciendo.

La guadaña, más que por ahorro es por venganza. Como en los noventa, el discurso hegemónico instala en la sociedad la idea de un Estado sobredimensionado que reparte empleos a cuatro manos. Sin embargo, la mayoría de los empleados del Estado son docentes, médicos y policías; los administrativos –los que podrían ser ñoquis o militantes- apenas alcanzan el 28,5 del plantel estatal –tres de cada diez- en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional. Este dato surge de un estudio elaborado por la Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, en el documento “El empleo público en América Latina”, destaca que el sector cumple un rol clave como empleador en la región. Si bien en promedio, la proporción ronda entre el 10 y el 15 por ciento, en nuestro país tiende al 20 por ciento de los empleados. Pero los investigadores señalan que este indicador es “de enorme relevancia con implicancias sobre los equilibrios macroeconómicos, la eficiencia asignativa y la distribución del ingreso”.

Los países más desarrollados reunidos en la OCDE tienen entre el 15,3 y el 45,2 por ciento de empleos públicos. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, "el porcentaje de la fuerza laboral que trabaja para el Estado constituye un indicador de cómo se prestan los servicios públicos y puede que también tenga consecuencias en cuanto a la calidad y al costo de la prestación de los mismos". Y, como último elemento en este recorrido numérico, el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo revela que en el primer trimestre de 2014, el sector público representa el 17,4 por ciento de los ocupados contra el 81,8 de los asalariados del sector privado y sólo el 0,8 son beneficiarios de planes sociales. Con todos estos datos, continuar con los pueriles argumentos amarillos para justificar los recortes es otra muestra del más perverso cinismo.

Prejuicios en acción

Además de todas las medidas totalitarias que ha tomado hasta ahora, con los despidos en el sector público –inspirados más en la persecución que en la racionalidad- el gobierno de Macri está siendo sumamente irresponsable. Primero, porque refuerza un prejuicio doloroso de lo que en realidad es un delito. En los noventa, surgió el término ñoqui para etiquetar al que cobra un salario sin ir a trabajar. Tanto se extendió el calificativo que todos los políticos terminaron enlodados y la despolitización inauguró el nuevo siglo. La fuerza gobernante tiene como bandera su procedencia no-política, aunque eso sea uno más de sus innumerables simulacros. Hoy, sus exponentes alternan ‘ñoqui’ con ‘militante’ para extirpar todo rastro de kirchnerismo en las dependencias del Estado. Sin embargo, esos dos calificativos también son aplicables a los que tanto los usan: Gabriela Michetti encabezó los récords de ausencia a las sesiones del Congreso cuando oficiaba como diputada o senadora; Laura Alonso –que asumió con fórceps la oficina anticorrupción- es tan militante como cualquier joven de La Cámpora. Y éstos son apenas dos casos. Si hay ñoquis en el Estado, la solución no es despedir a todos los empleados sino indagar quiénes son y denunciarlos ante la Justicia. Y lo de los militantes es la excusa más perversa para camuflar la persecución política.

En segundo lugar, esta pulsión despedidora puede ser tomada como ejemplar para muchas empresas privadas, que no ven la hora de reducir su plantel o utilizar el puesto como extorsión para bajar salarios e incrementar sus ganancias. Más aún si, como parece, el mercado interno se verá sacudido por la espiral inflacionaria que comenzaron a generar cuando estaban en campaña.

Desde el momento de su asunción, Macri y el mejor equipo de los últimos cincuenta años –según sus propias palabras- no han hecho más que convertirse en un mal ejemplo para toda la sociedad. Grave que compare su equipo con el de la autodenominada Revolución Libertadora –Fusiladora, para el pueblo- que es la que derrocó a Perón en 1955. O haciendo bien los números, con la Revolución Argentina de Onganía. Y más grave aún que en nombre de la democracia y las instituciones, cometa las tropelías que ha cometido a fuerza de decretos contra leyes, organismos y funcionarios elegidos en el Congreso. Macri y su gobierno se han convertido en un mal ejemplo porque si desde la Rosada incumplen con las leyes, se fomentan los prejuicios y se alienta la desocupación, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?