Primer paso para una fiesta

 

Todos sabemos que el FMI no es Papá Noel sino una versión remasterizada de Al Capone al servicio de especuladores internacionales. Nunca es bueno tenerlo cerca… pero Macri lo volvió a incrustar en nuestro país. Si la mayoría desea que esto no vuelva a pasar, los responsables deberán ser sancionados y sus beneficiarios devolver la fortuna que fugaron. Este desagradable episodio debe ser el principio del fin de una Argentina al servicio de los avarientos.

 

Una frase nada original sobre el acuerdo con el FMI: nada para festejar, pues estaremos años pagando una deuda que se esfumó. El festejo llegará cuando algún tribunal internacional la declare abusiva por incumplir las normativas del propio Fondo y ser funcional a intereses políticos globales. La fiesta podremos hacerla cuando Macri y su Gran Equipo paguen por habernos llevado a esta situación. Y también cuando los que se beneficiaron con ella gracias a la especulación y la fuga contribuyan a saldarla. Más motivos para festejar tendremos cuando gran parte de la población comprenda que los cambiemitas, juntistas, halcones, palomas y los medios de comunicación que alientan esa comparsa no política son todos buitres.

Aunque parezca mentira, hay más de un cuarenta por ciento de argentinos que cree que la deuda con el FMI fue tomada por el presidente Fernández o que Macri apeló a ella para saldar deudas del gobierno de Cristina. Otra parte –menos, por suerte- ni sabe de qué se trata, abandonando la célebre frase “El Pueblo debe saber de qué se trata”. El ‘debe’ no es un adorno o un matiz: es un mandato. No es una posibilidad, sino una obligación. Para ser Pueblo, la población debe saber, si no, en lugar de ciudadanos, serán un conjunto de individuos que confunden la urna con un inodoro. Si se dejan llevar por la desinformación de la hegemonía mediática es lógico que lleguen a conclusiones erradas y no adviertan la gravedad institucional de la decisión autoritaria tomada por el Infame Ingeniero y su banda de filibusteros.

Los cuatro años del gobierno amarillo fueron en verdad una Casa Tomada con el consentimiento de sus habitantes. No hace falta enumerar los desastres económicos a conciencia provocados por los ocupantes de La Rosada desde el 15 al 19. Lo que sí hay que resaltar es la prepotencia con que conquistaron a muchos jueces y fiscales para que ejecutaran un plan de proscripción política y sindical. Sin pudor, borraron del mapa a los magistrados que se atrevieron a atenerse a la constitución y las leyes. Con recordar el enojo de Macri cuando liberaron a Cristóbal López y Fabián de Souza basta: “estoy caliente –dijo el entonces presidente- esto no es lo que habíamos acordado”. Por si no se entiende la confesión, ningún funcionario político puede acordar la prisión o la excarcelación de nadie con ningún juez. Tampoco puede orquestar un sistema de espionaje con el objetivo de armar causas judiciales, como ya se ha hecho público.

Pero Macri y sus secuaces no son los verdaderos villanos de este desastre. Los amarillos –TODOS- y algunos funcionarios judiciales son apenas los peones del Poder Real. Hasta los medios de comunicación dominantes y los seudo periodistas que actúan en ellos son instrumentos de una minoría antidemocrática y voraz. El 1 de febrero se realizará en distintos puntos del país una movilización para promover una reforma del Poder Judicial. Los motivos son muchos, desde la lentitud en la resolución de muchas causas hasta la arbitrariedad en la aplicación de las normas. Pero la más importante es la alineación incondicional de algunos jueces a los intereses de una oligarquía que necesita ser blindada para continuar con el saqueo de siempre. Un punto de partida para llegar hasta los que verdaderamente nos hacen la vida imposible con explotación, evasión, especulación y fuga de capitales. En definitiva, para que nos saquemos de encima a esa minoría que condiciona la Democracia para apoderarse de todo lo que ven.