La prepotencia conquistadora de Joe Lewis debería indignar a todos. Pero no es el único que ostenta sus privilegios y se burla de la democracia: este caso tan brutal debería ser el punto de partida para domesticar a los potentados que se quieren apropiar de todo, hasta de nuestra dignidad.
El año
arrancó movido, como no podía ser de otra manera. Muchos problemas tiene
el Gobierno Nacional y debe encararlos con más énfasis si quiere
garantizar una buena elección para el año próximo. No la tuvo fácil el
presidente: a la exorbitante e ilegal deuda externa tomada por Macri con
privados y el FMI y el descalabro económico del plan de negocios que
desplegó desde La Rosada se sumó la Pandemia que desconcertó a todo el
mundo. A pesar de este escenario, nuestro país está entre los que mejor
manejaron la crisis sanitaria y más vacunas inocularon, a lo que se agrega
la reactivación en muchos sectores productivos y de servicios, con un
crecimiento cercano al 10 por ciento. El ‘debe’ más complejo es revertir la distribución regresiva de la
riqueza que, con cada desembarco neoliberal, se profundiza.
Destruir a la manera de Macri es
fácil, como quedó demostrado en sus
cuatro años de gerencia. Reconstruir
es más difícil y cada retorno de un gobierno más o menos popular encuentra
una cantidad mayor de empobrecidos. Encima, la minoría beneficiada por el modelo
desigualador está cada vez más despiadada y angurrienta; más impune y
desaforada. Por eso, cuando el Ejecutivo o el Congreso toman medidas para
frenarlos, algún juez obediente al Poder Real dicta una cautelar para
proteger esos mezquinos intereses. Ejemplos hay muchos: un juez frenó la
intervención de Vicentin, a pesar de las evidencias de sus chanchullos;
otros magistrados se arremangaron la toga para evitar que algunos
privilegiados contribuyan con el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas;
ninguno se atreve a llamar a indagatoria a Macri, aunque en todas las
causas que lo tienen como protagonista sobran las pruebas; otro tribunal servil
protege a Clarín para que sus estafas con forma de negocios no sean consideradas
servicio público. El 1F fue una protesta contra todo esto y mucho más.
El
integrante de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti fue el único que
salió a responder a la movilización popular. “Nunca hemos cedido a presiones” aclaró sin rubor. Claro, el
que es obediente no se siente presionado: está como pez en la pecera del
establishment. Y como no podía ser de otra manera, esputó el lugar común
de la “Justicia Independiente” del poder político. Una falacia insostenible
pues muchos jueces no fueron ni son independientes del macrismo ni de lo que
representa. Esa dependencia no les molesta porque es más pertenencia.
Una identificación de clase que atropella leyes, códigos y hasta la propia
Constitución. Con esta gentuza la Democracia está en peligro porque esa
oligarquía explotadora, estafadora, evasora y fugadora pone en jaque a los
gobiernos que no satisfacen sus crecientes apetencias. Desestabilizadores y prepotentes,
dispuestos a exhibir garras y colmillos cuando un decreto o una ley amenaza con
limar un poco sus privilegios.
Joe
Lewis, el magnate inglés que se apropió de un lago, es el caso más reciente
de sumisión de todo el poder político y judicial. Hace años que
diferentes fallos dictaminan que el terrateniente garantice al acceso al
Lago Escondido, que es público al igual que sus orillas y no hay
funcionario que lo haga cumplir. Cada año incrementa sus bravuconadas. Para
imponer su ley, tiene sus propios
gendarmes, una banda de cazadores a caballo que pinchan o vuelcan botes,
amenazan con sus armas y secuestran a civiles a la luz del día. Si el
gobierno de Río Negro no interviene, es el gobierno Nacional el que tiene
que poner orden. Las Fuerzas de Seguridad Federales deberían custodiar a
los argentinos que quieren disfrutar del lago. Este es el mejor ejemplo de
lo que funciona mal en nuestro país: mientras esto no cambie, ‘soberanía’, ‘patria’,
‘equidad’, ‘dignidad’ seguirán siendo palabras huecas y el futuro será más
oscuro.
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