El choque de planetas… o no tanto

   No hay doctrinas filosóficas que sostengan que dos cosas opuestas pueden pasar al mismo tiempo sobre el mismo objeto. Y menos en el mismo universo. Sin embargo, parece que la moda política de esta temporada no es tener miradas contrapuestas sobre el mismo asunto, sino, directamente, presentar hechos que no ocurrieron como si hubieran ocurrido. Tal vez sea porque la primavera se vino medio otoñal, entonces los ánimos están confundidos. Moyano rompe en público con Recalde fundado en una firma que no se ubicó donde denunció que se había ubicado. La fragata varada en Ghana es el producto de una conspiración de los fondos buitre y, al mismo tiempo, una torpeza de Cancillería. La Comisión Bicameral no se había constituido hasta ahora porque el oficialismo quería, desde el AFSCA, controlar el proceso de transformación del mapa mediático o porque la oposición no quería darle entidad a la Ley. El modelo K ha producido cambios insospechados en nuestro país o nos ha conducido a un desastre irremediable del que ya estamos padeciendo sus anticipos. Cosas opuestas ocurren sobre el mismo objeto al mismo tiempo. El mismo producto nos envenena y nos cura a la vez. Lo blanco es negro. No es ‘todo o nada’, sino todo y nada al mismo tiempo. Y bueno, si tenemos una primavera que parece otoño, todo puede pasar en este querido país que vive integrado a gran parte del mundo o que orbita perdido en una galaxia muy pero muy lejana.

Lo que Moyano no quiso escuchar sirve para dejarlo descolocado. Y también en evidencia. “No podés ser tan servil al poder”, le dijo el camionero con un descontrol ensayado. Recalde trató de explicarle pero él se retiró del recinto junto con sus seguidores. El abogado que acompañó durante tanto tiempo al líder de la CGT no firmó el proyecto que tanto enojó al dirigente sindical. “Yo me puedo equivocar, pero me equivoco siempre en la misma vereda. Yo no voy a votar el proyecto de mayoría de mi bloque y presenté un proyecto de minoría”, destacó ante los medios. Pero Moyano igual se enojó como si respetara un contrato con el multimedios, como si los que ahora lo alientan pensaran votarlo, como si el traidor fuera el traicionado. “Nos tendrías que haber dicho, Recalde. No podés ser tan servil al poder. Invitarnos para decirnos que está todo cocinado. Es una falta de respeto a los trabajadores y la historia los va a juzgar”. Esa frase, “no podés ser…”, también la habría podido decir Recalde… y quizá con más acierto. El proyecto que Recalde firmó es el que había acordado con Moyano pero éste se forzó a actuar como si el proyecto firmado fuese el otro. Argumento ideal para una comedia de enredos de la década del cincuenta.

Muy lejos de una comedia de enredos y más cerca de un drama de espionaje es la situación de la fragata Libertad, retenida a pedido de los fondos buitre en Ghana. Aunque los medios insisten en responsabilizar al ministerio de Relaciones Exteriores, hay documentos que prueban que Cancillería estaba en desacuerdo con el recorrido del buque debido a los riesgos de embargo. El hecho que se haya pasado a retiro al Jefe del Estado Mayor de la Armada y a disponibilidad al Secretario General Naval así lo demuestra. Todavía queda Arturo Puricelli, cuya responsabilidad política en el affaire es indiscutible. O es cómplice de una confabulación cuyo objetivo es permitir las presiones externas al Gobierno Nacional o inoperante para descubrir esos entuertos. De haber seguido el consejo de su antecesora, Nilda Garré, el Ministro nos hubiera ahorrado este mal trago. Para la actual ministra de Seguridad, la fragata debería hacer escala en puertos de la UNASUR, para evitar los embargos. Si algo demuestra la realidad argentina es que las fuerzas de seguridad, en todos los niveles, no pueden autogobernarse, sino que tienen que estar subordinadas y controladas por el poder civil.    

Poder civil que tampoco es garantía de nada, porque todavía hay muchos que patean en contra, no del gobierno, sino del país. El juez correntino de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, sólo fue sancionado con unos meses de inhabilitación, a pesar de que su maniobra le costó millones al Estado, es decir, a todos. Este juez fue el que hace dos años batió un récord al dictar 17060 medidas cautelares en pocos minutos, lo que permitió a los gendarmes disfrutar de elevadísimos ingresos. El fiscal del jury, César Sotelo afirmó que “dos jueces de esa provincia estuvieron al servicio de una corporación mafiosa que le dictaban al Estado Nacional la forma en la que deberían cobrar las fuerzas de seguridad", en referencia, además de Echeverría, a Graciela Beatriz Duarte, destituida en abril.

Pero ocurren cosas buenas en este país, a pesar de los intentos de muchos por desanimarnos. Mientras dicen que el 7D no va a pasar nada, los mismos que lo afirman se están preparando para esa fecha. Los cómplices, que hasta hace unos días negaban la legitimidad de la ley sancionada por el Congreso, ahora se integran a los organismos que dispone la ley para su completa aplicación. Mientras en los medios dicen una cosa, en las instituciones hacen otra. Por eso, los miembros del Concejo de la Magistratura que denuncian en los estudios televisivos las desprolijidades y desmanejos en la selección de los jueces, ante las autoridades de la Corte suprema de Justicia no dicen ni mu.

Claro, con el 7D todo es relativo y contradictorio. O todo lo contrario. En estos días, por fin quedó constituida la Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la Comunicación Audiovisual, con 16 Diputados y Senadores de acuerdo a la representación parlamentaria. El radical Ricardo Gil Lavedra responsabilizó al oficialismo por las demoras en la conformación de esta comisión. “La AFSCA no ha hecho nada y lo poco que hizo, lo ha hecho mal –sentenció- Durante este tiempo se favoreció a la enorme cantidad de medios afines o amigos”. En realidad, este hecho que no ocurrió se podría haber evitado con la comisión. Mara Brawer, diputada kirchnerista, le apuntó a la oposición por “no reconocer las dificultades que ha tenido la aplicación de la ley y por sólo criticar y no haber asumido sus responsabilidades”. En el mismo sentido, Agustín Rossi recordó que durante 2010 y 2011, el llamado ‘grupo A’ fue mayoría en el Congreso, pero conformaron “todas las comisiones que les interesaban pero no integraron la bicameral de medios”. Y para reforzar el sopapo, agregó que “la oposición no designó a sus representantes porque decidió impugnar la ley de medios no conformando sus institutos”.

“Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo”. Esto no lo dijo La Presidenta ni ninguno de los miembros de su equipo, sino Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión. Y, contra todo lo que dicen algunos opositores a mansalva, destacó que “es una ley muy importante. Yo la pongo de modelo, la he mencionado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo es, porque para la libertad de expresión el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es fundamental”. Pero no es el único. Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda francesa, también se refirió a la ley de medios. “Se habla mucho de independencia de la prensa –explicó- pero al final es la libertad de que todos digan lo mismo. La democracia no es el consenso, que es dictatorial, sino el disenso, que es popular”.

Como siempre, las construcciones mediáticas siguen chocando con la realidad, pero el modelo sigue avanzando y se presenta en el Congreso con el formato de presupuesto. Mientras el viceministro de Economía, Axel Kicillof, da lecciones de economía ante los legisladores, alguien abandona lo que nunca ejerció. En efecto, Elisa Carrió, tal vez afectada por el estrepitoso fracaso en las últimas elecciones o tentada por las luminarias de los estudios televisivos, ha decidido abandonar la política. Durante una conferencia en la Universidad de La Plata aseguró estar “casi con un pie afuera de la política”. Y tiene vergüenza, no de su actuación sino por la “degradación tan grande de la clase política”. Y el mate del estribo: “la presidenta Cristina Kirchner va casi con desesperación a la dictadura”. La vamos a extrañar en serio. O todo lo contrario, pero al mismo tiempo.

Meter mano en la carroña

Todavía queda mucho para hacer. De eso a nadie le quedan dudas. Lo importante es hacia dónde emprendemos las correcciones. A partir de los resultados electorales de hace casi un año, nadie debería dudar cuál es el camino a seguir. Sin embargo, muchos ajenos y varios propios siguen apostando a torcer el recorrido que tan bien nos ha hecho en los últimos nueve años. El secuestro de la Fragata Libertad, los tropiezos del Consejo de la Magistratura, las cautelares que engrosan sueldos de prefectos y gendarmes, jerarcas eclesiásticos que aún son reivindicadores de la dictadura, jueces de aquellos tiempos que no ocultan sus simpatías… La lista es extensa y confusa pero alcanza para suponer que la carroña está infiltrada en lugares insospechados. Mientras tanto Jorge Lanata y sus videos sigue deleitando a los domingueros que buscan en sus programas excusas para sumergirse en la incomprensión. También en el desánimo. Y mucho en el odio. Odio que alcanzará su máxima expresión el 8 de noviembre, aunque las informaciones al respecto parecen bastante confusas. Y en el horizonte lejano de tanto enojo desconcertante, está el 7D, que no es llamado así por el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, como muchos sesudos analistas mediáticos tratan de instalar. Si para ellos, cumplir con una ley de la democracia significa una guerra, sus razones tendrán. El resto del país no tiene intenciones belicosas, sino todo lo contrario.

Pero Lanata sigue enojado porque nadie se solidariza con él. Sus intentos por opacar el triunfo electoral de Chávez el domingo 7 en Venezuela lo llevan al extremo del ridículo. Hasta el título de su programa contradice el contenido. O viceversa. De periodismo tiene poco y el rating lo abandona, así que cada vez tiene menos “todos”. En su último show, presentó documentos secretos del Servicio de Inteligencia de Venezuela que poco tenían de oficiales. Parecían más un ejercicio básico de diagramación en un curso de Word para iniciados que documentos obtenidos por espionaje. O una broma que le hicieron. En ellos se revelaba que el chavismo espía a la oposición a través de la pinchadura de sus teléfonos y afirmó que ése es nuestro futuro. No el futuro, sino el pasado. El periodista omitió decir que el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, está procesado por escuchas ilegales y está a la espera de un juicio oral. Un olvido, nada más. Con tantos odios que tiene en esa cabeza…

Pero más allá de esos intentos por distraer la atención, cosas de mayor gravedad y urgente corrección ocurren en el país en serio. En las últimas semanas ha saltado a la arena informativa el accionar de la familia judicial en algunos temas delicados. Y como excusa o motivo se arguye que son jueces nombrados durante la dictadura. A poco de asumir –casi treinta años atrás- Raúl Alfonsín firmó un decreto que confirmaba los nombramientos de jueces ocurridos entre marzo del ’76 y noviembre del ’83. Por debilidad o porque se pensaba la democracia como algo provisorio; por presiones corporativas o por ausencia de consenso político; por lo que sea, tal vez ese momento histórico exigía una agachada de esas características. Pero ha pasado mucho tiempo y ya nadie duda de la continuidad democrática. Si un decreto los confirmó, otro podría jubilarlos. Más aún si actúan como si estuvieran en esos días. Por otra parte, la mayoría de esos jueces debe estar en edad de merecer el retiro. Una excusa menos y un impulso más para seguir avanzando.

 Porque la semana pasada tuvimos un episodio que transcendió a la escena nacional: la suspensión de un aborto no punible por una medida cautelar exprés. Este episodio ya ha sido largamente relatado en Apuntes anteriores y fue subsanado por un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que solicita a los jueces que se abstengan de anteponer medidas para cancelar estas prácticas quirúrgicas. Sin embargo, un juez civil de la ciudad de Santa Fe dispuso cancelar el protocolo que regula y garantiza esa terapia en los hospitales de la provincia en casos de violación o riesgo de vida. A retroceder tres casilleros. Y todo por un planteo del Partido Demócrata Cristiano que entiende que el protocolo “atenta contra la vida humana” y es “inconstitucional”. Esta agrupación fundada en 1954 y que cuenta con 4700 afiliados basa sus argumentos en la desconfianza. Según ellos, la guía técnica “obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima”, que es lo que falló la Corte en marzo. En realidad, les preocupa que pueda haber mujeres que soliciten la interrupción del embarazo sin haber sido violadas. Porque después “el niño será muerto y ni siquiera se sabrá si realmente era fruto de una violación”, continúan con la idea. El juez Claudio Bermúdez notificó al Ministerio de Gobierno su decisión el viernes pasado, horas después de emitido el último fallo de la Corte. El ministro de Salud de la Provincia, Miguel Cappiello anunció que analizará “los argumentos del magistrado y evaluaremos la posibilidad de rechazar la medida. En la provincia de Santa Fe tenemos una política para garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema". Siempre y cuando no aparezca otro juez con intenciones de desobedecer a la Corte.

Porque desobedientes hay en todos lados. Un juez de Santo Tomé, Corrientes, deberá enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura provincial que podría terminar con su destitución. Humberto de Biase Echeverría, titular del Juzgado Civil, Comercial, de Menores y Familia –con un amplio abanico en su accionar- benefició con medidas cautelares cursadas en pocos minutos a 17060 miembros de la Gendarmería Nacional por reclamos de ajustes salariales. Este tipo de demandas corresponden a un juez federal y no uno provincial, más aún cuando los beneficiados tienen domicilio en diferentes provincias. Como sea, esto engrosó el sueldo de estos agentes de seguridad. Después de dar lugar a las cautelares, el magistrado se declaró incompetente y giró los expedientes para su sorteo, completando una maniobra escandalosamente espuria. Otra jueza, Graciela Beatriz Duarte, fue destituida en mayo de este año por causas similares.   

Y hay más que patean en contra. Horacio Verbitsky denunció en una nota de Página/12 que la visita de la Fragata Libertad a Ghana tiene sabor a conspiración. Un cambio de planes pergeñado para que todo termine así. En la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, en Tokio, el Gobierno Nacional acusó a los fondos buitre por tener un “tratamiento privilegiado” en los reclamos judiciales por la deuda externa. “La Argentina está afrontando un extraordinario y a veces ridículo desafío lidiando con los acreedores denominados fondos buitre, que buscan tratamiento privilegiado a través de los litigios que presentan baches legales, aun cuando adquirieron deuda soberana a centavos de dólar”, planteó en un escrito firmado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Y ni hablar de la Iglesia católica, que goza del privilegio de ser la única organización religiosa sostenida por el Estado, aunque cada vez sean menos los que practican con rigor ese culto. Así y todo, los ciudadanos gastamos casi 2700 millones de pesos al año en sueldos, subsidios y exenciones impositivas, entre otros ítems. Encima, conspiran con otros sectores igual de oscuros para retrotraernos a los peores momentos de nuestra historia. No podemos planear nuestro país futuro mientras el pasado nos acosa en cada rincón del camino. En breve, llegará el momento de emprender estas transformaciones hasta las últimas consecuencias.

¡Vacaciones para la Corte, por favor!

A pocos llama la atención que las fuerzas de choque de los grupos ultra-católicos jamás hagan escraches a quienes pueden acceder a la interrupción del embarazo gracias a sus abultadas billeteras. Tampoco que se dediquen a celebrar misas en las clínicas privadas que se ocupan de realizar estas intervenciones de manera clandestina. Lo que pasa que es más fácil y menos “conflictivo” re-victimizar a una muchacha pobre que a alguien de clase media alta y con doble apellido. Y esto no es una solicitud para que redoblen sus esfuerzos en su persecución ideológica. Al contrario, es una invitación para que dejen de hacerlo. No tienen ningún derecho a emprender esta caza de brujas para imponer su moral por encima de la ley, olvidando el respeto por el otro y cualquier forma de comprensión de los dramas ajenos. Aunque la Corte Suprema de Justicia realizó en marzo de este año una interpretación un tanto forzada del artículo 86 del Código Penal, sentó jurisprudencia para evitar la judicialización del acceso a los abortos no punibles. Pero ciertos sectores están habituados a pisotear las leyes cuando no satisfacen sus intereses, antojos y ambiciones. En los últimos días hubo mucho de eso. Y lo seguirá habiendo. Lo importante es que todos los ciudadanos –que no abarca a todos los habitantes del país- comprendamos que la única manera de construir el país soñado es a partir del fortalecimiento de la legalidad y las instituciones en beneficio de las mayorías.

El famoso artículo 86 del Código Penal fue redactado hace casi cien años. De ahí el vocabulario un tanto desactualizado que utiliza. Allí dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Aunque en su primer inciso no hay inconvenientes de interpretación, a principios de año se frenó esa práctica en una joven que, al cursar el tercer mes, es diagnosticada con cáncer. No podía someterse al tratamiento porque, al  estar embarazada, corría peligro la vida del feto. Si continuaba con la gestación, el cáncer se podría expandir y provocar la muerte de la muchacha. El único medio para curar la enfermedad era practicar un aborto. Un recurso de amparo presentado por uno de esos grupos de acérrimos moralistas impidió la intervención, lo que provocó la muerte de la joven… y también del feto. Eso que estas agrupaciones se llaman Pro Vida. ¿O será que hay que desconfiar de algunas cosas que comiencen con PRO?

El segundo inciso de este artículo tampoco presenta dificultades en su exégesis: “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La Corte interpretó el final de esta línea como una enumeración: “…sobre una mujer, idiota o demente”, es decir, tres sustantivos, cuando en realidad, sólo hay un sustantivo con dos adjetivos. Aunque suene muy lingüístico este análisis, el fallo del Supremo Tribunal parece despejar incertidumbre y poner fin a criterios dispares en la lectura de ese inciso, aunque en realidad, está creando una norma nueva, pero provisoria. Y endeble, pero sirve para reforzar un pedido del Presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti, aclaró, en aquellos días de marzo, que la decisión del Máximo Tribunal no legaliza o despenaliza el aborto, porque “ese tema está en el Congreso Nacional”. Para terminar con estos problemas, son los Diputados y Senadores de la Nación los que tienen que tomar cartas en el asunto, asumir que están legislando para todos y no para los seguidores de un culto y debatir todos los proyectos que descansan en los archivos. La Corte Suprema de Justicia no puede estar corrigiendo los “errores” de la Política.

Y algo de eso ocurre con el culebrón en el Consejo de la Magistratura. Como algunos de sus miembros cambiaron de idea y el proceso de selección y evaluación de los candidatos que ellos avalaron y que llevó más de dos años, ahora está “viciado”, los juzgados que no tienen titulares deben cubrirse con suplentes que van rotando semana a semana. Y quien elige a los subrogantes es también miembro del Consejo: Ricardo Recondo. Mientras designa suplentes a dedo, bloquea la designación de nuevos jueces a través del procedimiento constitucional. Un juez que actúa contra el funcionamiento del sistema previsto por la Constitución Nacional. Solo no, porque tiene un cómplice: el senador Oscar Aguad, otro de los miembros del Consejo. Extraño, porque hasta hace unos meses -o menos- había firmado un acta de consentimiento con la lista de los postulantes. Algo hizo que cambie de idea. El 7D, tal vez. Como este nudo no lo puede desatar la Política, ya están pidiendo a la Corte que intervenga. Ya tiene bastante con desanudar los de la Justicia, que todavía cuenta con muchos exponentes nombrados durante la Dictadura y actúan en consecuencia, con eterno agradecimiento. Tanto hacia quienes los nombraron como a quienes hoy continúan reivindicándola. Y extrañándola, ya que estamos.

En estos días, la Corte también tuvo que desenredar el conflicto en la CABA por un caso de aborto no punible. Conflicto ocasionado por actores que parecían perfectamente coordinados, como ya se relató en el Apunte anterior. Con la proximidad del 7D, también tendrá ocasión de frenar todos los recursos a que apele el Grupo Clarín para evitar la desinversión. Que no serán todos legales, por supuesto. También recurrirán a estrategias no punibles, como la permanente distorsión informativa, la mentira y la construcción del escándalo en todos los temas; la intención de sembrar desazón, miedo y desconfianza en sus manipulados lectores; la patológica obsesión por presentarse como víctimas de persecución de un inexistente gobierno autoritario. En fin, lo de todos los días. Pero también tiene capacidad operativa para generar conflictos a partir de rumores y contactos. Por supuesto que este accionar jamás ha sido cuestionado por parte de algunos exponentes de la oposición política. Al contrario, la senadora Norma Morandini, por ejemplo, señala que “hay dos concepciones sobre la comunicación: una considera que es el Estado el que distribuye la palabra y la libertad; mientras que nosotros creemos que hay que constituir una cultura democrática de libertad de expresión, cuyo único límite es la responsabilidad”. Responsabilidad entendida como la posibilidad de hacer todo a su alcance para lograr fines mezquinos.

 Por eso resultó interesante que el miércoles, al cumplirse tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, La Presidenta dirigiera un discurso por Cadena Nacional. No se difundió el acto completo, lo que puede considerarse como un error, porque los dos cortos proyectados y la presentación de Martín Sabbatella hubieran completado la información de la que carece gran parte del público. CFK manifestó que la llamada ley de medios “no fue un proyecto del Poder Ejecutivo, no fue un proyecto de ningún legislador, fue una construcción colectiva” y a eso le debe la “fuerza” y la “inserción” que tiene en la sociedad. Porque esta ley distribuye la palabra en serio. Y lo que se ha hecho a partir de ella, con la incorporación de nuevos productores de contenidos en todo el país, con los nuevos medios otorgados a cooperativas, pueblos originarios, universidades y municipalidades, entre otras medidas, es democratizar la palabra. En sentido contrario a lo que afirma la senadora Morandini, con esta ley el Estado es quién garantiza la distribución de la palabra y la libertad que tanto le preocupa, como debe ser y no, como ella pretende, que la palabra esté en manos de los que la acaparan en su propio beneficio. La libertad y todo lo que ella abraza es responsabilidad del Estado y no un privilegio del mercado. Porque de esto último ya hemos padecido bastante.

El atropello de los ilegales

Aunque la realidad mediática argentina intente opacarla, la victoria de Hugo Chávez para un nuevo período presidencial significa un impulso trascendente para la región. El domingo se produjo el enfrentamiento de dos modelos que, con más o menos fuerza, atraviesa cada uno de sus países. Por un lado, una gestión comprometida con la transformación de una realidad en beneficio de los más vulnerables. Del otro, el discurso de una derecha que no se atreve a asumirse como tal. El primero, el que triunfó en Venezuela, cargado de ideología, de desafíos y de inclusión. El segundo, que ostenta una serie de enunciados poblados de generalidades que encubre las verdaderas intenciones de la restauración neoliberal. Algo así se vive en estos pagos desde hace mucho tiempo, a pesar de que algunos intentan ocultar esa polarización. Porque acá también pueden escucharse esos lánguidos discursos que provienen de un no-posicionamiento ideológico. Cuando alguien dice que hay que respetar las instituciones, defender la república, bajar la pobreza, profundizar el diálogo y buscar el consenso, entre otras delicias, no está describiendo ningún modelo. Al contrario, lo está ocultando.

Pero hay cosas que no pueden ocultar. Durante unos días, la derecha abandonó nuestro país. Algunos fueron a Venezuela para padecer otra derrota. Y Macri decidió vacacionar en un país donde los ajustes hacen estragos y la deuda externa crece de forma descomunal. El paraíso soñado por el alcalde de la CABA. Algo de eso intenta hacer en su coto de caza, pues desde que asumió su primer gobierno cuadruplicó la deuda pública de la Capital. Y para nada, porque lo hecho hasta ahora no evidencia un justificativo para tamaño incremento. “El endeudamiento es una constante de la gestión actual del Gobierno de la Ciudad –denunció el senador Daniel Fimus- y lo llamativo es que este mecanismo se da en un contexto en el que los recursos de la Ciudad crecen, tanto los de recaudación propia como los fondos que le gira la Nación”. Alejandro Otero, experto en temas fiscales y dirigente del Frente Grande, destacó el carácter “político” que tiene el crecimiento de la deuda pública del Estado porteño. El Pro “sólo quiere hundirlo en la deuda” pues “de otra manera, no se explica la necesidad de recurrir al endeudamiento en época de crecimiento de recursos”.

Pero ése no es el único enredo –para usar un término suave- que el empresario devenido en alcalde ha realizado en la CABA. Antes de partir para visitar a su admirado Mariano Rajoy, vetó una ley de la legislatura que era superadora del protocolo del ministerio de Salud local y anunció con bombos y platillos algo que debería quedar en el ámbito de lo privado. El aborto no punible terminó en un escándalo. Un alcalde cínico, un grupo de fundamentalistas católicos y una jueza cómplice se confabularon para hacer más tortuosa la vida de una mujer. La historia de la joven es conocida: víctima de trata, quedó embarazada durante su cautiverio, de donde pudo escaparse. Todo estaba preparado para una intervención quirúrgica que la librara de la carga de su pasado. Pero el accionar siniestro de Macri permitió que la humillación se profundice. Pedro Andereggen, abogado de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, presentó un recurso ante Myriam Rustán de Estrada, jueza en lo Civil N° 106 para obstruir un aborto no punible.

Además de entrar en contradicción con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de este año, el trámite fue irregular porque el promotor de la maniobra no hizo su presentación por la mesa de entradas de la Cámara Civil, donde se realiza el sorteo del juzgado que debe intervenir. Hasta en el mismo fallo la jueza reconoció la irregularidad del procedimiento, pero igual le dio curso. Eso no es todo, por supuesto. Estos fanáticos que insisten en imponer su moral, se plantaron frente al hospital donde está internada la mujer para exhibir pancartas que la tildaban de asesina. “No es tu cuerpo; es tu hijo” acusaba uno de los carteles, violando una vez más a la destinataria. Hermoso final para una víctima de la trata de personas. Una muestra más de la solidaridad de estos grupos que sólo entienden de apolillados dogmas y se atribuyen la potestad de meterse en la vida de los demás. Si tanto les preocupa la vida, que se encarguen ellos de la gestación, en lugar de obligar a quien no quiere hacerlo.

El primer responsable, el Jefe de Gobierno, será denunciado penalmente por legisladores de la oposición por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al revelar detalles del procedimiento. La jueza Rustán de Estrada fue merecedora de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por su intervención arbitraria y un pedido de jury que podría terminar en su destitución. Otro profundizador del drama es el director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por filtrar los datos que permitieron la realización de la misa-escrache por parte de los autoritarios fundamentalistas ultra-católicos. Los únicos que podrían quedar impunes son los iniciadores de todos estos atropellos, a los que debería ponerse algún tipo de límites en su accionar discriminador. Aunque sea, denunciarlos por persecución ideológica o por considerar el aborto no punible como delito más grave que la violación o la trata.

El choque de dos modelos. Uno que se cree por encima de la ley y el otro que intenta que se cumpla. Uno que se resiste a acatar las órdenes emanadas por los poderes democráticos y el otro, personificado en esos tres poderes. El primer modelo se manifiesta en las maniobras del Grupo Clarín para eludir el cumplimiento de la ley 2622. Pero, quien mal anda, mal acaba. El comodín Tettamanti se fue al mazo y renunció a fallar sobre la inconstitucionalidad de la Ley de medios y la famosa cláusula de desinversión. La única estrategia que le queda al grupo es seguir mintiendo desde sus propaladoras de estiércol y sumar esbirros que lo defiendan. “A tres años de su sanción –engaña el matutino- hay cada vez más medios en manos de empresarios afines al Gobierno, que junto a los medios públicos ya controlan más del 80 por ciento de los medios audiovisuales”. Una afirmación destinada a los que aceptan con placer ser manipulados. En sintonía con semejante falacia, el diputado Enrique Thomas, del Frente Peronista, afirmó que “es una ley mal concebida, que tenía una sola finalidad: la destrucción del Grupo Clarín”. “La famosa democratización de la palabra nunca ocurrió y se construyó el multimedio más grande que recuerde la historia argentina, que es el oficial y paraoficial –fantaseó el diputado- Para construir un relato falso, hace falta el monopolio de la información. Este objetivo lo tenía esta ley y se está cumpliendo”.

A muchos kilómetros de distancia de este delirio paranoide, está el otro modelo. El AFSCA tomó un nuevo impulso a partir de la asunción de su nuevo titular, Martín Sabbatella. “No hay nada que le impida a las provincias integrar el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual –explicó-  Las que no lo hacen es porque no quieren. Así como hay un grupo mediático que no quiere que se cumpla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también hay sectores de la oposición que le hacen el juego a esos mismos grupos económicos”. El consejo está integrado por representantes de las provincias, las universidades, los pueblos originarios, los medios con o sin fines de lucro y los trabajadores. En contradicción de lo que dicen los sicarios del monopolio, Sabbatella ya comenzó a reunirse con los distintos grupos mediáticos para iniciar el proceso de adecuación que establece el artículo 161. Con Clarín no, por supuesto. Pero la ley está en funcionamiento y el Consejo ya definió a sus autoridades. Casualidad o no, las únicas jurisdicciones que no designaron representantes son la CABA, San Luis y Córdoba.

En Cadena Nacional, La Presidenta, líder indiscutible del otro modelo, celebró el tercer aniversario de la sanción de la ley. Además de los nuevos medios habilitados, CFK destacó “la generación de nuevas productoras, de nuevos contenidos, de nuevos emprendimientos, de nuevos puestos de trabajo”. “Esto que comenzó siendo un desafío si la sociedad podía darse una nueva ley de medios –sintetizó Cristina- lo han transformado los que se niegan a aceptar la vigencia de las instituciones en un desafío a la democracia misma”. En definitiva, dos modelos. Uno, que pretende preservar el privilegio de dominar el sentido común y la moral de todos, a costa de atropellar las instituciones. Y el otro, que extiende las fronteras de este país enorme y diverso para que puedan entrar en él todos los ciudadanos.