¡Vacaciones para la Corte, por favor!

A pocos llama la atención que las fuerzas de choque de los grupos ultra-católicos jamás hagan escraches a quienes pueden acceder a la interrupción del embarazo gracias a sus abultadas billeteras. Tampoco que se dediquen a celebrar misas en las clínicas privadas que se ocupan de realizar estas intervenciones de manera clandestina. Lo que pasa que es más fácil y menos “conflictivo” re-victimizar a una muchacha pobre que a alguien de clase media alta y con doble apellido. Y esto no es una solicitud para que redoblen sus esfuerzos en su persecución ideológica. Al contrario, es una invitación para que dejen de hacerlo. No tienen ningún derecho a emprender esta caza de brujas para imponer su moral por encima de la ley, olvidando el respeto por el otro y cualquier forma de comprensión de los dramas ajenos. Aunque la Corte Suprema de Justicia realizó en marzo de este año una interpretación un tanto forzada del artículo 86 del Código Penal, sentó jurisprudencia para evitar la judicialización del acceso a los abortos no punibles. Pero ciertos sectores están habituados a pisotear las leyes cuando no satisfacen sus intereses, antojos y ambiciones. En los últimos días hubo mucho de eso. Y lo seguirá habiendo. Lo importante es que todos los ciudadanos –que no abarca a todos los habitantes del país- comprendamos que la única manera de construir el país soñado es a partir del fortalecimiento de la legalidad y las instituciones en beneficio de las mayorías.

El famoso artículo 86 del Código Penal fue redactado hace casi cien años. De ahí el vocabulario un tanto desactualizado que utiliza. Allí dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Aunque en su primer inciso no hay inconvenientes de interpretación, a principios de año se frenó esa práctica en una joven que, al cursar el tercer mes, es diagnosticada con cáncer. No podía someterse al tratamiento porque, al  estar embarazada, corría peligro la vida del feto. Si continuaba con la gestación, el cáncer se podría expandir y provocar la muerte de la muchacha. El único medio para curar la enfermedad era practicar un aborto. Un recurso de amparo presentado por uno de esos grupos de acérrimos moralistas impidió la intervención, lo que provocó la muerte de la joven… y también del feto. Eso que estas agrupaciones se llaman Pro Vida. ¿O será que hay que desconfiar de algunas cosas que comiencen con PRO?

El segundo inciso de este artículo tampoco presenta dificultades en su exégesis: “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La Corte interpretó el final de esta línea como una enumeración: “…sobre una mujer, idiota o demente”, es decir, tres sustantivos, cuando en realidad, sólo hay un sustantivo con dos adjetivos. Aunque suene muy lingüístico este análisis, el fallo del Supremo Tribunal parece despejar incertidumbre y poner fin a criterios dispares en la lectura de ese inciso, aunque en realidad, está creando una norma nueva, pero provisoria. Y endeble, pero sirve para reforzar un pedido del Presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti, aclaró, en aquellos días de marzo, que la decisión del Máximo Tribunal no legaliza o despenaliza el aborto, porque “ese tema está en el Congreso Nacional”. Para terminar con estos problemas, son los Diputados y Senadores de la Nación los que tienen que tomar cartas en el asunto, asumir que están legislando para todos y no para los seguidores de un culto y debatir todos los proyectos que descansan en los archivos. La Corte Suprema de Justicia no puede estar corrigiendo los “errores” de la Política.

Y algo de eso ocurre con el culebrón en el Consejo de la Magistratura. Como algunos de sus miembros cambiaron de idea y el proceso de selección y evaluación de los candidatos que ellos avalaron y que llevó más de dos años, ahora está “viciado”, los juzgados que no tienen titulares deben cubrirse con suplentes que van rotando semana a semana. Y quien elige a los subrogantes es también miembro del Consejo: Ricardo Recondo. Mientras designa suplentes a dedo, bloquea la designación de nuevos jueces a través del procedimiento constitucional. Un juez que actúa contra el funcionamiento del sistema previsto por la Constitución Nacional. Solo no, porque tiene un cómplice: el senador Oscar Aguad, otro de los miembros del Consejo. Extraño, porque hasta hace unos meses -o menos- había firmado un acta de consentimiento con la lista de los postulantes. Algo hizo que cambie de idea. El 7D, tal vez. Como este nudo no lo puede desatar la Política, ya están pidiendo a la Corte que intervenga. Ya tiene bastante con desanudar los de la Justicia, que todavía cuenta con muchos exponentes nombrados durante la Dictadura y actúan en consecuencia, con eterno agradecimiento. Tanto hacia quienes los nombraron como a quienes hoy continúan reivindicándola. Y extrañándola, ya que estamos.

En estos días, la Corte también tuvo que desenredar el conflicto en la CABA por un caso de aborto no punible. Conflicto ocasionado por actores que parecían perfectamente coordinados, como ya se relató en el Apunte anterior. Con la proximidad del 7D, también tendrá ocasión de frenar todos los recursos a que apele el Grupo Clarín para evitar la desinversión. Que no serán todos legales, por supuesto. También recurrirán a estrategias no punibles, como la permanente distorsión informativa, la mentira y la construcción del escándalo en todos los temas; la intención de sembrar desazón, miedo y desconfianza en sus manipulados lectores; la patológica obsesión por presentarse como víctimas de persecución de un inexistente gobierno autoritario. En fin, lo de todos los días. Pero también tiene capacidad operativa para generar conflictos a partir de rumores y contactos. Por supuesto que este accionar jamás ha sido cuestionado por parte de algunos exponentes de la oposición política. Al contrario, la senadora Norma Morandini, por ejemplo, señala que “hay dos concepciones sobre la comunicación: una considera que es el Estado el que distribuye la palabra y la libertad; mientras que nosotros creemos que hay que constituir una cultura democrática de libertad de expresión, cuyo único límite es la responsabilidad”. Responsabilidad entendida como la posibilidad de hacer todo a su alcance para lograr fines mezquinos.

 Por eso resultó interesante que el miércoles, al cumplirse tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, La Presidenta dirigiera un discurso por Cadena Nacional. No se difundió el acto completo, lo que puede considerarse como un error, porque los dos cortos proyectados y la presentación de Martín Sabbatella hubieran completado la información de la que carece gran parte del público. CFK manifestó que la llamada ley de medios “no fue un proyecto del Poder Ejecutivo, no fue un proyecto de ningún legislador, fue una construcción colectiva” y a eso le debe la “fuerza” y la “inserción” que tiene en la sociedad. Porque esta ley distribuye la palabra en serio. Y lo que se ha hecho a partir de ella, con la incorporación de nuevos productores de contenidos en todo el país, con los nuevos medios otorgados a cooperativas, pueblos originarios, universidades y municipalidades, entre otras medidas, es democratizar la palabra. En sentido contrario a lo que afirma la senadora Morandini, con esta ley el Estado es quién garantiza la distribución de la palabra y la libertad que tanto le preocupa, como debe ser y no, como ella pretende, que la palabra esté en manos de los que la acaparan en su propio beneficio. La libertad y todo lo que ella abraza es responsabilidad del Estado y no un privilegio del mercado. Porque de esto último ya hemos padecido bastante.