Meter mano en la carroña

Todavía queda mucho para hacer. De eso a nadie le quedan dudas. Lo importante es hacia dónde emprendemos las correcciones. A partir de los resultados electorales de hace casi un año, nadie debería dudar cuál es el camino a seguir. Sin embargo, muchos ajenos y varios propios siguen apostando a torcer el recorrido que tan bien nos ha hecho en los últimos nueve años. El secuestro de la Fragata Libertad, los tropiezos del Consejo de la Magistratura, las cautelares que engrosan sueldos de prefectos y gendarmes, jerarcas eclesiásticos que aún son reivindicadores de la dictadura, jueces de aquellos tiempos que no ocultan sus simpatías… La lista es extensa y confusa pero alcanza para suponer que la carroña está infiltrada en lugares insospechados. Mientras tanto Jorge Lanata y sus videos sigue deleitando a los domingueros que buscan en sus programas excusas para sumergirse en la incomprensión. También en el desánimo. Y mucho en el odio. Odio que alcanzará su máxima expresión el 8 de noviembre, aunque las informaciones al respecto parecen bastante confusas. Y en el horizonte lejano de tanto enojo desconcertante, está el 7D, que no es llamado así por el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, como muchos sesudos analistas mediáticos tratan de instalar. Si para ellos, cumplir con una ley de la democracia significa una guerra, sus razones tendrán. El resto del país no tiene intenciones belicosas, sino todo lo contrario.

Pero Lanata sigue enojado porque nadie se solidariza con él. Sus intentos por opacar el triunfo electoral de Chávez el domingo 7 en Venezuela lo llevan al extremo del ridículo. Hasta el título de su programa contradice el contenido. O viceversa. De periodismo tiene poco y el rating lo abandona, así que cada vez tiene menos “todos”. En su último show, presentó documentos secretos del Servicio de Inteligencia de Venezuela que poco tenían de oficiales. Parecían más un ejercicio básico de diagramación en un curso de Word para iniciados que documentos obtenidos por espionaje. O una broma que le hicieron. En ellos se revelaba que el chavismo espía a la oposición a través de la pinchadura de sus teléfonos y afirmó que ése es nuestro futuro. No el futuro, sino el pasado. El periodista omitió decir que el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, está procesado por escuchas ilegales y está a la espera de un juicio oral. Un olvido, nada más. Con tantos odios que tiene en esa cabeza…

Pero más allá de esos intentos por distraer la atención, cosas de mayor gravedad y urgente corrección ocurren en el país en serio. En las últimas semanas ha saltado a la arena informativa el accionar de la familia judicial en algunos temas delicados. Y como excusa o motivo se arguye que son jueces nombrados durante la dictadura. A poco de asumir –casi treinta años atrás- Raúl Alfonsín firmó un decreto que confirmaba los nombramientos de jueces ocurridos entre marzo del ’76 y noviembre del ’83. Por debilidad o porque se pensaba la democracia como algo provisorio; por presiones corporativas o por ausencia de consenso político; por lo que sea, tal vez ese momento histórico exigía una agachada de esas características. Pero ha pasado mucho tiempo y ya nadie duda de la continuidad democrática. Si un decreto los confirmó, otro podría jubilarlos. Más aún si actúan como si estuvieran en esos días. Por otra parte, la mayoría de esos jueces debe estar en edad de merecer el retiro. Una excusa menos y un impulso más para seguir avanzando.

 Porque la semana pasada tuvimos un episodio que transcendió a la escena nacional: la suspensión de un aborto no punible por una medida cautelar exprés. Este episodio ya ha sido largamente relatado en Apuntes anteriores y fue subsanado por un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que solicita a los jueces que se abstengan de anteponer medidas para cancelar estas prácticas quirúrgicas. Sin embargo, un juez civil de la ciudad de Santa Fe dispuso cancelar el protocolo que regula y garantiza esa terapia en los hospitales de la provincia en casos de violación o riesgo de vida. A retroceder tres casilleros. Y todo por un planteo del Partido Demócrata Cristiano que entiende que el protocolo “atenta contra la vida humana” y es “inconstitucional”. Esta agrupación fundada en 1954 y que cuenta con 4700 afiliados basa sus argumentos en la desconfianza. Según ellos, la guía técnica “obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima”, que es lo que falló la Corte en marzo. En realidad, les preocupa que pueda haber mujeres que soliciten la interrupción del embarazo sin haber sido violadas. Porque después “el niño será muerto y ni siquiera se sabrá si realmente era fruto de una violación”, continúan con la idea. El juez Claudio Bermúdez notificó al Ministerio de Gobierno su decisión el viernes pasado, horas después de emitido el último fallo de la Corte. El ministro de Salud de la Provincia, Miguel Cappiello anunció que analizará “los argumentos del magistrado y evaluaremos la posibilidad de rechazar la medida. En la provincia de Santa Fe tenemos una política para garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema". Siempre y cuando no aparezca otro juez con intenciones de desobedecer a la Corte.

Porque desobedientes hay en todos lados. Un juez de Santo Tomé, Corrientes, deberá enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura provincial que podría terminar con su destitución. Humberto de Biase Echeverría, titular del Juzgado Civil, Comercial, de Menores y Familia –con un amplio abanico en su accionar- benefició con medidas cautelares cursadas en pocos minutos a 17060 miembros de la Gendarmería Nacional por reclamos de ajustes salariales. Este tipo de demandas corresponden a un juez federal y no uno provincial, más aún cuando los beneficiados tienen domicilio en diferentes provincias. Como sea, esto engrosó el sueldo de estos agentes de seguridad. Después de dar lugar a las cautelares, el magistrado se declaró incompetente y giró los expedientes para su sorteo, completando una maniobra escandalosamente espuria. Otra jueza, Graciela Beatriz Duarte, fue destituida en mayo de este año por causas similares.   

Y hay más que patean en contra. Horacio Verbitsky denunció en una nota de Página/12 que la visita de la Fragata Libertad a Ghana tiene sabor a conspiración. Un cambio de planes pergeñado para que todo termine así. En la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, en Tokio, el Gobierno Nacional acusó a los fondos buitre por tener un “tratamiento privilegiado” en los reclamos judiciales por la deuda externa. “La Argentina está afrontando un extraordinario y a veces ridículo desafío lidiando con los acreedores denominados fondos buitre, que buscan tratamiento privilegiado a través de los litigios que presentan baches legales, aun cuando adquirieron deuda soberana a centavos de dólar”, planteó en un escrito firmado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Y ni hablar de la Iglesia católica, que goza del privilegio de ser la única organización religiosa sostenida por el Estado, aunque cada vez sean menos los que practican con rigor ese culto. Así y todo, los ciudadanos gastamos casi 2700 millones de pesos al año en sueldos, subsidios y exenciones impositivas, entre otros ítems. Encima, conspiran con otros sectores igual de oscuros para retrotraernos a los peores momentos de nuestra historia. No podemos planear nuestro país futuro mientras el pasado nos acosa en cada rincón del camino. En breve, llegará el momento de emprender estas transformaciones hasta las últimas consecuencias.