Las bestias al desnudo

En una reciente encuesta de Ibarómetro, el 60 por ciento de los consultados se mostró favorable a la intervención estatal en la economía, lo que rompe con el sentido común de décadas pasadas. Un poco más del 20 por ciento, en cambio, considera que la libertad de mercado debe reinar en nuestro país. Nada, una minoría con la que no se puede –ni se debe- negociar. Un porcentual menor que refleja el pensamiento de los que se creen dueños del país, de los que han pugnado siempre por gobernar el destino de la economía doméstica en perjuicio de la mayoría. Sin embargo, a pesar de los números, se resisten a acatar normas y leyes que puedan disminuir su poder de daño. El Grupo Clarín y su estrategia de acomodar jueces para esquivar el 7D es sólo uno de ellos. En el reciente Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, muchos empresarios reconocieron que el incremento de los precios forma parte de la puja redistributiva y que casi siempre se produce por simple especulación. Pero hay más: la exportadora de cereales Bunge será sancionada por evasión impositiva y seguramente no será la única. Estos poderes fácticos están acostumbrados a obrar a su antojo en detrimento de todos. Incontenibles y voraces, están a la espera de un descuido para dar sus dentelladas. Pero ahora empieza a haber un Estado que se anticipa a sus jugadas y elabora medidas y leyes para contenerlos.

Aunque las cifras del INDEC sean periódicamente cuestionadas, no son las responsables de la inflación. Que los productos de la canasta básica tengan una inercia ascendente, cuando nada justifica ese movimiento, significa que hay mucho de especulación y angurria. Sin embargo, lo que desconcierta es que las grandes cadenas de supermercados ofrezcan productos con precios rebajados y muchas veces a la mitad con el famoso 2x1. Si un día a la semana pueden renunciar a parte de sus ganancias, ¿por qué no lo hacen siempre en porcentaje menor para eliminar un elemento de angustia en la economía cotidiana? ¿O es que lo hacen por costumbre? "Las expectativas de incremento de precios –analizan los pensadores del Plan Fénix- generan un comportamiento 'cultural' inflacionario que opera como crucial mecanismo de propagación". Si bien los medios opositores toman el tema de la inflación como herramienta principal de hostigamiento, no son los inventores del incremento de precios. Quizá sólo sus difusores y amplificadores. Aunque las cifras de inflación no son todavía significativas, hay que cortar con esta espiral especulativa antes de que se haga incontrolable.

Más aún cuando la comercialización de los productos básicos está en pocas manos. No se trata de la distribución del ingreso entre burguesía y proletariado, sino, en todo caso, entre las corporaciones y los trabajadores. Y sobre todo cuando no se sabe cuál es el valor real de las cosas. Las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado al respecto son tímidas e insuficientes. El Mercado Central de Buenos Aires ha aportado enormes beneficios a los consumidores y por eso debería expandirse a todo el país. La página web inaugurada hace unos días, en la que se exhiben unos 350 productos con los precios y las ofertas de cada supermercado, es una prometedora iniciativa de la Secretaría de Comercio. Pero apelar a la buena voluntad no alcanza para frenar tanto abuso por parte de los especuladores de siempre. Ya no se los debe invitar, sino intimar a que sintonicen sus pretensiones de acuerdo con la realidad del país.

El Estado tiene las herramientas necesarias para amoldar el mercado a los requerimientos de la mayoría. El caso de la exportadora de cereales Bunge puede ser un buen ejemplo. Entre 2004 y 2009, esta multinacional evadió el pago de impuestos con la triangulación de exportaciones, la liquidación inadecuada de retenciones y el uso de facturación falsa. Como tiene una deuda fiscal de 1818 millones de pesos, la AFIP la excluyó del Registro de Operadores de Granos, lo que significa la pérdida de un conjunto de beneficios tributarios. Y otras empresas del sector están en la misma situación. El castigo que reciben no es una multa, sino una reducción de beneficios. Quizá el próximo paso sería la recuperación de la Junta Nacional de Granos, para que sea el Estado el que se encargue de la exportación de los productos de nuestra tierra y no multinacionales carroñeras con madrigueras en paraísos fiscales.

Y si el Estado no cuenta con esas herramientas, tiene el poder para crearlas. En estos días, comenzará el tratamiento del proyecto de ley para regular el mercado de capitales en las comisiones de Finanza y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El objetivo de esta iniciativa es poner fin a la autorregulación y fortalecer la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la Comisión Nacional de Valores, funciones que están, por ahora, en manos de entidades privadas. Además de abrir la participación en el mercado de capitales a otros actores, se podrán impedir aquellas acciones especulativas relacionadas con el lavado de dinero. Pero también se reemplazará una norma que fue impuesta en 1968 por la dictadura de Onganía. Una buena forma de dejar atrás esos pasados nefastos, que urdieron una trama siniestra para beneficiar a los poderes fácticos.

Claro, en la última dictadura la cosa fue peor. Todavía estamos destejiendo esa red, a casi treinta años de su finalización. El ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, brindó una charla en la tercera jornada del ciclo “Poder Económico y Terrorismo de Estado” que se desarrolló en la UBA. “La historia argentina se resume en la puja entre dos modelos de país: mercantil-portuario contra un productivismo mediterráneo; federales contra unitarios o liberales contra un movimiento nacional y popular –comenzó el Juez- Cuando los grupos económicos no pudieron imponer su modelo de país, entraron de lleno en los crímenes de Estado masivos”. La Justicia está investigando más de seiscientas empresas cuyos dueños fueron obligados bajo tortura a vender o transferir acciones, por lo que el concepto de terror se relaciona con el rol de los civiles.

El más conocido de estos casos es el de Papel Prensa, que permitió que la distribución del insumo gráfico quedara en manos de tres diarios. Con lentitud –demasiada, tal vez- se está juzgando a los beneficiarios sobrevivientes, a los que no les queda mucha cuerda, pero sí poder de daño. Tanto como para producir la danza de los jueces en el juzgado donde se puede trabar el artículo 161 de la ley de SCA. El Monopolio no sólo acomoda jueces a dedo, sino que los adorna con viajes a Miami. Algunos jueces renuncian a tanta presión y otros son recusados por el Ejecutivo. La bestia se resiste y denuncia ser atacada.

No se puede acordar nada con esos sectores. Sobre todo con los que no respetan ni la vida. En Santiago del Estero –como en otras provincias- es común la existencia de bandas armadas que asesinan campesinos para que los terratenientes puedan quedarse con las tierras. Aunque se haya firmado una carta de intención entre las organizaciones de base y el Estado provincial, es la Justicia la que debe condenar a esos criminales. Los que más tienen matan para tener más, como lo hacen desde siempre. Sólo un Estado comprometido con los más vulnerables puede detener a estas bestias en todas las manifestaciones que su avidez inventa. Y éste es el momento adecuado para hacerlo.