Un viernes negro

 

La fortuna nos dio una chance. El disparo no salió, pero podría haber salido. El feriado del viernes es un casi duelo. La ingrata sorpresa da paso a la angustia. El llanto aparece un tiempo después, cuando comprendemos que el odio jaló del gatillo y el amor generó la barrera que lo convirtió en fallido. Las calles nos verán otra vez poniendo un nuevo límite a los odiadores. Pero esta vez debe ser el definitivo, el necesario para que el país sea para todos.

El agresor -Fernando Sabag Montiel- está detenido, pero acá no termina todo. Un error sería considerarlo como un loco suelto. Tanto él como el repartidor que quiso golpear con una llave inglesa a los militantes, como los que colgaron bolsas mortuorias o atacaron con palos incendiarios la Casa Rosada, como los que difunden agresivos y calumniadores mensajes en las redes. Tanto él como muchos más son un resultado. No es posible separar estos episodios aislados de los constantes vómitos de odio que destinan a diario desde los medios hegemónicos mercenarios disfrazados de periodistas y sus entrevistados aliados. Si hasta ayer nomás animaban a las fuerzas de seguridad porteñas a que “metan palos” a los que se atrevieran a acercarse a la casa de Cristina. Si hasta ayer nomás los principales exponentes del PRO competían por quiénes “tienen el coraje” de poner freno al kirchnerismo. ¿Cómo no va a aparecer un loco suelto con un arma si el diputado del PRO, Francisco Sánchez, propuso la pena de muerte para Cristina? ¿Cómo no esperar una reacción así si el legislador porteño Roberto García Moritán –más conocido como El marido de Pampita- propuso con orgullo la demolición del emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social porque sus empleados colgaron una bandera de apoyo a Cristina?

Así las cosas, las muestras de repudio no faltaron. Por supuesto, de los propios y de muchos mandatarios extranjeros. También de los que contribuyeron a la construcción de este monstruoso episodio, aunque a regañadientes, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y la banda de TN y La Nación + expresaron consternación y solidaridad. Más que solidarizarse, tendría que pedir disculpas porque esto es un resultado y son ellos los que alimentaron el horrendo camino que desembocó en él. Con una hipocresía inconmensurable, simulan gestos de preocupación sin asumir su responsabilidad.

La Corte Suprema de Justicia tardó horas en emitir un comunicado porque la culpa los carcome. Sus integrantes permitieron la transformación del Poder Judicial en una maquinaria de persecución para alimentar el estigma. Todos ellos, políticos, comunicadores, los integrantes de la Corte y algunos jueces y fiscales alentaron al loco suelto, a todos los locos sueltos que ven el odio como única forma de ciudadanía.

Por supuesto, están los “sinceros” que renunciaron a la simulación. Patricia Bullrich, Amalia Granata, Florencia Arietto y Martín Tetaz que de tan burros resultan insalvables. La calle nos espera para clamar por un país en paz pero no sólo para repudiar el atentado sino a todos los que cargaron el arma con sus discursos odiadores, las especulaciones cotidianas, la expoliación de nuestros bolsillos y el egoísmo desenfrenado. Todos ellos atentan contra la democracia y esta vez el disparo falló. Hay que desarmarlos para siempre.

El comienzo del futuro

 

Después de dos meses de ausencia, el Autor de estos apuntes vuelve despabilado por los millones que se alzaron contra los atropellos judiciales, mediáticos y corporativos que estamos padeciendo.

Imposible resistir la tentación de retomar estos apuntes; difícil escudarse en una crisis personal para no esbozar un análisis sobre lo que ha despertado el inefable alegato de los fiscales Luciani y Mola en el juicio contra CFK. Las calles se han poblado del hartazgo ante el acoso que desde 2008 padecen la dirigente y todos los que se atreven a esbozar simpatía hacia ella. Todos estamos sorprendidos por la reacción, desde los que nos consideramos seguidores hasta los que la quieren destruir. Si el gobierno del FDT estaba transitando una meseta de complacencia hacia el Poder Real en detrimento de las mayorías, a partir de ahora el rumbo debe ser distinto. El Presidente y todos sus funcionarios no deben tomar la movilización popular sólo como un tierno agradecimiento a los doce años de kirchnerismo, sino sobre todo como un compromiso para recuperar lo que hemos perdido desde 2015.

Y para eso hay que abandonar de una vez el intento de dialogar con los angurrientos, conspiradores, evasores, especuladores, contrabandistas y fugadores. ¿Qué consenso puede haber con los que se creen dueños de todo? ¿Qué acuerdo se puede alcanzar con los que nos estafan día a día con los precios de cualquier cosa que queramos adquirir? ¿Cómo respetar a funcionarios judiciales al servicio de los poderosos, pisoteando leyes y procedimientos? ¿Para qué buscar la simpatía de los que despreciarán siempre a cualquiera que intente distribuir de forma más equitativa lo que generamos entre todos?

Este episodio es un parteaguas. Bastante se han soportado los insultos de kamikazes disfrazados de periodistas que a toda hora fomentan el odio y el desprecio desde sus inmerecidos espacios mediáticos. Monigotes rentados que inventan, tergiversan, estigmatizan para apuntalar propuestas políticas destructivas. Manipuladores seriales que tildan de violenta una movilización pacífica y ponderan como ejemplar las minoritarias hordas que arrojan palos incendiarios, esgrimen guillotinas y cuelgan bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada. Y siguen insistiendo con la enorme mentira de mostrar como asesinato el suicidio del fiscal Nisman, que permitió a Mauricio Macri llegar a la presidencia. De una vez por todas, hay que sancionar a los medios y seudo periodistas que malversan de esa forma el derecho humano a la información.

La multitud que se concentró en la esquina de la casa de la Vicepresidenta y en muchos puntos de país no busca su impunidad, sino que clama su inocencia. Si durante los tres años del juicio de Vialidad las pruebas y testimonios presentados por la fiscalía no lograron fundamentar la acusación, ¿cómo no considerar una burla las jornadas de alegato acusatorio de Luciani y Mola y una provocación el pedido de condena? ¿Cómo pueden integrar tribunales los que son amigos de los acusadores y exhiben sin pudor el logo del equipo que integran? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que fiscales y jueces malversen los recursos del Estado en causas armadas a partir de un no-delito?

La reacción de los cambiemitas –el desconcierto, la violencia, los refunfuños- indica que esto no se lo esperaban. La represión desplegada por Rodríguez Larreta y las exigencias de “mucho más” de la infame Patricia Bullrich alientan para profundizar este plan de lucha. Si quieren la paz social, que todos los que se acurrucan del peor lado de la Grieta dejen de hacer lo que han hecho siempre, tanto los integrantes del Círculo Rojo como sus peones desparramados en los medios, tribunales y las bancas del Congreso.

Discontinuidad larga.

 Un problema en mi ánimo suspende por un tiempo la continuidad de estos apuntes. Paciencia. En breve, volverán. Lo prometo. Gracias. Gustavo Rosa 

Obscenidad de los angurrientos

 

La incontinencia verbal de los miembros del establishment y sus apologistas inspira declaraciones insostenibles y hasta groseras. Algunos pensaron que el egoísmo había llegado a su climax con la confesión de Carlos Rosenkrantz en Chile, pero no. Los representantes de la minoría privilegiada no temen al ridículo. Como el Supremo que entró por decreto negó la transformación de las necesidades en derechos, los exponentes de la derecha más dura se sienten habilitados para ir por mucho más, lo que significa mucho menos para la mayoría.

Mentira que no hay recursos para cubrir todas las necesidades de los argentinos. La avaricia de un puñado hace injusta la distribución. En la fiestita por los 20 años de AEA –que nuclea a los empresarios más importantes- se materializó esa pulsión angurrienta de sus participantes. El gerente de la entidad, Jaime Campos pidió que “las cuentas públicas estén medianamente ordenadas”, pero nada dijo de las privadas, que nunca se exhiben en público. Para congraciarse con el auditorio, se sumó al coro de los que responsabilizan al déficit como “causa central de la inflación”. Pero no mucho tiempo después, Federico Braum, titular de los supermercados La Anónima, se encargó de la desmentida de ese lugar común al reconocer, entre risas contagiosas, que ante la inflación “remarca precios todos los días”. Los balances de la compañía muestran el resultado de tan malsana treta: una ganancia superior al 140 por ciento de un año a otro.

Y no es el único, por supuesto. Arcor, Clarín, Techint y unas cuantas más acumulan cifras semejantes mientras hablan de la inflación como si fuera un fenómeno meteorológico que los afecta tanto como a los cada vez más empobrecidos consumidores. Y encima lloran como heroínas de culebrón cuando recuerdan los inexistentes “160 impuestos” que deben pagar. Hasta justifican la evasión ante tanto despojo de sus incontables riquezas. Como si fueran víctimas, se oponen con vehemencia a cualquier incremento a los tributos y suplican por una reducción de los costos laborales. Impunes en su angurria, apelan al lugar común de que las cosas aumentan porque “le dan a la maquinita” –con un movimiento circular de una mano- como si tuvieran contabilizada la cantidad de billetes que circulan por todo el país.

Si están envalentonados es porque sus representantes políticos convierten en propuestas sus apetencias. La impresentable Patricia Bullrich difundió sus amenazas si llega a ser electa como presidenta, porque “no le va a temblar la mano” para precarizar el empleo, disminuir jubilaciones, reprimir las protestas y, por supuesto, bajar los impuestos a los más ricos. Como siempre, valiente con los débiles y sumisa ante los poderosos.

Sin embargo, a pesar de tanta pavada convertida en Sentido Común gracias a la colonización discursiva, en los últimos cinco años los trabajadores aportaron 7,6 billones de pesos a las arcas de los empresarios. Más de un 20 por ciento del poder adquisitivo engrosa las ganancias de los que no tienen necesidades. No faltan los recursos, sobra la avaricia. El Estado en manos de un gobierno que se dice nacional y popular es el que debe forzar una distribución más justa del ingreso y domesticar a las fieras insaciables que siempre pugnan por engullir cada vez más.

La violencia de los precios

 

La discontinuidad de estos apuntes se ha acrecentado tanto que ya parece agónica. Una crisis de ansiedad del Autor se suma a la inacción del Gobierno Nacional al abuso de los precios. Aunque muchas veces el Presidente enuncie frases enérgicas con buenas intenciones, los saqueadores no cesan de hostigarnos en su afán de ganar cada vez más. Muchos explican la inflación por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero los productos que consumimos a diario no comenzaron a inflarse en febrero. Además, Argentina no debería tener problemas para abastecerse de lo que está faltando en el mundo porque produce todo lo necesario. La hambruna global que se avecina –y que ya se nota en algunos países europeos- no debería afectarnos. Si nos afecta es por la angurria depredadora del uno por ciento que no cesa en su afán de acumular y un Ejecutivo que evita tomar medidas que enojen a esa minoría avarienta.

Unos días atrás, Alberto Fernández reconoció en una entrevista radial que "el instrumento por el cual se desacopla más fácilmente los precios internos de los internacionales son las retenciones". El recuerdo de la Rebelión de los Estancieros desalienta emprender ese camino. Además, el acoso permanente de los precios no afecta sólo a los alimentos. La agresión numérica abarca cualquier cosa que queremos adquirir. En este tema no hay discriminación. Sin devaluación de la moneda ni escasez; sin aumento de la demanda ni incremento salarial significativo. Sin motivos todo sube su precio. Y ante tanto desenfreno, el Presidente le pide a Luis Pagani, el CEO de ARCOR que le ayude a bajar la inflación, mientras los productos de esa empresa se remarcaban a casi un 10 por ciento. ¿Cómo se le ocurre pedir ayuda al empresario que logró una ganancia del 142 por ciento el año pasado sin que ningún número justifique semejante incremento? En lugar de dialogar, debería exigir que explique a la sociedad por qué se apropió de semejante tajada.

Y no sólo a ARCOR, sino a todas –que son un puñado- las empresas que timbean con la mesa de los argentinos. Y no sólo con los alimentos. Por no enojar a los empresarios, consiente el sufrimiento de millones de compatriotas que ven pisoteados sus derechos elementales. A pesar de que el Gobierno toma algunas medidas redistributivas, el despojo es constante. Desde que se hace el anuncio hasta que el dinero llega a los beneficiarios, los precios devoran mucho más que el incremento. No basta con paritarias o bonos cuando la inflación es desaforada y sin motivos. Y el Estado tiene las herramientas necesarias para frenar esta situación agobiante y desestabilizadora. Violenta, además.

Si el aumento de las mal llamadas retenciones –derechos de exportación- o establecer cupos exportables son medidas desechadas por el equipo económico, si los Precios Cuidados no sirven como referencia ni como alivio de los bolsillos, si las palabras de conciliación del presidente no frenan la avaricia de los especuladores, se puede hacer otra cosa: aplicar la Ley de Abastecimiento sin demora. Esta norma vigente desde 1974 regula todo tipo de transacción económica, como la salud, la alimentación, el transporte, la vestimenta, la vivienda y todo bien inmueble o servicio. Autoriza al Ejecutivo a fijar precios máximos, márgenes de utilidad o congelar los precios. También lo faculta a obligar la continuación de producción de bienes y servicios, a prohibir o restringir la exportación y a exigir la documentación de las empresas. Y las empresas pueden ser sancionadas por elevar artificialmente o sin motivos los precios de los productos. Esta ley da herramientas al gobierno para frenar esta disparada intolerable, esta desenfrenada expropiación de la dignidad de los argentinos.

Nadie se puede enojar por la aplicación de una ley. El juez que intervenga deberá ser eyectado de su función al instante. Los defensores de la seguridad jurídica no podrán oponerse con ningún verso. Hacer cumplir la ley es obligación del Estado. Y el conflicto lo iniciaron Ellos, los que no se conforman con los millones que ganan. Para frenarlos hay que exponerlos con nombre y cifras para que la aplicación de la ley y el consecuente castigo sean comprendidos por casi todos. El conflicto es claro: la pobreza no afecta sólo a los desempleados, sino a gran parte de los trabajadores formales. Si eso no es violencia, si eso no es una provocación a la luz del día, si el Ejecutivo no entiende esto como un desafío al que debe responder con firmeza, estamos fritos, porque los que están del otro lado nos odian. Con reformas laborales y previsionales, quita de impuestos a los más ricos, destrucción de la producción y todo lo que harían si fueran gobierno la desigualdad se incrementará. Ya no hacen promesas, sino amenazas. No hay que perder las esperanzas, pero en algo deben basarse. Ese algo está en manos del Presidente y sus ministros. Acabar con la angustia de millones de argentinos no debe postergarse más y eso requiere disputar la riqueza de los poderosos.

Que no se rompa ni se doble

 

Además de la confusa dinámica de la actualidad informativa, algunos problemas personales me impidieron continuar con la publicación en este querido blog. Si bien esto no preocupó demasiado a los menguantes lectores -salvo algunos que manifestaron su inquietud- la escritura de un apunte ordena no sólo mi pensamiento sino también el de los que lo lean.

 Lo que antes era apenas un intercambio de visiones en el FDT ahora parece un cruce de potrero. Las declaraciones de Andrés Larroque pueden ser vistas casi como un crujido. Afirmar que Alberto Fernández “rompió el contrato electoral” es un poco exagerado. Que la coalición se haya armado por iniciativa de CFK con su mayor caudal de votos no justifica una deslegitimación de la figura presidencial. Pero tampoco es saludable tanta desatención por parte de Alberto a las sugerencias de Cristina. El que “tiene la lapicera” es él, pero no es el dueño absoluto del Gobierno. Tampoco Cristina es la dueña, aunque muchos lo sueñan. Por eso no es momento de imitar a Pimpinela, más aún cuando hay cosas que se están yendo de las manos. Algunos aclararán que nuestro régimen es presidencialista, pero nadie gobierna solo, ni siquiera un rey.

La experiencia de este gobierno es insólita: después del saqueo macrista, dos años de pandemia y una guerra en Europa. A pesar de todo, Argentina mostró el año pasado un crecimiento de más del 10 por ciento del PBI, entre los más altos del mundo. El de este año no será tan alto pero hay augurios de casi un cuatro por ciento. El uso de la capacidad instalada de la industria se ubica en 64,3 por ciento, cuando el año pasado estaba en el 58,3 por ciento. Las exportaciones del agro se incrementaron un 4,6 por ciento respecto al año pasado, con un total de 3.171.793.606 dólares. La inversión productiva se incrementó en un 15,7 por ciento y el desempleo descendió hasta el 6. Buenos números, por supuesto.

Lo que embarra el panorama y siembra confusión es el descontrol de los precios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios. No bastan las paritarias para contrarrestar tanto acoso de los angurrientos. La peor foto es la de los trabajadores pobres, que son muchos. Y eso no puede expresarse con un número, porque es una herida que un gobierno como éste debe saldar cuanto antes y no sólo por su continuidad electoral, sino también por la supervivencia de las víctimas de este saqueo. 

Y los que provocan la tragedia de sueldos que no duran ni dos semanas, los formadores de precio, se burlan de todos acusando a la inflación o al “por las dudas”. Los márgenes de ganancia de los grandes empresarios son una blasfemia, como el de ARCOR, que se ubica en 142 por ciento, inadmisible en cualquier latitud. Y lo que ganan de más los grandotes lo gana de menos el resto. 

Lo que está exigiendo el ala kirchnerista del FDT es una distribución más equitativa del ingreso cercana al 50-50 y no dentro de cinco años, sino casi ya. Y un poco de enojo por parte del Presidente hacia estos empresarios inescrupulosos. Mostrar sus ganancias en una Cadena Nacional alcanzaría para avergonzarlos ante una sociedad que cada vez accede a menos. Y si no, en lugar de tanto diálogo y acuerdo, habría que aplicar las leyes que castigan semejante “alteración del orden público”. Porque es eso lo que están haciendo con sus remarcaciones destituyentes para apropiarse cada vez más de lo que nos corresponde a todos.

La golpiza de las corporaciones

 

Los conspiradores no cesan de provocar al Gobierno. El control de la inflación no da resultado y los bolsillos son saqueados todos los días por los (de) formadores de precio. Los que lograron incrementar sus ganancias en la pandemia y ahora con la guerra a costa de empobrecer al resto no están dispuestos a ceder un céntimo. Cualquier medida que tome el Ejecutivo o el Legislativo será, seguramente, frenada por algún juez amigo. Y si no lo hay, el Consejo de la Magistratura -ahora presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia- podrá inducir a los que no lo son a proteger los intereses de una minoría cada vez más enriquecida.

El Poder Económico -aunque no está definido así en la Constitución- es el que realmente gobierna porque nunca se han aplicado los frenos que la propia Constitución establece para que no sean un poder. Malinterpretadas por propios y ajenos, la Vice Cristina manifestó una vez más que ocupar la presidencia no es tener todo el poder. Constitucionalmente, es un tercio; el segundo tercio es el Legislativo y el resto, el Judicial. Pero hoy el Económico –inconstitucional- es el que condiciona a los otros tres. El desembarco de Horacio Rosatti –juez de la Corte nombrado por decreto y autovotado como Presidente- al Consejo de la Magistratura significa el alineamiento de sistema de (in)justicia a las avaricias del Poder Real. No sólo por poner el sistema de Justicia al servicio de una minoría es una aberración, sino porque literalmente es anticonstitucional. El artículo 114 establece:

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Como puede apreciarse, no establece que sea el Presidente de la CSJN quien lo integra sino lo que indique la ley. Pero los Supremos derogaron una ley después de 16 años de funcionamiento y restauraron una que había sido derogada por el Congreso, algo que de ninguna manera pueden hacer. La aproximación al Poder Real contagia bastante esa impunidad de la que gozan los privilegiados, que ya no son más los niños.

Los que se llenan la boca de República, Democracia y coso no paran de pisotear la institucionalidad. Si nos pusiéramos estrictamente constitucionalistas, otro sería nuestro país. Unos años atrás, cuando era presidenta, CFK fijó como meta “la igualdad de oportunidades para todos y todas”. Un imposible porque la igualdad significa la eliminación de todo lo que nos diferencia, incluidos apellido, herencia, educación privada. Pero no es una aspiración ideológica de la Vicepresidenta sino un mandato constitucional del artículo 75 inc 19, que establece que el Congreso debe sancionar leyes que “aseguren la responsabilidad indelegable del estado de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”.

Ahora es el momento de recuperar el poder que se ha perdido: el popular, que debería ser el primero, el principal. Para ello se requiere mucha audacia de los poderes políticos -del Ejecutivo y el Legislativo- que deben tensar la relación con los avarientos poderes concentrados. Y no sólo con sus decisiones sino también con La Palabra. Hay que explicar los que pasa y exponer con nombre y apellido quienes dificultan la distribución igualitaria de la renta. Recuperar el salario perdido desde 2015 debe ser el principal objetivo de esta puja. Los que se opongan quedarán en evidencia al demostrar que son anticonstitucionales y les importa un pepino el padecimiento de gran parte de los argentinos.