Un paso necesario de la Corte

En este tema hay que ser claro. La interrupción de un embarazo no es una decisión feliz. Puede producir alivio pero no felicidad. Por eso llamar abortistas o pro aborto a los que luchan por la despenalización es un exceso. Lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que no sean necesarios los abortos. Y lo peor, que el tema se postergue indefinidamente. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los abortos no punibles en caso de violación puede pensarse como la campana de largada para un debate amplio y sincero. Pero sobre todo, solidario. Parece mentira, pero en una sociedad que defiende con uñas y dientes la propiedad privada, el vientre de una mujer es de dominio público. Y aunque se ha avanzado considerablemente en la conquista de derechos para garantizar la igualdad de géneros, todavía se impone el rol de madre, más como un estigma que como decisión. Hasta castigo, si se quiere. En el corto plazo, resulta necesario exponer todos los aspectos para garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En el mediano y largo plazo, tomar todas las medidas políticas, educativas y sanitarias para que sean cada vez menos quienes se vean en la disyuntiva de someterse a una intervención.

Lo que más dificulta la búsqueda de una solución al tema es producto de la concepción legal. Con la penalización, se creó una trama de clandestinidad que llenó muchos bolsillos e invisibilizó gran parte de los casos. Pero también momentos de mucha crueldad. Hace unos años, los estudios realizados a una mujer en estado de gestación revelaban que el feto era acéfalo y que no tenía posibilidades de supervivencia. Además, mientras pasaban las semanas, más riesgos corría la vida de la embarazada. Por temor y algo más, todo se judicializó. No pasaron semanas, sino meses. Recién en el octavo mes la “justicia” autorizó la cesárea que casi se lleva una vida, la única posible. La otra no tenía esperanzas desde hacía mucho tiempo. No era la vida lo que se protegía, sino un concepto. También en Rosario, en el mismo centro asistencial que ostenta el mote de “maternidad”, se negaron a practicar un aborto a una nena de once años que estaba en ese estado producto de una violación.

En las palabras del arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, hay una clave para repensar cada una de estas situaciones: “el fallo de la Corte añade a ese crimen horrendo que es la violación este otro crimen que es la muerte del inocente”. Sugestivo, en esta frase no hace referencia a la primera víctima de esta cadena, que es la mujer violada. Durante el programa televisivo “Claves para un mundo mejor”, dedicado la semana pasada a cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia evitó incluir a la mujer en sus reflexiones. Como si fuera una “cosa” que se viola y debe convertirse nada más que en incubadora humana. “Ahora la Corte dice que no es necesario que sea deficiente mental –continúa Aguer arrojando luz al asunto, o fuego sobre la víctima- sino que toda mujer violada puede recurrir tranquilamente al aborto”. Una violación no cambia su esencia por el tipo de mujer al que violenta. Que sea deficiente mental o no sigue siendo una violación, sexo forzado, no consentido. ¿Acaso es necesario agregar más violencia a la situación? ¿No es mejor darle tranquilidad a la víctima, después de un hecho tan traumático?

Por el contrario, la posición de Aguer, compartida por muchos militantes anti abortistas, es agregar más violencia a la violencia. La violación se potencia con la confirmación del embarazo y entonces, la víctima puede –debe- ser considerada ‘delincuente’ si desea interrumpirlo. Asesina, lo que es peor. No hay humanidad en el planteo. La humillación del sometimiento sexual se actualiza con el castigo de tener que portar durante nueve meses el fruto de la violación, después parirlo y darlo en adopción. ¿Algo más? De acuerdo al pensar de estos humanistas, aunque sea una víctima, merece una condena. Apenas unos meses atrás, una nena de once años transitaba su tercer mes de embarazo como producto del abuso de un vecino de 17, en una localidad de Entre Ríos. El ministro de salud provincial, Hugo Cettour, sólo atinó –con poco tino- a declarar: “una vez que la niña tuvo su primera ovulación tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene la primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”. El cuerpo es lo que importa, el resto, no. Una niña arrojada al ruedo de la maternidad para que no la llamen asesina.

En enero de 2010 comenzó el caso sobre el que se produce el fallo de la Corte. Mucho antes, cuando A.G. tenía once años, su padrastro había comenzado a abusar de ella. Esta niña no podía contar nada debido al carácter violento del abusador. Cuatro años después tanto abuso rindió sus frutos: la adolescente estaba embarazada. “No podía tener un hijo que era el sobrino de mis hermanos, a la vez mi medio hermano, y el hijo del marido de mi madre”, relató a Página/12 en su edición del domingo. A los quince años, la obligaron a crecer de golpe. Pasar de médicos a jueces, recibir negativas y agresiones fueron las constantes desde que se enteró que iba a engendrar un hijo de su padrastro. “Me sentía muy mal –cuenta- sin ganas de vivir. Me despertaba sin ganas de levantarme, estaba todo el día llorando, tenía ganas de matarme, tuve intentos”.

El castigo por ser abusada no había terminado. Del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia la enviaron a obtener un permiso judicial. Una jueza de familia en primera instancia negó el pedido, como lo hizo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con dos jueces que se opusieron a la interrupción para salvar la vida del feto. Sólo el tercer integrante, una mujer, apoyó el reclamo de la adolescente porque estaba comprobado que su salud psíquica corría riesgo. Recién el 8 de marzo de ese año, el Superior Tribunal de Chubut autorizó el aborto, argumentando que el artículo 86 del Código Penal debía interpretarse de forma amplia, como lo ha hecho ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Algunos médicos sospechan que, de ahora en más, puedan presentarse embarazadas que mientan sobre la violación. Tal vez no sean muchas las que se expongan a algo así. Pero el Máximo Tribunal sostiene que los posibles casos fabricados “no pueden ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgo para su salud”. Con la sola firma de una declaración jurada en la que la mujer asegure que su embarazo es el resultado de una violación basta para que de manera gratuita y segura se practique un aborto. Aunque sospechen los desconfiados, pero es suficiente con el consentimiento de la solicitante y sin intervención judicial.

Hay mucho para debatir sobre este tema. Pero el fallo es un primer paso. El embarazo como producto de abuso o violación es el menos deseado, pero hay otros. Por eso es importante incluir en la educación aquellos contenidos necesarios para conocer a fondo el problema de la sexualidad y la salud reproductiva. Hay una ley, pero su cumplimiento y efectividad es dispar. Si los que tanto claman por la defensa de la vida permitieran la educación sexual en todos los colegios y no se opusieran a la distribución de preservativos o anticonceptivos, todo sería más fácil. Si sólo quieren anular el sexo o restringirlo a la reproducción, toda discusión es en vano. No aportan demasiado los documentales patéticos de fetos que lloran ante una invasión extraña del útero, salvo oscurantismo. Si lo que crece en el vientre es un feto o un bebé debe depender del deseo de ser madre y no de dogmas apolillados. Como esto recién empieza, no conviene apresurarse.