Hechos que no encuentran nombre

Una elección de nombres y un desafortunado comentario colocó a Natalia Oreiro en un pequeño aprieto. Merlín Atahualpa, su hijo, resolverá en el futuro los trastornos que provocará en su vida cotidiana la portación de tan sonoros y originales nombres. Los padres son así: eligen a su antojo la etiqueta que llevará su hijo por el resto de su vida sin medir las consecuencias, más para sorprender al entorno que para otorgar una identidad al indefenso vástago. A veces, el calendario es el que orienta a los padres y es posible encontrarse con María Independencia, Malvinas Argentinas, Cayetano, Ceferino y otros tantos nombres relacionados con la fecha del natalicio. En La Carlota, una localidad de la provincia de Córdoba, un juez en lo Civil y Comercial autorizó a un hombre de 33 años la modificación de su nombre. Nacido en 1979 y con Videla como apellido paterno, sus progenitores no tuvieron mejor idea que bautizarlo como Jorge Rafael, el usurpador del sillón presidencial por aquel entonces. Los perjuicios por llevar ese nombre fueron enormes, a tal punto que no quería salir de su domicilio. La pregunta es por qué recién hace dos años comenzó con los trámites para despojarse de tan monstruosa broma de sus papis.

Pero hay cosas que no tienen nombre y son peores. Esta semana comenzó con los rumores sobre la posible re estatización de la petrolera YPF. El diario El País, de España, aseguró que La Presidenta está planeando nacionalizar la empresa “para esconder el fracaso de su gestión económica”. No conforme con eso, afirmó que la economía argentina “está bajo amenaza y, en esta hora de frustración, la Presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas”. Y eso no es todo; también aseguró que “Argentina corre el riesgo de una ruina a corto plazo”. Además, ese editorial expresa que Cristina Fernández de Kirchner “ha sido incapaz de aplicar una política de moderación del consumo y tampoco ha gestionado bien su producción nacional de productos energéticos, con una demanda creciente, una producción cada vez menor y unos precios disparados que pesan sobre los consumidores”.  Suena un poco extraño que desde un país que está atravesando una difícil crisis económica, social y política como la de España, surja un editorial tan poco halagüeño hacia un modelo ponderado por prestigiosos economistas y organismos internacionales, como el que se ha aplicado en nuestro país durante los últimos ocho años.

Detrás de esa crítica, existe el interés de defender a la accionista mayoritaria de YPF, la española Repsol. Lo que tiene nombre de editorial en el diario español, debería llamarse lobby o apología del saqueo, por el reparto extraordinario de utilidades entre sus inversionistas. Ahora, las acciones de la empresa están cotizando en picada estrepitosa por la pérdida de concesiones en algunas provincias argentinas, directamente proporcional a la caída de la producción de hidrocarburos y la posibilidad de una nacionalización. A YPF ya le retiraron doce áreas en seis provincias, lo que representa un 25 por ciento de la producción de crudo que tiene en el país. Si la empresa es estatizada será a causa del abandono de los privados y no por un gesto patriótico.

La relación conflictiva entre el Gobierno Nacional y la petrolera comenzó en noviembre del año pasado cuando la firma giró utilidades al exterior, a pesar del impedimento de las normas vigentes. Un poco más tarde, CFK exigió mayor inversión para revertir la caída en la producción y, a pesar de no girar ganancias al exterior, su plan de inversiones continúa sin modificaciones. Hasta los directivos dejaron trascender que, “si querían definir ese plan y monitorear el destino de cada dólar, el gobierno debería tomar el control de la firma”. ¿Invitación, provocación o desafío? El texto del diario español aporta una posible respuesta a este dilema. Los medios locales se hicieron eco de estas alocadas especulaciones y fueron un poco más allá: por sus tapas circularon versiones que afirmaban que la transacción se concretaría con fondos de la ANSES, es decir, la plata de los pobres jubilados. Manipulación podría llamarse a esta andanada de tinta que trata de recuperar el poder perdido de quienes la arrojan.

¿Y qué nombre podría recibir el accionar del fiscal federal Carlos Rívolo que, en pos de protagonizar folletines, desperdicia los mecanismos de la Justicia por una causa endeble? Importante recordar que la investigación que lleva adelante se origina por los dichos de Laura Muñiz, ex mujer de Alejandro Vanderbroeler, que acusaba al directivo de la ex Ciccone Calcográfica –ahora Compañía de Valores Sudamericana- de ser testaferro del vicepresidente, Amado Boudou. Esta mujer despechada declaró basar sus denuncias en informaciones periodísticas y desconocer el significado de la palabra “testaferro”; y afirmó que su ex marido es amigo de la infancia de Boudou, aunque nunca se vieron. Como el fiscal insiste en la culpabilidad del ex Ministro de Economía, pidió el allanamiento de una propiedad a partir de vínculos circunstanciales para comprobar lo que ya se sabía: ese departamento de Juana Manso 740 está alquilado desde hace dos años por Fabián Carosso Donatiello, un abogado que vive en España y reside allí ocasionalmente. Vanderbroeler es amigo de Donatiello y una vez pagó las expensas del inmueble. Y eso es todo. En este caso, el fiscal Rívolo no sólo está basando una investigación en los insustanciales dichos de Muñiz, sino que está accionando a favor de una empresa, Boldt, que tiene especial interés en apoderarse de la ex Ciccone. Mientras tanto, el juez Rafecas responde a los caprichosos vericuetos de una causa que no es tal y permite la filtración de datos a la prensa a pesar del secreto de sumario. Como el Vicepresidente llamó mafia a este accionar en conferencia de prensa, buscar otro nombre a esto es un desafío para la creatividad.

Interesante también será hallar un nombre para el escándalo desatado por el alcalde en fuga, que se niega a gestionar el transporte urbano en su jurisdicción, a diferencia de lo que hacen todos los intendentes del resto del país y tal vez del mundo. La vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, insiste en que el conflicto por el traspaso del subte y los colectivos se podrá destrabar sólo si La Presidenta se reúne con Mauricio Macri. “Valoro que haya una actitud de diálogo ­–manifestó Vidal- pero no es ésta la convocatoria que estamos esperando”, en referencia a la invitación del Secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Claro, Macri quiere supeditar el traspaso a una reunión previa con la Primera Mandataria, en donde seguramente expresará todas las garantías que su ineptitud necesita para facilitar la gestión. Ramos instó al Jefe de Gobierno de la CABA a cumplir con la ley y hacerse cargo de lo que le corresponde y por tanto tiempo reclamó.  El líder del PRO parece estar en rebeldía. Al rechazar las leyes federales, está vulnerando el sistema republicano, la institucionalidad que con tanto cinismo reclama; y está pisoteando el federalismo que dice defender, aunque no comprende.

¿Qué nombre poner a algo así? De continuar con esta situación, el Gobierno Nacional puede tomar tres caminos. El primero, volver a hacerse cargo del transporte urbano de la ciudad de Buenos Aires, descontando los gastos que eso le ocasione de la coparticipación federal correspondiente. El segundo, un poco más dramático, consiste en la intervención de la ciudad por parte del Ejecutivo Nacional y promover el juicio político al Jefe de Gobierno por abandono de sus funciones. Cualquiera de estas opciones provocará un escándalo de considerables proporciones y servirá para la victimización del inoperante alcalde. También, para confirmar la hipótesis del gobierno autoritario que sostienen los medios hegemónicos. La tercera opción será continuar con la situación anterior al convenio firmado en enero, lo que significaría una victoria del niño rico que juega a gobernar una ciudad en miniatura. Acorralar a un presidente, podría llamarse esta estrategia. Sobre los nombres trató este apunte. Nombres que se escapan de las cosas que nombran. Hechos que buscan nombres por su cuenta. Trampas de los que llaman diálogo a la obediencia, gestión a la inoperancia, noticia a la mentira y libertad de prensa a toda operación destituyente.