Eventos desafortunados

Unos cuantos tropiezos opacan los pasos dados por el gobierno nacional durante esta inesperada cuarentena. El primero –bastante grande- fue la impericia que diseñó el fatídico viernes en que se abrieron los bancos para pagar jubilaciones y asignaciones, sumada a la dificultad de abandonar la cultura colera de muchos conciudadanos. El segundo, la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo Social para paliar el hambre que azota a millones de argentinos a un precio excesivo. Dos errores groseros puestos a disposición de la prensa carroñera que comenzó a romper la tregua después de que Alberto Fernández calificara de miserable a Paolo Rocca por el despido de más de 1400 trabajadores de la empresa Techint. La puja entre los sectores concentrados de la Economía –el Poder Real- y las autoridades democráticas amenaza ser mucho más cruenta una vez que superemos el peligro del coronavirus.

Eso ya lo sabemos: el establishment se niega a dejar de ser gobierno, pero eso no implica que aceptemos mansamente su prepotencia. Sus conspiraciones para alterar la vida democrática son constantes y lo único que interesa a sus integrantes es incrementar sus ganancias, pero no hay que facilitar su trabajo con torpezas, contradicciones y agachadas. El viernes pasado, después de dos semanas de restricciones, las autoridades nacionales y bancarias no previeron el amontonamiento de beneficiarios de jubilaciones y asignaciones. Si bien estaba estipulada la asistencia de aquellos que no poseen tarjeta de débito, deberían haber establecido un cronograma para que no que vayan todos un mismo día. Un desorden que brindó un festín para los noteros de los medios agoreros y sin necesidad de manipular los hechos, como están acostumbrados a hacer.

Y por si esto fuera poco, el sobre precio en la compra de alimentos para comedores y merenderos aportó argumentos para apuntalar el prejuicio de que “los K son todos chorros”. Aunque la operación se publicó en el boletín oficial, permitió instalar la idea de la corrupción en parte del electorado que acató sin chistar los negociados de Macri y su pandilla. La renuncia del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo y 15 funcionarios dependientes de él, más la firmeza del presidente Fernández al condenar los abusos en los precios pusieron paños fríos al episodio. Más allá de la adecuación de los productos a los precios máximos, el impacto de este “error” será difícil de erradicar.

Porque, en medio de la batalla contra el coronavirus, hay una contienda en ciernes y mucho más cruenta: ¿cómo solventar los montos extra que requiere la emergencia y cómo reactivar el país después de Macri y la pandemia? No sólo acá prolifera el clamor de que sean los más ricos los que tengan que contribuir más y no por simple caridad, sino como devolución de las cifras multimillonarias acrecentadas durante años de especulación, explotación y evasión. Las colectas televisivas pueden servir para levantar el ánimo pero no para recaudar lo que el Estado necesita para enfrentar al coronavirus y la recesión.

Por eso, legisladores oficialistas están elaborando un proyecto de ley –avalado por el presidente- para incrementar los impuestos a las grandes fortunas, medida que afectará a menos del dos por ciento de la población. Y para tranquilizar a los caceroleros, también incluirá a políticos con un patrimonio mayor a los 20 millones de pesos. Seguramente, desde las usinas de estiércol –los medios dominantes- los voceros del Poder Real comenzarán a denostar la iniciativa para defender los intereses de la minoría privilegiada. Hasta dirán que en Argentina se pagan más impuestos que en cualquier país del mundo. Sin embargo, Alemania –no Cuba ni Venezuela- es el cuarto país con mayor presión fiscal de acuerdo a relevamientos de la OCDE, con una carga del 38 por ciento sobre PBI y un impuesto a las ganancias de hasta el 45 por ciento.

La batalla por venir es lograr que los más ricos contribuyan con impuestos e inversiones no por un par de meses, sino para siempre; que no exploten ni flexibilicen a los trabajadores; que no evadan ni fuguen; y que no protesten porque tienen que bajar unos escalones del podio de los multimillonarios globales. En síntesis, que dejen de hacer lo que han hecho siempre. Y un desafío aleatorio es convencer a los que no se verán afectados, porque ya es hora de que entendamos que la riqueza no es el resultado del trabajo tenaz, sino del saqueo constante de los bolsillos de la mayoría.