martes, 18 de mayo de 2021

El más allá de una medida

 

A pesar de las diatribas de los agoreros, el gobierno nacional está timoneando bastante bien la crisis provocada por la pandemia, sobre todo con el ingreso de vacunas, el plan de vacunación y los vaivenes de las restricciones. Que más de un veinte por ciento de la población haya recibido al menos una dosis va en contra de lo que vociferan los opositores mediáticos y políticos con la insostenible frase “no hay vacunas”. Y si tenemos en cuenta que los menores de 18 años no están incluidos y la vacunación es voluntaria, el porcentaje es aún mayor. En lo sanitario, las medidas van en sintonía con las que se tomaron en la mayoría de los países y si los contagios crecen y la ocupación de camas críticas roza el colapso es, en gran parte, por el boicot y la irresponsabilidad de algunos individuos que se niegan a ser ciudadanos.

Claro que las restricciones pueden resultar molestas pero de ninguna manera se deben interpretar como un atentado contra la libertad, como esputan algunos impresentables. Y además de molestas, también afectan los ingresos de gran parte de la población, tanto trabajadores formales como informales. Pero eso no sólo es por la pandemia; el reparto de la torta está tan desequilibrado que el salario de la mayoría no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Mientras cuatro de cada diez hogares recurren a comedores comunitarios, las principales empresas de alimentos han tenido ganancias extraordinarias. Y no por un incremento de las ventas, precisamente, sino porque la angurria desmedida de unos pocos eleva los precios a niveles inhumanos.

A esta altura de las cosas sería por demás de ingenuo pedir solidaridad a Ledesma, la empresa de la familia Blaquier, que en el primer trimestre obtuvo una ganancia de 1239 millones de pesos, 216 por ciento más que el mismo período del año pasado; o a Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc, que ganó 1180 millones de pesos, a diferencia del año pasado que padeció una pérdida de 162 millones; ni a Luis Pagani, de Arcor, que informó 3857 millones de pesos de ganancia, un incremento de 469 por ciento respecto a 2020. Lo que ellos ganan de más vía aumento de precios, la mayoría lo pierde en poder adquisitivo. La redistribución del ingreso debe significar una disminución de las ganancias de estos succionadores seriales. De nada sirve un acuerdo de precios si no se sabe cómo está compuesto cada precio. Para revertir este “derrame de miseria” hay que abandonar la prudencia y la corrección y encarar una puja distributiva, que no es otra cosa más que la lucha de clases. La solidaridad no significa nada para los que se la llevan siempre en pala y consideran el salario como una caridad para los que –según ellos- merecen un poco más que una propina.

Por eso es auspicioso que Alberto Fernández haya decidido suspender por 30 días la exportación de carnes, como una forma de disciplinar a un sector que se cree dueño de todo. Una medida oportuna pero no suficiente; una iniciativa para que el Estado tome protagonismo en la mesa de los argentinos, no sólo con ayudas económicas, mercados comunitarios y ofertas temporarias. De una vez por todas, el Estado tiene que exigir a las empresas que revelen por qué ponen los precios que ponen y qué porcentaje se lleva cada participante de la cadena de comercialización. En cierta manera, es un primer paso para que no sea el Mercado quien rija nuestras vidas en función de sus apetencias, sino el Estado con la mira puesta en la dignidad de todos los habitantes de este promisorio país.

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