¿Una corte “cristinista”?

El desafío de llegar hasta el hueso

“Alea iacta est”, diría el Julio César inmortalizado en Astérix. La suerte está echada. Los dados están rodando, no va más, good show, todos a bordo. Un poco más barrial: te espero en la esquina. El fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la constitucionalidad de la elección democrática de los miembros del Consejo de la Magistratura, más que un duro golpe a la gobernabilidad, es una invitación a profundizar las transformaciones. Más provocación que convite. Una finta corporativa que merece una respuesta equilibrada -término muy utilizado en estos días- pero contundente. Algunos sostienen que este previsible revés mitiga al Ejecutivo y envalentona a la oposición. Otros, pensarán que el fallo de los Supremos confirma el accionar poco constitucional de Cristina y sus secuaces. Por el contrario, este nuevo intento de deslegitimar al Poder Político refrendado en las urnas ubica todas las piezas en el virtual tablero de la realidad. A partir de ahora, las veredas están bien diferenciadas y también sus ocupantes. La del lado luminoso, poblada por un colectivo alegre, ferviente, colorido, marchoso, optimista. La del otro lado está oscura, despoblada, deslucida, destruida. En esa vereda tenebrosa habitan los que se resisten, atrincherados para proteger privilegios mezquinos y decadentes. Otros, que creen ostentar un ingenioso pensamiento crítico, observan ambos bandos, pero sólo apuntan a uno. Esos se sitúan en el medio porque argumentan que es el lugar más apropiado para realizar una lectura equitativa de las cosas, sin sospechar, siquiera, que el tránsito está muy denso para andar distraído por la calzada.

Las explicaciones que elaboraron los Ministros de la Corte sobre el poco sorpresivo dictamen parecen más excusa; o peor, capricho. Un ‘no’ porque no. Un “hasta acá llegaron” taxativo y contundente. Inconfundible marca de un límite fundado sólo en la ostentación de poder. Un poder corporativo que pide a gritos una reforma lindante con la revolución. Una administración de justicia apolillada, patricia, elitista que se resiste a todo intento democratizador. Un sistema judicial más orientado a satisfacer intereses que a garantizar derechos. Para muchos jueces, la Constitución es una masa amorfa que se amolda a las necesidades de las minorías en detrimento de las mayorías.   

A pesar de que la Carta Magna deja a merced del Congreso el número y la manera en que se constituye el Consejo de la Magistratura, la Corte invalida por completo una ley aprobada hace poco más de un mes. De esta manera, el Máximo Tribunal se erige por encima de los demás poderes y asume atribuciones que no le competen. Ya se ha citado en un apunte anterior el famoso artículo 114, que trata sobre el CM y su composición. Raúl Eugenio Zaffaroni, en su resolución particular y en disidencia con sus pares, afirma que “el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que sólo impone que se procure el equilibrio”.

Equilibrio que, para sus colegas cortesanos no hace referencia a una composición numérica igualitaria sino a un contrapeso, contrarresto, armonía, para que ningún sector “pueda ejercer una acción hegemónica sobre el otro”. Sin embargo, el organismo encargado de seleccionar jueces está paralizado desde hace años porque un sector presiona sobre el otro. Y los presionados son los representantes del oficialismo. El fallo de la Corte confirma lo que muchos sospechan desde hace tiempo: la corporación judicial se convierte casi siempre en un obstáculo para el acceso a cualquier forma de Justicia.

De acuerdo a la interpretación de los leguleyos, los integrantes del CM no pueden ser sometidos a votación popular porque la Constitución determina “en qué casos es admitido el sufragio universal”. Pero el artículo 114 no establece ninguna forma de elección, vale reiterar, sino que ese asunto depende de lo que establezca una ley del Congreso. Para Zaffaroni, en cambio, “a lo largo de dos décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo”.

Pero el fallo de la Corte, además, contiene un toque cínico, casi hipócrita. Para los Supremos, la elección popular de los miembros del Consejo “compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria”. Y, como una burla, el documento afirma que al “identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia, desaparece la idea de neutralidad del juez frente a los poderes políticos y fácticos”. En primer lugar, los integrantes del Consejo de la Magistratura eligen jueces de acuerdo a sus antecedentes laborales y académicos, pero no pueden administrar justicia. Decir lo contrario es manipulación y, en todo caso, mentira. Y segundo, como si con las cautelares, las dilaciones y absoluciones arbitrarias no estuvieran gritando a los cuatro vientos de qué lado están.

El pueblo puede parecer, pero no lo es. El verso de la independencia y la neutralidad no lo creen ni los que lo recitan. La inconstitucionalidad es una espada caprichosa que esgrimen cuando les conviene, como un fantasma que amenaza cualquier decisión gubernamental. Una jueza neuquina, Carolina Pandolfi, autorizó la compra de 125 mil dólares a un particular para saldar una deuda de una operación inmobiliaria. Y de paso, declaró inconstitucional la norma que impide la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento. Pregunta: ¿en qué artículo de la Constitución se establece como derecho la compra de dólares? Según la AFIP, ya se han iniciado “129 acciones judiciales relativas a las operaciones cambiarias, sin que exista ningún pronunciamiento firme avalando las pretensiones” de los dolaradictos. Con la complicidad de jueces que defienden intereses individualistas, por encima de todo fin colectivo.

Un ejemplo más de un compendio que ocuparía innumerables páginas. Una muestra más de que muchos jueces poco tienen de independientes y neutrales. Por el contrario, lucen una camiseta que exhibe clase, origen, intereses y afinidad. Cualquier cosa dice esa camiseta, menos que son jugadores de una justicia legítima y democrática que protege a las mayorías de las angurrias de una minoría insaciable. Eso, para ellos, es inconstitucional. Entonces, esta Corte que está muy lejos de ser “cristinista”, parece invitarnos a elaborar otra Constitución. Por lo visto y por ver, no hay otra opción. El desafío será desbordar las urnas para que una nueva Carta Magna ilumine nuestro paso hacia un país más justo. Esa es la síntesis del nuevo capítulo de esta apasionante historia.

El nuevo capítulo de una batalla fundacional

Una realidad que destruye argumentos

Esta semana que comienza estará signada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En manos de sus Ministros arde la validación de dos leyes cruciales: la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la que propone la elección democrática de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ninguna de la dos contradice la letra de la Constitución, aunque son resistidas por el núcleo duro del establishment. La LSCA ha sido pisoteada durante casi cuatro años y merece terminar triunfante su tortuoso derrotero. Aunque la segunda no tiene tamaña experiencia, su contenido transformador porta un potencial similar. Las dos constituyen piezas clave en esta puja por el poder y por eso tienen tanta importancia. El sello favorable de los Supremos significará un triunfo del Poder Político sobre los personeros de la destrucción.

“La Corte no está por encima de los otros poderes –explicó el senador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto- y debe actuar con responsabilidad, estableciendo las atribuciones propias que son del Parlamento”. No sólo con responsabilidad, sino también con prudencia. Sobre los miembros de la Corte penden algunas sospechas y ésta puede ser la oportunidad de comenzar a eliminarlas. En el marco de la jornada “La sociedad le habla a la Justicia”, organizada por el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación en Neuquén, Pichetto destacó que “no sirven los jueces que no tienen una visión del Estado y se equivocan gravemente cuando toman decisiones judiciales, afectando el interés de las grandes mayorías y del Estado Nacional”.

El objetivo de este encuentro que se realizó en la Universidad Nacional del Comahue de la capital neuquina fue el debate sobre los alcances de la reforma judicial y tuvo como asistentes a funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, académicos, abogados, referentes de organizaciones sociales, trabajadores judiciales y estudiantes universitarios. El senador nacional Marcelo Fuentes explicó que “toda vez que se expanden derechos o se limitan privilegios, aquellos sectores que tienen afectados sus intereses generan una batalla cultural”. Para el legislador, estos sectores "pretenden una democracia tutelada, una democracia siempre y cuando los sectores populares no pongan en riesgo sus intereses”. Un simulacro de democracia, como ha sido nuestra historia desde 1983 hasta la asunción de Néstor Kirchner. Para el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ésta es “la última gran batalla contra un núcleo cerrado, elitista, que piensa en sus intereses y no en los de la gente”. Pero además, el rionegrino destacó que el Poder Judicial “es el único poder del Estado que no acompañó la transformación democrática de la Argentina”.

En manos de los Ministros de la Corte está la finalización de un proceso de deslegitimación permanente hacia un gobierno elegido por amplia mayoría. Los Supremos tienen la posibilidad de equilibrar la balanza durante tanto tiempo inclinada hacia los poderes fácticos. Los Jueces del Supremo Tribunal darán por tierra con todos los intentos destituyentes de los carroñeros y pondrán en un podio virtuoso las decisiones que toma el Pueblo a través de sus representantes. O no. Con una resolución adversa, pueden deteriorar el futuro del país con el que la mayoría sueña. Dar la razón a los nostálgicos del peor pasado los ubicaría en una vereda cada vez más yerma, más oscura, más vacía.  

Una vereda ocupada por individuos que, sin razones y sin límites, rechazan en serio un país para todos. Como los enredados de la Mesa de Enlace, que después de gruñir y amenazar sólo lograron tres días de cese de comercialización. “El negocio de la Mesa de Enlace es generar malestar en la sociedad”, sintetizó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, respecto a la protesta de los estancieros. Y, sin necesidad de ser muy suspicaz, los argumentos que expelen no son más que excusas sin sustento. Lo único que buscan es reeditar una copia deslucida, reducida, casi paródica del clima destituyente de 2008, cuando recibió el insólito y multitudinario apoyo de individuos desinformados que se identificaron con la manipuladora consigna “todos somos el campo”. Esos dirigentes, que hoy están a distancias siderales de cualquier base social, intentan dibujar una situación límite de despojo que está muy lejos de resultar creíble. Al borde del ridículo, lloran como bebés para denunciar pérdidas inexistentes. Sin más eco que las tapas de algunos diarios, exhiben números diminutos y mentirosos para conmover a los que ya no creen en ellos.

Como siempre, se muestran casi en la ruina y fabulan sobre cosechas exiguas. Sin embargo, Yauhar aseguró que este año aportará una producción total de 102 millones de toneladas y un récord en la producción de maíz. Con respecto al stock ganadero, el ministro reconoció que “en 2008 hubo una pérdida importante del stock ganadero, de 7 millones de cabezas”, pero “ahora estamos en 52 millones de cabezas, más un millón que están en la Patagonia. Casi recuperamos el stock perdido”. Además, el precio del kilo vivo es superior al de 2008 y gracias a la redistribución del ingreso se consumen casi 63 kilos por persona al año. En lugar de contribuir a la recuperación del país con sus ganancias extraordinarias, exigen la eliminación de las retenciones. Sus protestas infundadas y caprichosas tienen más que ver con ambiciones incontrolables y proyectos político-partidarios individuales. Por eso siempre están en pie de guerra, aunque ya nadie les presta demasiada atención.

Lo que importa es alterar el ambiente. Y, en lo posible, acrecentar la desconfianza, ya sea con el asesinato de una adolescente o con un accidente ferroviario. No importa que los autores del crimen de Ángeles se sitúen en el círculo íntimo ni que el choque de trenes parezca más una acción intencionada que una falla mecánica. Como no encuentran motivos reales para elaborar críticas fundadas a la Administración K, la galera mediática puede brindar abundantes excusas para alimentar prejuicios.

Mientras tanto, otro escenario se vislumbra detrás del velo ficcional de la agenda informativa. Y eso los desespera. La Patria Grande en su conjunto se reconstruye de la mano de los nuevos vientos que soplan en algunos de sus países. Por primera vez en su historia, desde 2011, los integrantes de la clase media de Latinoamérica superan numéricamente a las que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo a un informe difundido por el Banco Mundial. Esta situación es producto no sólo de un mayor desarrollo, sino de una mejor distribución del ingreso. Según el organismo multinacional, los países que liderarán el crecimiento durante este año serán Argentina, con 3,1 por ciento y Brasil con 2,9 por ciento. Pero, de acuerdo a datos recientes de economistas no K, la economía criolla ha crecido casi un 5 por ciento durante el primer semestre, a pesar de que en los estudios televisivos se la pasan dibujando un futuro desalentador y negativo. ¡Cuántos problemas tendrán los exponentes de la oposición para sobrellevar la campaña electoral en curso! Pobres, sobre que no tienen demasiadas ideas para presentar a la sociedad, ahora tampoco tendrán excusas.

Del drama a la deslegitimación

Artimañas de los no-políticos

Al dolor que provocan ciertos hechos, se suma la excitación que despierta en algunos la proximidad de la sangre. Sobre todo, cuando pretenden convertir el luto en golpe político. Conscientes de que han perdido toda sutileza, arremeten contra su blanco preferido y no dudan al acusar al Gobierno de violador, asesino y choca-trenes. Movileros que editorializan, locutores que vociferan apresuradas conclusiones, cronistas que creen ser mejores sabuesos que los investigadores profesionales. Todo vale a la hora de construir miedo; todo sirve para generalizar la desconfianza; cualquier cosa es aprovechable para alimentar prejuicios. Los datos no importan: el espectáculo puede prescindir de ellos. Las cámaras deben estar lo más cerca posible, aunque obstaculicen el trabajo de los rescatistas. El público, desde la cómoda butaca de la sala, debe sentir hasta la náusea el hedor de la tragedia. El mensaje que transmiten en cada episodio es muy fácil de asimilar: todos estamos expuestos a la desidia de este Gobierno que nos conduce inevitablemente a la catástrofe.

A principios de esta semana, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentó en el Congreso Nacional una guía de orientación para generar una “cobertura periodística responsable en los desastres y catástrofes”. Gerardo Halpern, uno de los autores, explicó que esta guía “es una caja de herramientas disponible para los trabajadores de medios”. El objetivo es “generar una serie de recomendaciones y orientaciones al alcance de los trabajadores de medios para una cobertura responsable de catástrofes y desastres”,  agregó. Como doctor en Ciencias Antropológicas de la UBA y analista de dinámicas discriminatorias en los medios de comunicación, Halpern invita a “revisar y modificar nuestras prácticas para acompañar un cambio de concepción, en el que prime la función social de la información”. El escrito es un decálogo que incluye la preparación de los periodistas para afrontar la emergencia de un modo seguro, la necesidad de evitar la magnificación de datos y la espectacularización y buscar la preservación de la propia vida del periodista. También sugiere considerar la información como servicio público y practicar el respeto a la intimidad de los afectados.

Después de las inundaciones de La Plata y la CABA, los integrantes de la Defensoría del Público –órgano creado por la LSCA para proteger los derechos del consumidor de medios- analizaron la cobertura desplegada por los cinco canales de la TV abierta. Una de las anomalías detectadas es la saturación de la voz de los protagonistas y testigos de la catástrofe, ante una insuficiente presencia de declaraciones especializadas. El listado de criterios y recomendaciones es el resultado de un conjunto de mesas de discusión con periodistas, camarógrafos, productores ejecutivos, representantes sindicales y organizaciones sociales. La capacitación para trabajadores de prensa y la confección de un protocolo nacional que oriente el trabajo en contextos especiales son necesidades imperativas.

Los diez puntos elaborados por este organismo son de fácil comprensión y cumplimiento. Entre otras cosas, el documento aconseja “identificar las principales fuentes gubernamentales y no oficiales procurando pluralidad, diversidad y calidad de la información”; “centrar la cobertura en información precisa y verificada con fuentes jerarquizadas y fehacientes”; “informar sobre las tareas de asistencia a la población, prevención de riesgos, accidentes, enfermedades, lugares de traslado y elementos que se necesitan”; “no transmitir imágenes de cadáveres o primerísimos planos de heridos que intensifican el aspecto dramático no informativo del acontecimiento”; “evaluación posterior del trabajo periodístico y, de ser necesaria, asistencia psicológica”. Y el autor de estos apuntes, agregaría que todo debe estar condimentado con prudencia, mesura y, sobre todo, la mejor de las intenciones ante un drama consumado.

Pero nada de esto ocurrió en los dos hechos que conmovieron la agenda informativa de esta semana. En el caso del asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, los medios con aspiraciones gubernamentales apelaron, una vez más al latiguillo de la inseguridad, recurso que apunta a la disolución de los lazos sociales y la deconstrucción del espacio público. La posibilidad de la violación se convirtió en una invitación para el despliegue de sus más perversas consignas. Una pena que los familiares hayan evitado la explosión de gritos, llantos, amenazas y linchamientos que tanto ilumina las pantallas e incrementa el rating. Nada de eso: sólo una mesurada declaración que resistió la embestida de los micrófonos carroñeros. La falta de esas imágenes tan ilustrativas no evitó que, desde el estudio, el conductor de turno agregue los condimentos necesarios para exhibir un regodeo ante el drama ajeno que no puede provocar más que asco. Más aún cuando, después de la autopsia, la confirmación de que la joven no había sido víctima de violación provocó una pérdida de interés informativo. Claro, al transformarse en un caso policial no azaroso perdió su potencia para asestar un oportuno golpe político.

Pero nunca pierden las esperanzas. El jueves sorprendió con un escenario adecuado para desplegar el catálogo destituyente que puede garantizar el futuro de las minorías. El choque entre dos trenes reavivó los argumentos anti-políticos que permitirían la restauración conservadora que tanto desean. Si la Tragedia de Once puso en evidencia la necesidad de tomar las riendas del transporte ferroviario, los hechos de Castelar parecen sentenciar que nada es suficiente. El desconcierto del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, más la “bronca e impotencia” que confesó La Presidenta sugieren otro paradigma respecto a la movilidad sobre el riel. “La verdad es que estamos poniéndole todo en inversión, tiempo y recursos humanos”, reconoció CFK. Coches nuevos, vías reparadas, frenos a estrenar, unidades restauradas, controles rigurosos. Pero el accidente –o lo que sea- ocurrió. El tren no sólo no frenó, sino que incrementó su velocidad, a pesar de las señales de advertencia. Los sistemas de frenado funcionaron en las estaciones anteriores pero fallaron cuando no debían hacerlo. Las sospechas de un sabotaje estremecen, pero que los esfuerzos realizados para revertir un abandono que lleva décadas se vean neutralizados por esta tragedia, puede provocar cierto desaliento.

O al contrario, invita al desafío de continuar con la recuperación de un país que fue víctima de un saqueo insaciable. Contraponer los logros para minimizar las consecuencias del siniestro significaría aceptar el juego de los carroñeros, que utilizan muertos y heridos como piezas en un tablero. Para eso están los jueces mediáticos y los políticos serviles, para convertir el drama en dardos envenenados, para imprimir con sangre las promesas de campaña, para ocultar con quejas circunstanciales los intereses mezquinos de personajes rapaces. Después de tan funesto acontecimiento, las lágrimas son inevitables, pero no deben embarrar el camino.

Los nostálgicos y sus peores tretas

Insurrectos del país que se viene

Todavía quedan algunos que se resisten a los nuevos vientos que soplan desde hace diez años, como si lo que tanto preservan hubiese tenido resultados favorables para el país. Entonces, será necesario soplar con mayor potencia para sacudir el polvo que desluce nuestro futuro. El fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, parece un balde de agua fría para las intenciones de democratización del Consejo de la Magistratura. O así lo narran los medios con hegemonía en disminución. Algunos, ya en el colmo de la euforia, celebran lo que consideran una derrota, un duro golpe para el Gobierno. Desde que comenzó a circular como proyecto, la resistencia a las reformas del Poder Judicial ha inspirado las consignas más descabelladas y los análisis menos sesudos. Y también, como consecuencia de lo anterior, ha despertado los miedos más infundados. “Yo no sé, si hubiéramos largado un programa de monarquización de la Justicia comprendería que todo el mundo estuviera tan nervioso o indignado, pero la palabra democracia no puede atemorizar a nadie”, ironizó CFK en Río Gallegos. Pero además, per sé, el sistema judicial es casi una monarquía o, al menos, muchos jueces parecen ostentar títulos nobiliarios que los convierten en intocables. Y, de acuerdo a lo que se desprende del fallo, hasta impolutos, inmaculados.

“Quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de quiénes deben ser los funcionarios políticos”, desafió La Presidenta en el mismo acto. En rigor de verdad, los exégetas de la Constitución se esfuerzan en vociferar difusas interpretaciones de lo que literalmente no es tan explícito. El artículo 114 de la Carta Magna dice: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

No establece la manera en que se elegirán los integrantes. No menciona la representación corporativa ni la democrática. Puede ser por sorteo o licitación, porque dependerá de la Ley que apruebe el Congreso. Así de simple. Sólo sugiere que sea “de modo que se procure el equilibrio” entre legisladores, jueces, abogados, académicos y científicos. Tampoco dice cuántos tienen que ser sus miembros, porque dependerá del “número y la forma en que indique la ley”. Una ley debatida y votada por el Congreso es la que determinará cuántos serán y cómo se elegirán los miembros del Consejo de la Magistratura. Está muy claro, salvo para los que quieren oscurecer. Lo que también está claro es que la reforma apunta a modificar algo que para el establishment debe permanecer intocable y por eso tamaña resistencia.

Porque tampoco la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe velar la constitucionalidad, la respeta demasiado. Carlos Fayt, uno de sus miembros, es quien tiene congelada desde hace diez años una medida cautelar que beneficia al diario La Nación por una deuda fiscal de casi 280 millones de pesos. Y lo peor es que tiene lazos familiares con uno de los editores de la Tribuna de Doctrina. Por otro lado, hace veinte años que no debería ser miembro del Supremo Tribunal porque excede el límite de edad. El inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución prohíbe expresamente que los jueces puedan mantenerse en su cargo más allá de los 75 años. Sólo pueden seguir ocupando el sillón por cinco años más con la autorización del Senado. Una cláusula transitoria establecía que estas disposiciones entrarían en vigencia a partir del 22 de agosto de 1999, pero tres días antes, una acordada de la Corte Suprema, la anuló. Por si fuera poco, una resolución similar exime a los jueces pagar el Impuesto a las Ganancias, a pesar de que sus ingresos son por demás de abultados. Si ponemos la Constitución en manos de quienes no la cumplen, estamos más que fritos.

Pero los que quieren fritar en serio al Gobierno son los integrantes de la Mesa de Enlace, que luego de gruñir y amenazar por un par de semanas, sólo lograron lanzar un cese de comercialización de tres días con la salmodia quejosa y lacrimógena de siempre. La sede porteña de la Federación Agraria emitió un comunicado en el que exige la disminución de las retenciones “hasta su total eliminación”. El vicepresidente de la FAA, Julio Currás, manifestó que “la soja ha dejado de ser negocio, porque aumentó la inflación y la alta presión tributaria”. Si bien el apellido es una invitación para dudar de todos sus dichos, hay datos que lo desmienten.

Durante 2012, un propietario obtuvo una rentabilidad bruta entre 130 y 200 por ciento y un arrendatario, superior al 53 por ciento. De acuerdo a un informe de la Corriente Agropecuaria Nacional y Popular –CANPO- el costo de los insumos de la presente campaña disminuyó en comparación con la anterior. Un productor de trigo deberá desembolsar un 19 por ciento menos para adquirir glifosato, un 11 por ciento menos para el gasoil y en fletes ahorrará un 15 por ciento. Los productores de maíz, en los mismos rubros, dejarán de gastar un 12,5, un 4,5 y un 8,1 por ciento, respectivamente. ¿Qué quieren, entonces? ¿Ganar más a costa de contribuir menos? Y, de ser posible, recibir subsidios para no tener siquiera que invertir. Aunque insistan, no podrán reinstalar el escenario destituyente de 2008, que logró sumar voluntades en pos de sus mezquinos intereses. Muchos velos han caído desde aquellos angustiantes días y sólo podrán recibir la simpatía de un puñado de individuos que ven en La Política el origen de todos sus inexistentes pesares.

En eso está la clave: si en 2001 la crisis fue el resultado de la claudicación de toda voluntad política, hoy nos encontramos con un Estado que promueve el crecimiento y garantiza gradualmente la redistribución del ingreso. Ahí está el peligro para los nostálgicos del peor pasado. Por eso tanta resistencia. Aunque enumerar los logros de esta década ocuparía muchas páginas, nadie pretende dormirse en los laureles. La sensación del colectivo es que todavía no llegamos, pero, indiscutiblemente, éste es el camino. Y eso lo saben los que ponen zancadillas. Por eso se resisten, complotan, confabulan, arremeten. Por eso mienten, amenazan, denuncian, calumnian. Porque no encuentran manera de frenar el nuevo país que promete domesticarlos para siempre.