Los nostálgicos y sus peores tretas

Insurrectos del país que se viene

Todavía quedan algunos que se resisten a los nuevos vientos que soplan desde hace diez años, como si lo que tanto preservan hubiese tenido resultados favorables para el país. Entonces, será necesario soplar con mayor potencia para sacudir el polvo que desluce nuestro futuro. El fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, parece un balde de agua fría para las intenciones de democratización del Consejo de la Magistratura. O así lo narran los medios con hegemonía en disminución. Algunos, ya en el colmo de la euforia, celebran lo que consideran una derrota, un duro golpe para el Gobierno. Desde que comenzó a circular como proyecto, la resistencia a las reformas del Poder Judicial ha inspirado las consignas más descabelladas y los análisis menos sesudos. Y también, como consecuencia de lo anterior, ha despertado los miedos más infundados. “Yo no sé, si hubiéramos largado un programa de monarquización de la Justicia comprendería que todo el mundo estuviera tan nervioso o indignado, pero la palabra democracia no puede atemorizar a nadie”, ironizó CFK en Río Gallegos. Pero además, per sé, el sistema judicial es casi una monarquía o, al menos, muchos jueces parecen ostentar títulos nobiliarios que los convierten en intocables. Y, de acuerdo a lo que se desprende del fallo, hasta impolutos, inmaculados.

“Quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de quiénes deben ser los funcionarios políticos”, desafió La Presidenta en el mismo acto. En rigor de verdad, los exégetas de la Constitución se esfuerzan en vociferar difusas interpretaciones de lo que literalmente no es tan explícito. El artículo 114 de la Carta Magna dice: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

No establece la manera en que se elegirán los integrantes. No menciona la representación corporativa ni la democrática. Puede ser por sorteo o licitación, porque dependerá de la Ley que apruebe el Congreso. Así de simple. Sólo sugiere que sea “de modo que se procure el equilibrio” entre legisladores, jueces, abogados, académicos y científicos. Tampoco dice cuántos tienen que ser sus miembros, porque dependerá del “número y la forma en que indique la ley”. Una ley debatida y votada por el Congreso es la que determinará cuántos serán y cómo se elegirán los miembros del Consejo de la Magistratura. Está muy claro, salvo para los que quieren oscurecer. Lo que también está claro es que la reforma apunta a modificar algo que para el establishment debe permanecer intocable y por eso tamaña resistencia.

Porque tampoco la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe velar la constitucionalidad, la respeta demasiado. Carlos Fayt, uno de sus miembros, es quien tiene congelada desde hace diez años una medida cautelar que beneficia al diario La Nación por una deuda fiscal de casi 280 millones de pesos. Y lo peor es que tiene lazos familiares con uno de los editores de la Tribuna de Doctrina. Por otro lado, hace veinte años que no debería ser miembro del Supremo Tribunal porque excede el límite de edad. El inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución prohíbe expresamente que los jueces puedan mantenerse en su cargo más allá de los 75 años. Sólo pueden seguir ocupando el sillón por cinco años más con la autorización del Senado. Una cláusula transitoria establecía que estas disposiciones entrarían en vigencia a partir del 22 de agosto de 1999, pero tres días antes, una acordada de la Corte Suprema, la anuló. Por si fuera poco, una resolución similar exime a los jueces pagar el Impuesto a las Ganancias, a pesar de que sus ingresos son por demás de abultados. Si ponemos la Constitución en manos de quienes no la cumplen, estamos más que fritos.

Pero los que quieren fritar en serio al Gobierno son los integrantes de la Mesa de Enlace, que luego de gruñir y amenazar por un par de semanas, sólo lograron lanzar un cese de comercialización de tres días con la salmodia quejosa y lacrimógena de siempre. La sede porteña de la Federación Agraria emitió un comunicado en el que exige la disminución de las retenciones “hasta su total eliminación”. El vicepresidente de la FAA, Julio Currás, manifestó que “la soja ha dejado de ser negocio, porque aumentó la inflación y la alta presión tributaria”. Si bien el apellido es una invitación para dudar de todos sus dichos, hay datos que lo desmienten.

Durante 2012, un propietario obtuvo una rentabilidad bruta entre 130 y 200 por ciento y un arrendatario, superior al 53 por ciento. De acuerdo a un informe de la Corriente Agropecuaria Nacional y Popular –CANPO- el costo de los insumos de la presente campaña disminuyó en comparación con la anterior. Un productor de trigo deberá desembolsar un 19 por ciento menos para adquirir glifosato, un 11 por ciento menos para el gasoil y en fletes ahorrará un 15 por ciento. Los productores de maíz, en los mismos rubros, dejarán de gastar un 12,5, un 4,5 y un 8,1 por ciento, respectivamente. ¿Qué quieren, entonces? ¿Ganar más a costa de contribuir menos? Y, de ser posible, recibir subsidios para no tener siquiera que invertir. Aunque insistan, no podrán reinstalar el escenario destituyente de 2008, que logró sumar voluntades en pos de sus mezquinos intereses. Muchos velos han caído desde aquellos angustiantes días y sólo podrán recibir la simpatía de un puñado de individuos que ven en La Política el origen de todos sus inexistentes pesares.

En eso está la clave: si en 2001 la crisis fue el resultado de la claudicación de toda voluntad política, hoy nos encontramos con un Estado que promueve el crecimiento y garantiza gradualmente la redistribución del ingreso. Ahí está el peligro para los nostálgicos del peor pasado. Por eso tanta resistencia. Aunque enumerar los logros de esta década ocuparía muchas páginas, nadie pretende dormirse en los laureles. La sensación del colectivo es que todavía no llegamos, pero, indiscutiblemente, éste es el camino. Y eso lo saben los que ponen zancadillas. Por eso se resisten, complotan, confabulan, arremeten. Por eso mienten, amenazan, denuncian, calumnian. Porque no encuentran manera de frenar el nuevo país que promete domesticarlos para siempre.