Al borde del hartazgo

Obstáculos que desafían la paciencia infinita

Si en lugar del programa “Mirar para cuidar”, que incluye un acuerdo de precios sobre 500 productos y un control constante para su cumplimiento, el Gobierno Nacional hubiera embestido como un toro contra los especuladores de siempre, los agoreros tendrían verdaderos motivos para espantarse. Si en vez de dialogar y concertar, se hubiera intimado y sancionado, el incremento de los precios sería cosa del pasado. Si en lugar de acrecentar sus ganancias desaforadamente, los empresarios del sector alimenticio invirtieran en mayor producción, cuidaran más a sus clientes y se dejaran conducir por un sueño colectivo y no por ambiciones individuales, este apunte habría comenzado de otra manera. Si los encargados de fabricar y vender alimentos no fueran tan grandotes, sería más fácil invitarlos al futuro. Si estos condicionales se convirtieran en realidad, el camino sería más fácil. Por eso hay que apelar a estos vericuetos amigables y poner todo el empeño para hacer que funcionen, mientras se diseñan estrategias que domestiquen a los saboteadores.

Saboteadores que se han convertido en una plaga, más aún con la proximidad de las elecciones. El premio mayor de sabotaje histórico se lo lleva el Grupo Clarín que, gracias a la complicidad de jueces y opositores, ha congelado durante cuatro años la adecuación que dispone la LSCA. Y también ha esquivado acatar las resoluciones del organismo de control y la Justicia para modificar la grilla de programación e incorporar las señales que Cablevisión tiene censuradas. Pero el conglomerado más monstruoso de la región no se conforma con pisotear la ley, sino que plantea exigencias pecuniarias que, por muchos motivos, no merece.

Aunque los trescientos medios que controla el Oligopolio hacen lo imposible para horadar la gobernabilidad, diseñan ficciones con forma de denuncia, agitan fantasmas y magnifican prejuicios, Canal 13 reclama equidad en la distribución de la pauta del oficialismo que tanto desprecian. Desde el punto de vista económico no la necesitan, porque los ingresos publicitarios superan las monedas que pueden recibir por la difusión de los actos de gestión. Con suerte, apenas alcanza al 5 por ciento del total. La demanda es más simbólica que material.  No lo precisan, pero es una manera de ejercer presión y una excusa más para victimizarse. Sin embargo, la Sala 4 en lo contencioso administrativo fijó un plazo de 30 días para que el Gobierno Nacional establezca “pautas de proporcionalidad y equidad” en la distribución de la propaganda oficial en los canales abiertos de la CABA.

Uno puede pensar que la aparición de spots oficiales cargados de buenas noticias lograría un equilibrio con la abundancia de estiércol que puebla esa pantalla. Pero el público que supieron construir no aceptaría semejantes contenidos plenos de optimismo. Además, mientras no cumplan con la ley aprobada por mayoría en el Congreso, no merecen recibir un solo centavo. Por el contrario, la pauta oficial debería estar orientada hacia aquellos medios que no tienen la posibilidad de recibir grandes sumas en contratos publicitarios y no hacia los que capturan cifras millonarias de los más acaudalados anunciantes. Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Moran y Rogelio Vicenti no pensaron en estas cosas al emitir su fallo. Quizá haga falta una ley para diseñar una distribución de la pauta que fomente el desarrollo de medios sin fines comerciales y garantice un acceso equitativo a la palabra y no para engrosar arcas ya demasiado saturadas.

Un poco ingenuo pensar que una ley puede modificar algo. O sí, pero cuando puede aplicarse. Los enredos judiciales han abundado en estos años, sobre todo los pergeñados para proteger intereses corporativos. Las medidas cautelares bombardean toda legalidad y retrasan cualquier iniciativa transformadora. Antes de la promulgación de las Leyes que buscan democratizar el Sistema Judicial, los recursos de amparo comenzaron a brotar como hongos en cientos de tribunales distribuidos en todo el país. Claro, lo que más molesta es que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos a través del voto de los ciudadanos. Por ahora, sólo una docena tuvo éxito, pero hay muchos más en la fila. Ante tal catarata, los representantes del Estado presentaron un escrito que solicita a la jueza federal María Servini de Cubría que, con su competencia electoral, se pronuncie sobre el fondo del asunto. También está a disposición el recurso del per saltum a la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros están ansiosos por participar en la discusión.

Pero más ansioso por ser parte de la vida nacional está el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que no ve la hora de ponerse la banda para desandar el camino de estos diez años y retornar al angustiante statu quo de los noventa. Como un dedicado jugador, se entrena para borrar de un plumazo las conquistas que iluminaron la vida de millones. Y lo más interesante es que no disimula sus intenciones de restaurar el modelo colonizador que nos dejó en la ruina. Su sinceridad es bestial y no pretende engañar a nadie. Siempre dispuesto a protagonizar los titulares, engendró un índice de precios al consumidor –IPC, de ahora en más- a la medida de los deseos carroñeros. Ana María Edwin, directora del demonio mediático conocido como INDEC, advirtió que “cuando el marketing le gana a la política, los que pierden son los ciudadanos”. La funcionaria aseguró que el indicador porteño “no tiene ningún sustento metodológico” y agregó que, para “hablar de lo técnico-científico hay que tener conocimiento y Macri adolece” de ellos. El Alcalde Amarillo explicó que el IPC CABA lo vienen estudiando desde hace unos meses porque “queríamos un elemento que aporte más certidumbre, no más confusión”. Y, como si fuera una frase para un póster para jardín de infantes, sintetizó: “el Gobierno Nacional está decidido a mentir sistemáticamente”.

No será la primera vez que se dice, pero siempre hará falta reiterarlo: “el Indec no fija los precios, los consumidores no fijan los precios, el Gobierno tampoco. Los que fijan los precios son los empresarios”. Así de simple y comprensible lo dijo el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en la extensa jornada de siete horas que ocupó su informe en el Senado. A riesgo de ser insistente, Abal Medina aconsejó a los senadores no “seguir la agenda mediática de un monopolio que quiere imponer sus intereses”. Con los culebrones que se tejen en esos medios, contribuyen al desprestigio de la política, “que es la herramienta fundamental e imprescindible para el cambio”, concluyó.

Nada es fácil cuando la mezquindad se convierte en la brújula de unos pocos. Todo cuesta más cuando los obstáculos se disfrazan de crítica. Los cambios son más lentos cuando los opositores conspiran en las sombras para llenar de baches el sendero. Pero cualquier boñiga pierde su hedor cuando hay un colectivo que se consolida a cada paso para alcanzar el país que se vislumbra en el horizonte.