Del drama a la deslegitimación

Artimañas de los no-políticos

Al dolor que provocan ciertos hechos, se suma la excitación que despierta en algunos la proximidad de la sangre. Sobre todo, cuando pretenden convertir el luto en golpe político. Conscientes de que han perdido toda sutileza, arremeten contra su blanco preferido y no dudan al acusar al Gobierno de violador, asesino y choca-trenes. Movileros que editorializan, locutores que vociferan apresuradas conclusiones, cronistas que creen ser mejores sabuesos que los investigadores profesionales. Todo vale a la hora de construir miedo; todo sirve para generalizar la desconfianza; cualquier cosa es aprovechable para alimentar prejuicios. Los datos no importan: el espectáculo puede prescindir de ellos. Las cámaras deben estar lo más cerca posible, aunque obstaculicen el trabajo de los rescatistas. El público, desde la cómoda butaca de la sala, debe sentir hasta la náusea el hedor de la tragedia. El mensaje que transmiten en cada episodio es muy fácil de asimilar: todos estamos expuestos a la desidia de este Gobierno que nos conduce inevitablemente a la catástrofe.

A principios de esta semana, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentó en el Congreso Nacional una guía de orientación para generar una “cobertura periodística responsable en los desastres y catástrofes”. Gerardo Halpern, uno de los autores, explicó que esta guía “es una caja de herramientas disponible para los trabajadores de medios”. El objetivo es “generar una serie de recomendaciones y orientaciones al alcance de los trabajadores de medios para una cobertura responsable de catástrofes y desastres”,  agregó. Como doctor en Ciencias Antropológicas de la UBA y analista de dinámicas discriminatorias en los medios de comunicación, Halpern invita a “revisar y modificar nuestras prácticas para acompañar un cambio de concepción, en el que prime la función social de la información”. El escrito es un decálogo que incluye la preparación de los periodistas para afrontar la emergencia de un modo seguro, la necesidad de evitar la magnificación de datos y la espectacularización y buscar la preservación de la propia vida del periodista. También sugiere considerar la información como servicio público y practicar el respeto a la intimidad de los afectados.

Después de las inundaciones de La Plata y la CABA, los integrantes de la Defensoría del Público –órgano creado por la LSCA para proteger los derechos del consumidor de medios- analizaron la cobertura desplegada por los cinco canales de la TV abierta. Una de las anomalías detectadas es la saturación de la voz de los protagonistas y testigos de la catástrofe, ante una insuficiente presencia de declaraciones especializadas. El listado de criterios y recomendaciones es el resultado de un conjunto de mesas de discusión con periodistas, camarógrafos, productores ejecutivos, representantes sindicales y organizaciones sociales. La capacitación para trabajadores de prensa y la confección de un protocolo nacional que oriente el trabajo en contextos especiales son necesidades imperativas.

Los diez puntos elaborados por este organismo son de fácil comprensión y cumplimiento. Entre otras cosas, el documento aconseja “identificar las principales fuentes gubernamentales y no oficiales procurando pluralidad, diversidad y calidad de la información”; “centrar la cobertura en información precisa y verificada con fuentes jerarquizadas y fehacientes”; “informar sobre las tareas de asistencia a la población, prevención de riesgos, accidentes, enfermedades, lugares de traslado y elementos que se necesitan”; “no transmitir imágenes de cadáveres o primerísimos planos de heridos que intensifican el aspecto dramático no informativo del acontecimiento”; “evaluación posterior del trabajo periodístico y, de ser necesaria, asistencia psicológica”. Y el autor de estos apuntes, agregaría que todo debe estar condimentado con prudencia, mesura y, sobre todo, la mejor de las intenciones ante un drama consumado.

Pero nada de esto ocurrió en los dos hechos que conmovieron la agenda informativa de esta semana. En el caso del asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, los medios con aspiraciones gubernamentales apelaron, una vez más al latiguillo de la inseguridad, recurso que apunta a la disolución de los lazos sociales y la deconstrucción del espacio público. La posibilidad de la violación se convirtió en una invitación para el despliegue de sus más perversas consignas. Una pena que los familiares hayan evitado la explosión de gritos, llantos, amenazas y linchamientos que tanto ilumina las pantallas e incrementa el rating. Nada de eso: sólo una mesurada declaración que resistió la embestida de los micrófonos carroñeros. La falta de esas imágenes tan ilustrativas no evitó que, desde el estudio, el conductor de turno agregue los condimentos necesarios para exhibir un regodeo ante el drama ajeno que no puede provocar más que asco. Más aún cuando, después de la autopsia, la confirmación de que la joven no había sido víctima de violación provocó una pérdida de interés informativo. Claro, al transformarse en un caso policial no azaroso perdió su potencia para asestar un oportuno golpe político.

Pero nunca pierden las esperanzas. El jueves sorprendió con un escenario adecuado para desplegar el catálogo destituyente que puede garantizar el futuro de las minorías. El choque entre dos trenes reavivó los argumentos anti-políticos que permitirían la restauración conservadora que tanto desean. Si la Tragedia de Once puso en evidencia la necesidad de tomar las riendas del transporte ferroviario, los hechos de Castelar parecen sentenciar que nada es suficiente. El desconcierto del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, más la “bronca e impotencia” que confesó La Presidenta sugieren otro paradigma respecto a la movilidad sobre el riel. “La verdad es que estamos poniéndole todo en inversión, tiempo y recursos humanos”, reconoció CFK. Coches nuevos, vías reparadas, frenos a estrenar, unidades restauradas, controles rigurosos. Pero el accidente –o lo que sea- ocurrió. El tren no sólo no frenó, sino que incrementó su velocidad, a pesar de las señales de advertencia. Los sistemas de frenado funcionaron en las estaciones anteriores pero fallaron cuando no debían hacerlo. Las sospechas de un sabotaje estremecen, pero que los esfuerzos realizados para revertir un abandono que lleva décadas se vean neutralizados por esta tragedia, puede provocar cierto desaliento.

O al contrario, invita al desafío de continuar con la recuperación de un país que fue víctima de un saqueo insaciable. Contraponer los logros para minimizar las consecuencias del siniestro significaría aceptar el juego de los carroñeros, que utilizan muertos y heridos como piezas en un tablero. Para eso están los jueces mediáticos y los políticos serviles, para convertir el drama en dardos envenenados, para imprimir con sangre las promesas de campaña, para ocultar con quejas circunstanciales los intereses mezquinos de personajes rapaces. Después de tan funesto acontecimiento, las lágrimas son inevitables, pero no deben embarrar el camino.