Un gallinero alborotado

¿Vacas sagradas o pavos reales?

Algunos consideran que las reacciones respecto del tan mentado fallo de la CSJ ubican al oficialismo y sus aliados al borde de la sedición. Embarrados en la oposición patológica, confunden disconformidad con desacato. Más aún cuando en su dictamen, los Supremos no logran justificar la inconstitucionalidad que sentencian. Simplemente, expresan su rechazo, pero no fundamentan ninguna contradicción con la letra de la Carta Magna. Un sabor amargo deja este episodio porque da la razón a los apologistas del statu quo. Y más amargo todavía por la imposibilidad de apelar tan caprichosa decisión. La institución que debe velar por el equilibrio del sistema, amañó el fiel de la balanza para inmovilizar la inclinación de los platillos. Contra todo lo que afirman, abandonaron el disfraz independiente y se zambulleron en las torrentosas aguas de la oposición. Provocativos, tensaron la escena política en medio de un proceso electoral. Pacatos, se perdieron la ocasión de protagonizar el camino hacia un nuevo sistema judicial. Conspiradores, se suman a operaciones mediáticas para desgastar al Gobierno Nacional. Ingenuos, creen que todo terminó, cuando en realidad, esta Historia recién comienza.

Aunque no lo tuvieron en cuenta, con la negativa dejaron una puerta abierta. Con la ostentación de ese poder absoluto, señalaron los próximos pasos. En cierta forma, nos dejaron con las ganas de transformar el único poder intocado desde el retorno a la democracia. Por más que los voceros del establishment hablen de hordas K que pretenden atropellar al Poder Judicial, muchos entienden lo que está en juego. Y los que no, es porque no quieren. O no les conviene. “Democracia o corporación judicial” significa mucho más que un lema. Este adversativo se convierte en condición necesaria para abandonar definitivamente el pasado que tanto daño nos ha hecho y que amenaza volver.  “No hemos venido a quejarnos de un fallo, eso es un episodio anecdótico –aclaró el fiscal Jorge Auat en el acto frente al Palacio de Tribunales- Hemos venido a sostener nuestras convicciones. Estamos planteando un cambio de paradigma, un cambio cultural para los tiempos que vienen”.

La dirigente de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida valoró la figura del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni “y a todos los jueces y fiscales que están llevando adelante los juicios de lesa humanidad”. La presidenta de “Justicia legítima”, la jueza María Laura Garrigós de Rébori señaló que se va acatar el fallo, pero “como el agua nos vamos a ir metiendo, no vamos a dejar de reflexionar”. Porque el movimiento que nació hace unos meses que incluye jueces, fiscales, abogados e integrantes de otras organizaciones sociales realiza reuniones periódicas en donde se discute qué es democratizar la Justicia, qué es una corporación y cuáles son los peligros que acarrea. “Hablamos de la práctica consuetudinaria armada alrededor de un poder de características aristocráticas”, explica Garrigós de Rébori. Sin escudarse detrás de nada, los miembros de Justicia Legítima ponen los temas sobre la mesa para una discusión frontal, con la firme decisión de delinear un nuevo sistema judicial para el país que se viene.

Pero no todos actúan a la luz del día. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti denunció ante sus pares una supuesta investigación de la AFIP que, desde el ente recaudador se esmeraron en negar. Después, los medios agregaron lo suyo para transformar la picardía en una enorme bola de estiércol. Ahora, algunos miembros del Máximo Tribunal encomendaron a algunos funcionarios que se reúnan para aclarar la situación con representantes de la AFIP. Aunque no haya habido ningún intento de indagación fiscal, este no-episodio quedará en la memoria colectiva como una presión del Poder Ejecutivo a la Corte. El viejo truco del Gobierno autoritario ataca de nuevo.

Moncholos, mojarritas y bagres muerden el anzuelo y agitan sus colas para defender lo que de ninguna manera está en peligro. El diputado por el PRO, Federico Pinedo –un patricio siempre a disposición de las causas patricias- denunció a Ricardo Etchegaray por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El Código Penal, en el capítulo 4, artículo 248, advierte que este delito será “reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario que dicte resoluciones “contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. Si la AFIP hubiera iniciado una investigación no podría considerarse como un delito encuadrado en esos artículos. A pesar de esto, la denuncia de Pinedo puso en movimiento las ruedas de la Justicia y el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli destinarán su valioso tiempo para estas tonterías.

Como en un partido de Wimbledon, los pelotazos pasan de un campo a otro con notoria rapidez. La Corte saca con el fallo de inconstitucionalidad y supuestamente, el Gobierno responde con la investigación de la AFIP, que no existió. Pero el rumor sirve para ensuciar el ambiente. De revés, los Supremos disponen la reapertura de una causa en la que el ministro de Planificación, Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minicelli habían sido acusados por enriquecimiento ilícito. Cabe aclarar que los sospechados fueron sobreseídos en tres oportunidades por la Cámara Federal y la de Casación, pero la firma de cinco de los Jueces vuelve a activar una causa, más para alimentar titulares que para buscar justicia. Porque los bienes denunciados eran anteriores a la llegada a la función pública de De Vido y su esposa y el resto estaba de acuerdo con los ingresos declarados. En definitiva, en tres fallos diferentes se sentenció que no había enriquecimiento ilícito. Pero todo vale cuando algunos jugadores son también árbitros.

Y el oficialismo responde con un proyecto de ley que pondrá en manos del Consejo de la Magistratura el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la política salarial y la facultad de crear cargos y asignar personal a los tribunales. Esta iniciativa con forma de remate busca quitar a la Corte Suprema el manejo de los fondos, tal como dispone la Constitución en el inciso 3 del artículo 114. Allí afirma que le corresponde al Consejo “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Aunque el texto de la constitución es muy claro, una acordada de la Corte del año 2000 dispuso apropiarse de los fondos y atribuirse su administración. Como en varias ocasiones se ha mencionado en estos Apuntes, es la propia Corte la que no cumple con muchos puntos de la Constitución con sus arbitrarias acordadas. Y ellos son los guardianes absolutos de la constitucionalidad, los que no dudan en amoldarla a los intereses del poder siempre invisible.

Si en los noventa, Menem tenía una Corte adicta, CFK tiene hoy una Corte opositora. Esto no sería tan grave, pues el kirchnerismo está acostumbrado a lidiar con opositores que brotan de los rincones más oscuros. Pero cuando el antagonismo no surge del voto, sino de un poder que se cree venerable, el asunto es más grave. Y lo peor es que apelan a las espurias estrategias de los opositores en serio. No sea cosa que detrás de todas estas simulaciones escondan el objetivo de mancillar la constitucionalidad de la Ley de medios, que toda resolución referida a ella pretendan presentarla como producto de una presión o amenaza. Como sea, ya están manchados. Y poco podrán hacer para limpiarse. El prestigio que los condujo hasta el trono agoniza. Las vacas sagradas se están transformando en gallinas revoltosas. El país que estamos construyendo no admite ni unas ni otras. Y pronto serán parte del pasado que debemos abandonar. Un tropiezo más en este luminoso y apasionante camino.