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miércoles, 28 de diciembre de 2011

Los desobedientes que se victimizan

En nuestro país, cada uno es libre de pensar como quiera. De eso no caben dudas. Además, ni en el gobierno más autoritario existe la posibilidad de controlar el pensamiento, que es algo tan íntimo y privado que ni siquiera el propio usuario lo conoce en su totalidad, de tan inabordable que es. Por eso, cuando alguien sale a decir por algún medio que “en este país no se puede pensar distinto”, es inevitable esbozar alguna sonrisa. Para que quede más claro: no hay censura, no hay aprietes a periodistas, nadie atenta, desde el Gobierno al menos, contra la libertad de expresión y las personas pueden pensar lo que quieran. El ciudadano desprevenido podrá advertir que en los últimos tiempos se están tomando medidas que afectan a algunas de las propiedades del Grupo Clarín y hasta es razonable que crea que eso ocurre como resultado de una persecución porque esos medios actúan como oposición al Gobierno. Pero las medidas que afectan al “multimedios” no buscan silenciar o modificar contenidos, sino regular funcionamientos empresariales. La lectura del “ataque a la prensa”, “atentado a la libertad de expresión”, “gobierno autoritario” forma parte de la reacción defensiva de los que no quieren acatar las normas surgidas de un gobierno democrático. Estos empresarios no están acostumbrados a obedecer, sino a ser obedecidos; están más habituados a gobernar desde las sombras que a ser gobernados desde la luz de la democracia. Por eso, cualquier orden o regla a cumplir, para ellos es una muestra de autoritarismo y no de autoridad. A la hora de defender sus privilegios, no importa mentir, desestabilizar, angustiar.
La semana pasada, con un espectacular operativo que incluyó gendarmes y todo, la Justicia, por orden del Juez Walter Bento, intervino Cablevisión a partir de una denuncia del Grupo Uno de Mendoza por competencia desleal. El Gerente General de la empresa del Grupo Clarín se defendió con argumentos que demuestran la casi nula tradición de obedecer al Poder Político. Carlos Moltini declaró que “esto es un proceso que incluye al ministro De Vido diciendo el año pasado que Fibertel no existe más, a la AFSCA –Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual- poniéndonos más de 500 multas por motivos absurdos y a la Secretaría de Comercio Interior fijando un sistema regulatorio de precios exclusivo para Cablevisión con el cual se intentó ahogar económica y financieramente a la empresa. La diferencia es que ahora utilizaron un modus operandi distinto poniendo como mascarón de proa al Grupo Vila-Manzano para tratar de que Cablevisión no exista más en los próximos 60 días”. Las expresiones resaltadas muestran  el poco respeto por la autoridad de las Autoridades. Luis Galli, gerente general del Grupo Uno, rechazó haber impulsado la medida por sugerencia del gobierno. “Es una manera de confundir a la gente. Dicen que somos un grupo kirchnerista, pero nosotros nos opusimos a la ley de medios y menos del 4 por ciento de la facturación total del grupo proviene de la pauta oficial que comercializa Télam, no mueve el amperímetro. Este es un conflicto empresario y lo que tiene que hacer el Grupo Clarín es dejar de victimizarse y tratar de demostrar que no hace abuso de su posición dominante”, aseguró.
La historia de esta causa es muy larga, como todas las que involucran al Grupo Clarín. El 7 de diciembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner aprobó el ingreso de Cablevisión como accionista de Multicanal, con la condición de cumplir con una serie de compromisos para beneficio de los usuarios en el término de dos meses. Como esos compromisos no se cumplieron, entre septiembre y diciembre de 2009 la Secretaría de Comercio Interior desaprobó la fusión, creando otro motivo más para la exagerada demonización del Licenciado Guillermo Moreno. En marzo de 2010, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, tomó una decisión similar, a partir de un nuevo dictamen de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor y le fijó a la empresa seis meses para dividir los activos y vender una de las partes. “La fusión no le generó ningún beneficio a los usuarios del cable. Lo que hizo el monopolio fue avanzar sobre los derechos de los consumidores”, afirmó el ministro en aquel momento. Pero el Grupo Clarín apeló la medida y Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó en suspenso la resolución el 20 de abril del año pasado.
En una muestra más de que este grupo empresarial está acostumbrado a acomodar el país a sus ambiciones, Carlos Moltini profundiza en la explicación del conflicto. El blanco de sus críticas –además del Gobierno Nacional- fue el juez Bento y Daniel Vila, cara visible del Grupo Uno, que presentó la denuncia por prácticas anticompetitivas en el mercado de la TV por cable. “El Grupo Vila debería haber hecho la presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia –explica Moltini- pero lo hicieron en Mendoza porque es el lugar donde consiguieron un juez federal adicto a ellos que les firmó cualquier cosa”. Y ahí se pisa, el gerente. Porque precisamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre todo en su artículo de desinversión, la anulación de la fusión de Cablevisión y Multicanal y la continuidad de Fibertel están frenadas por medidas cautelares de jueces obedientes que firman sin leer. Como también será frenada por jueces cómplices en el futuro la nueva ley que regula la producción y distribución del papel para diarios.
Entre los abusos de la posición dominante se encuentra la negativa al reordenamiento de la grilla, desatendiendo la disposición del AFSCA, que ubica a los canales informativos al comienzo de la numeración y después los canales de aire. Cablevisión mantiene a la señal propia TN entre Telefé y el Trece, para tener una posición de privilegio en el zapping del usuario. Por otra parte, se niegan a incluir señales como Paka Paka, Telesur o Inca TV. Además, intentó desplazar al canal Garage TV desde el 20 al 63, lo que significa algo menos que el destierro. Y todo porque el productor, Miguel El Haiek, se negó a vender la señal a Cablevisión en el año 2007. Desde entonces, las presiones padecidas por el productor han llegado a ser denunciadas ante la justicia.
Por eso es importante no dejarse engañar. Lo que ellos llaman ataque a la libertad de prensa o de expresión no es más que un gesto cínico para defender los intereses empresariales. Ninguna libertad es absoluta. Las leyes están para ordenar nuestras libertades. Los dueños del monopolio se rasgan las vestiduras por la libertad de expresión, que en realidad, es un tema que no les interesa. Lo único que les importa es su propia libertad para seguir siendo dueños del país que supieron destruir.

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