Trampas de carnaval

El gobierno de los Amarillos nos está arrastrando por un camino peligroso, no sólo desde lo económico y social, sino también desde lo ético. Que el homicidio cometido por el policía Chocobar se convierta en modelo de protección ciudadana y habilite una irresponsable discusión sobre la pena de muerte es un ejemplo de ello. Tan confiados se sienten los personeros del Cambio del resbaloso sendero elegido, que osan despertar el morbo de la sociedad atropellando códigos, leyes y hasta la Constitución. Una estrategia embrutecedora para apartar de la agenda los graves problemas que genera el modelo de los globos y los chanchullos en los que están involucrados casi todos los funcionarios. Una pantomima para despabilar el lado oscuro de los prejuicios y consolidar un consenso tan menguante que ni la prepotencia mediática cómplice puede disfrazar.

Aunque las voces oficiales se esfuercen, el caso Chocobar no es prevención del delito ni legítima defensa. Los testimonios y el video así lo demuestran. Sin embargo, el empresidente y sus secuaces gambetean los hechos para sustentar el embuste. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debió apelar a mentiras infames y barbaridades jurídicas con el fin de tranquilizar las sucias conciencias que todavía la avalan. Cuando el policía disparó a mansalva, Pablo Kukoc estaba escapando, la cámara había sido recuperada y el turista norteamericano estaba a salvo. Y además, había caído por una herida en la pierna. Indefenso, fue ejecutado. Incomprensible que este claro episodio haya habilitado la discusión sobre la pena de muerte.

José Miguel Vivanco, responsable para América de Human Rights Watch, calificó el mensaje oficial como “peligroso” porque "está dispuesto a darle carta blanca a las fuerzas de seguridad para cometer abusos en la persecución de delitos". El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con su decadente encanto para embaucar, aseguró que “la política de seguridad está basada en el cuidado de los argentinos”, aunque Chocobar efectuó nueve disparos en plena calle que podrían haber impactado en algún transeúnte. Y Pablo Kukoc, a pesar de ser delincuente, también era argentino. Para reforzar el cinismo que siempre lo desborda, Peña Braum confesó creer “en la buena fe de los integrantes de las fuerzas de seguridad”, aunque hayan mentido en los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Pablo Kukoc y el informe de Gendarmería sobre el suicidio de Nisman. Tanto mienten que el fiscal Ricardo Sáenz, militante PRO a cargo de la acusación de Chocobar, fue interrumpido en la lectura de su alegato por los camaristas de la Sala VI porque más parecía un defensor del homicida. Y después dicen que los fanáticos están de este lado de la Grieta.  

Mascaradas con vencimiento

La demagogia punitiva es la estrategia PRO para convocar a su núcleo duro. Una especie de justicia exprés que más se parece a un delivery exterminador. Si Macri, Bullrich, Durán Barba y todo el elenco gubernamental aprovechan este abuso policial para desviar nuestra atención, explotemos al máximo esta obvia treta para dejarlos al descubierto. El imaginario odiador supone la pena de muerte como una solución inmediata para la creciente inseguridad. Este es el resultado previsible de tanta manipulación perversa. Instaurar el castigo capital que pocos países tienen necesitaría, en nuestro marco institucional, reformar la constitución y los códigos penales y procesales, además de romper pactos internacionales, algo que nos aislaría del mundo. Tanta transformación no se hace de un día para el otro. De lograr tanto retroceso, la acción de Chocobar está muy lejos de ese anhelo de pocos.

La ejecución de un reo no es instantánea: la captura, el juicio, la sentencia y la ejecución de un delincuente lleva años; tantos que, cuando se concreta, la opinión pública ni se acuerda del delito. Además, este mecanismo penal no se aplica a robos, hurtos, heridas leves, arrebatos sino al asesinato con saña. Relacionar la pena de muerte con la sustracción de una cámara con heridas punzantes leves es un despropósito. Si así fuera, ¿cómo deberíamos castigar a los evasores, especuladores y explotadores que roban y dañan a casi toda la sociedad?

Claro que, con un presidente como Macri, todo se trastoca. Mientras fiscales y jueces acólitos inventan causas para demonizar, perseguir y encarcelar a todos los que huelan a kirchnerismo, el Ingeniero condenado por contrabando, perdonado por la estafa de las cloacas de Morón, con cuentas off shore no declaradas y que intentó perdonarse la deuda de 70 mil millones de pesos que su empresa tiene con el Estado, puede pontificar sobre honestidad y transparencia. Y, además de endeudarnos por cien años, traspasa un límite monstruoso al homenajear a un procesado por “abuso de legítima defensa”, una manera amarilla de tildar una ejecución in situ.

El Cambio nos obliga a transitar senderos oscuros y escabrosos. Sancionar con la muerte no soluciona nada, como demuestran las estadísticas en los países donde esa pena existe. Más allá de los trastornos psicológicos que pueden configurar a un homicida, ningún niño dirá que de grande quiere ser delincuente, salvo en contextos particulares. Si bien no todo pobre es ladrón, la desigualdad creciente es una invitación para que lo sea. Y esto no debe tomarse como una justificación del delito menor, sino como una búsqueda de la solución. Que un excluido robe para comer, aunque esté mal, es una consecuencia de la exclusión que padece. Pero que un multimillonario escamotee fortunas a la sociedad abusando de su posición dominante debería indignar a todos. Más aún si tenemos en cuenta que ese accionar delictivo de los más ricos es lo que provoca tanta desigualdad.

Sin embargo, el Gobierno Amarillo está conformado por personajes así: angurrientos y despiadados; cínicos que incrementan de manera espuria su patrimonio mientras pregonan sobre la cultura del trabajo y el esfuerzo. Corruptos sin freno que señalan la paja en el ojo ajeno, mientras ostentan, sonrientes, las vigas que cuelgan de los propios. Beneficiados perpetuos del nepotismo oligarca que alimentan al resto con migajas meritocráticas. Ellos se reconocen, se acomodan y se protegen, dejando a la mayoría en la indefensión.

Arrebatadores de futuro, disfrazados de intachables, lograron copar La Rosada para conquistarlo todo: premian la ignorancia con ministerios, los chanchullos, con impunidad y el saqueo, con palmadas en la espalda. Amparados en el blindaje mediático, la complicidad judicial y la confusión del público, hacen del país un negocio exclusivo, tanto que terminará con una exclusión record.

Muchos lo advirtieron antes del balotaje, pero algunos se dejaron engañar. Con el tiempo, los colmillos de esta nueva alianza quedaron tan visibles que el desengaño comenzó a expandirse, no sólo en los votantes sino en aquellos que no fueron elegidos para consentir ni para garantizar una gobernabilidad que sólo beneficia a unos pocos. El freno a estos despiadados conquistadores debe accionarse de inmediato, sin nombres pero con banderas partidarias o argentinas, en las calles, en los tribunales, en el Congreso, con la plena convicción de que lo que Ellos planean no es el país que soñamos sino el pantano en el que muchas veces ya nos hemos zambullido.