Aunque ya estamos acostumbrados,
lo cotidiano registrado por las cámaras
de seguridad alimenta diariamente los espacios informativos. Robos,
asaltos, accidentes desfilan ante nuestros ojos como si fuéramos testigos de todo. A veces, esas cámaras muestran lo curioso, como el nene de cinco años que defendió a golpes a su mamá, víctima de
un robo. Otras, vemos cómo asaltan un maxi kiosco o una granjita. En estos
días, hemos visto hasta el cansancio al jubilado Jorge Ríos descargando su arma a un asaltante en plena
huida. Cabe aclarar que la obtención de ese video por parte de los medios
de comunicación es tan irregular como
una escucha ilegal, por lo tanto, al compartirlo en las redes nos estamos
convirtiendo en cómplices de una
ilegalidad. Claro que muchos medios lo difunden para hacer apología de la defensa por mano propia
o, como en este caso, un ajusticiamiento
in situ.
Obvio que este caso tiene
similitudes con el de Luis Chocobar, aunque la presencia del policía hace que sean diferentes. Pero en ambos se
puede observar que la vida del ejecutor
no corría peligro, como en el episodio del Carnicero Justiciero. Quienes justifican estos hechos –como
Patricia Bullrich, Sergio Berni y algunos periodistas del establishment-
olvidan que en nuestro país no existe la
pena de muerte. Y en donde existe, no se aplica a delitos tan leves. Lo que pasa es que el sentido común emanado del discurso hegemónico acepta estas
paradojas: que sea ley matar al paso a un asaltante de poca monta y defender a ladrones de fortunas como si
fueran carmelitas descalzas.
Veamos, si por robar un celular
alguien recibe un par de balazos de un transeúnte furioso, ¿qué penas deberían
merecer los funcionarios macristas que
incrementaron las tarifas de gas y electricidad hasta convertirlas en
impagables, es decir, en un robo? ¿O los que aumentaron en dólares los
peajes para que el Buen Mauricio pueda vender a mejor precio su empresa Autopistas del
Sol? ¿O los administradores de Vicentín, que fugaron todas sus deudas y evadieron tributos para después
declararse en quiebra? ¿Acaso los voceros del establishment plantean penas severas para tan sofisticados
delincuentes? No, al contrario: denuncian
persecución política o atentados contra la propiedad privada.
Durante meses, los rosarinos padecimos el humo de la quema de los
terrenos de las islas destinados al
pastoreo. Los periodistas locales llenaron las transmisiones con reclamos
por el perjuicio a la salud y el daño
ambiental sobre los humedales isleños. Ahora que se sabe quiénes son los
responsables de las quemas, ¿aceptarán como sanción apropiada multas que no alcanzarán para cubrir gastos
y menos reparar daños o pedirán sanciones más severas? No tanto como un
disparo de Chocobar, sino apenas la
pérdida de los derechos de propiedad de propietarios tan irresponsables.
Sigamos un poco en este juego de las paradojas. Si un ladrón
merece el disparo de un justiciero desencajado, ¿qué castigo merecerían los funcionarios del gobierno anterior que
endeudaron el país como nunca absolutamente
para nada? Y encima, por cien años.
Por supuesto, todo esto ha sido nomás un juego para poner en cuestión el
sentido común punitivo al que nos quieren llevar los que sólo contribuyen a construir un país más horrendo. Lo mejor
es educar al ciudadano en el respeto a la ley, lograr que nadie tenga necesidad de robar para poder vivir y que los que viven robando aunque tengan de todo
reciban un castigo en serio para que no sirvan de ejemplo a nadie. Y menos aún
que malgobiernen el país en un futuro no
muy lejano.
Siguiendo la lógica del establishment y los energúmenos que la reproducen, todo el directorio de Vicentin debería haber sido fusilado por defraudar al estado en 300 millones de dólares. Pero claro, Vicentin fue uno de los principales aportantes en la campaña de Cambiemos. Y después ellos hablan de impunidad... cínicos.
ResponderBorrar