Empezamos la semana con la asunción del flamante ministro de Justicia, Martín Soria. Pavada de trabajo le toca, después de haber dicho muchas veces como diputado que nuestro país necesita una profunda reforma judicial. Hace unas semanas se difundió una encuesta que, entre otras cosas, revelaba que más del 70 por ciento de los argentinos no cree en la Justicia. Ya sabemos que no debemos abrazar con fervor estos resultados: en ese porcentaje se engloba a los que piden perpetua por el robo de un celular, los que perciben que hay tribunales amañados y los que quieren que Cristina vaya presa aunque las causas que la involucran sean absurdas; y ese número también incluye a los que estamos convencidos de que el ex empresidente Macri debe estar en la cárcel, no sólo por el latrocinio de su gobierno sino por su accionar delictivo en las décadas anteriores.
Por decir algo así, la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto tuvo que soportar las críticas más despiadadas de muchos cambiemitas que,
recién ahora comprenden que no se puede
meter presa a una persona sin un juicio previo. Y también ahora se
convierten en predicadores de los DDHH a los que consideraban un curro y los
vulneraron con énfasis. La cárcel como método de extorsión, persecución y
adoctrinamiento fue una práctica muy
usada durante el mandato del Buen
Mauricio. Pero la protección de
muchos jueces hacia este ilegal personaje viene de antes, vale recordar. La Corte Suprema de Justicia menemista lo absolvió caprichosamente por el
contrabando de auto partes en 2002. Otra: en menos de una semana se vence
el plazo para que Correo Argentino, a cargo de Socma (empresa de la famiglia) entre en quiebra por una deuda que el Estado
reclama desde hace veinte años. ¡Veinte años!... que en el tango es nada
pero en este caso es un montón… y los
amarillos se enojan porque Estela considera que Macri debería ir preso.
La justicia, cuando es lenta,
deja de ser justa. Y cuando, además de lentísima, es cómplice de los poderosos que se lo pasan pergeñando estratagemas para
eludir la ley, estamos al horno. No basta con una reforma: hay que crear una justicia nueva con jueces
que no estén al servicio del establishment, sino del pueblo, que es el que debe
ser defendido de los salvajes empresarios. O, por lo menos, el gobierno
debería empezar a tomar medidas correctivas contra aquellos magistrados que retuercen la ley para agradar a sus amos.
Ya tendría que haber una ley o un decreto
que destituya sin pensión a los jueces que den curso a un amparo contra el
Aporte Solidario de la Grandes Fortunas. Un juez que habilita un recurso de
protección, no para un desamparado o un usuario estafado, sino para un
multimillonario que no quiere soltar un mango, no merece el honor de ser juez de la Nación.
En estos días, Canal Trece, Santo
Biasatti y María Laura Santillán fueron condenados
a indemnizar a ex funcionarios estatales por injuriarlos con una cámara
oculta del programa Telenoche Investiga. Por lesionar derechos personalísimos
de los agentes que denegaron la
internación de una niña por fallas estructurales del Instituto Nacional
para Ciegos Román Rosell. Uno puede decir “qué
bueno: una denuncia falsa que es sancionada”. Muy bien. ¿Pero de qué sirve,
si el programa se emitió en 2004?
Esa falsedad con formato de sentencia presentado como investigación seria y
comprometida ya hizo el daño que se
había propuesto. La sentencia es bienvenida, aunque debe ser cuestionada la
demora. Si queremos que nuestra sociedad sea más justa, no sólo los chorros
deben ser castigados en poco tiempo, sino
también los ricachones que, con sólo mover un dedo nos hacen la vida imposible.
En todo, no sólo con los mensajes mediáticos.
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