Cuando por las buenas no se puede

Casualidad o no, pero el índice privado siempre es un poco más del doble que el estatal. Cuestionado por costumbre, el IPC del INDEC registró en julio un aumento del 0,8 por ciento con respecto a junio y un 9,9 por ciento interanual. Aunque no cuentan con la estructura del organismo oficial, las consultoras privadas arrojan cifras que son tomadas por el arco opositor y que sirven, ni más ni menos, para hacer oposición. Los opo diputados afirmaron que la inflación fue en julio del 1,8 por ciento y de un 24,1 interanual. Números que no explican por qué el consumidor se encuentra siempre con los productos un poco más caros. Aunque no haya variaciones significativas en la macro economía, los precios aumentan siempre un poquito, como una gota que horada no la piedra, sino el poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien no son los fantasmas del pasado, el aumento constante de los precios produce incomodidad y da un argumento a una oposición desprovista de argumentos. Desde el oficialismo, se ha tratado de alcanzar acuerdos de precios, pero sin demasiado énfasis, con la convicción de que una inflación controlada es saludable para una economía en constante desarrollo.

Más allá de los números, todo se condensa en la puja por la distribución del ingreso. Y produce incomodidad en los que cuentan con un presupuesto acotado al sueldo. Desde la ortodoxia económica, la inflación se explica por el incremento de los salarios y la emisión monetaria. Desde el oficialismo, no hay demasiadas explicaciones. Sí algunas medidas como la instalación de mercados alternativos que venden productos a muy bajo precio, pero con una distribución geográfica que no favorece a gran parte de la población. Otra propuesta ha sido el apoyo a cooperativas o fábricas recuperadas por los trabajadores, cuyos productos no alcanzan para contraponer la angurria de las grandes empresas.

La discusión por la inflación debe poner sobre la mesa algunas cuestiones muy difíciles de afrontar: la concentración y la ganancia. Primero la dictadura y después el menemismo favorecieron una economía en pocas manos, sobre todo en la producción, distribución y venta de artículos de la canasta básica. Que seis cadenas de super e hipermercados concentren el 89 por ciento de la venta de los productos alimenticios es un dato alarmante. Al igual que la producción de aceite, con un 80 por ciento en manos de Molinos Río de la Plata y Aceitera Deheza; o los lácteos, con un 75 por ciento concentrado en La Serenísima y SanCor; o Ledesma, que monopoliza el 75 por ciento de la producción de azúcar. Mucho en pocas manos. Y por si esto fuera poco, durante los infames noventa se derogaron las leyes que obligaban a las empresas a presentar costos, por lo que los precios se ponen al voleo y siempre hacia arriba. El Estado no tiene manera de controlar lo que cobran estos enormes monstruos. Pero el kirchnerismo está acostumbrado a lo difícil y más temprano que tarde, surgirá alguna propuesta en ese sentido.

Hace poco más de un año, en Venezuela, se aprobó la Ley de Costos y Precios, que entró en vigencia el 22 de noviembre con resultados por demás de significativos. Esta normativa crea la Superintendencia de Costos y Precios, encargada de controlar el margen de ganancia de las empresas y puede regular cuando la consideren excesiva. Las empresas deben presentar una estructura de costos de cada producto, que será comparada con los datos oficiales y recién entonces, se aprueba el precio final. El resultado de los primeros meses de aplicación de este método es por demás de auspicioso, con una significativa desaceleración de la inflación. Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de Venezuela asegura que en cualquier país, un empresario o comerciante que gane hasta 20 por ciento sobre los costos se considera exitoso. “En cambio –asegura- algunos en este país quieren ganarle hasta el 500 o el 1000 por ciento a sus productos y servicios. Es una especie de expropiación que la burguesía industrial y comercial hace del ingreso de todos los venezolanos”. 

Ortega señaló que “gracias a la creación de la Superintendencia, el Estado tiene la oportunidad de detectar la especulación abusiva en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva”. Karlin Granadillo, la Jefa del organismo, sostuvo que “esta legislación es una herramienta que nos permite tomar medidas concretas en relación con el problema de la especulación, como una de las causas de la inflación y, a la par, nos posibilita ir en busca de cambios en el modelo económico en el país".

La dicotomía de siempre: libertad de Mercado o el Estado como interventor de la economía. El mercado siempre se auto-regula en su beneficio, con el consecuente perjuicio para los consumidores, que terminan consumidos después de tanta succión libertaria. En estos días, la consultora Ipsos-Mora y Araujo aseguró que, de acuerdo a un estudio reciente, CFK mantiene una alta aprobación de su gestión, cercana al sesenta por ciento. Lejos de lo que intentan instalar los medios dominantes, los hechos de inseguridad no influyen en la imagen presidencial y la inflación aparece como un problema menor. Lo que sigue impulsando la aprobación de La Presidenta son los planes sociales, la AUH, la salud, la educación, las obras públicas y el crecimiento económico. El estudio asegura que lo más despierta el apoyo de los encuestados es la intervención del Estado en la economía, a diferencia de lo que ocurría en los noventa. Entonces, como lo ha demostrado el Gobierno Nacional con todo éxito a lo largo de los últimos nueve años, ése es el camino que debe seguirse.

La recuperación de YPF se produjo después de muchas advertencias ante el saqueo evidente de la empresa multinacional Repsol. Los controles a la compra de dólares para ahorro y especulación se profundizaron ante la falta de respuesta de los individualistas de siempre. La Presidenta ha señalado en sus discursos que los empresarios han ganado mucho dinero durante los últimos años y que es tiempo de invertir para que la economía nacional sea un círculo virtuoso. Y que compartan sus cuantiosas ganancias. A pesar de eso, continúa la especulación, la evasión y la fuga de divisas.

Como un ejemplo de esto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió la existencia de 318 mil sociedades fantasma, que se han mantenido inactivas en los últimos 18 meses. Estas empresas han sido creadas por grandes firmas, presuntamente para operar de manera ilegal, con la emisión de facturas falsas para evadir tributos y fugar dinero. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a través de la Resolución General 3358, ordenó la cancelación del CUIT de estas sociedades inscriptas antes del 1° de enero de 2011. Aunque no sanciona a las empresas que operaban de esta manera, la medida actúa como una advertencia.

Es evidente que no se puede confiar en los que tienen mucho, porque siempre quieren más. No se puede tener una economía sana cuando gran parte de los productos de la canasta básica está en pocas manos. Una deuda pendiente es desarticular el entramado perverso construido durante las últimas décadas del siglo pasado. Si el Gobierno Nacional tuviera también un organismo de control de  costos y contara con las herramientas para sancionar a aquellas empresas y negocios que recaudan sumas cuantiosas a través de precios abusivos, la inflación no sería más un problema. Sería apenas un número que pasaría desapercibido.