Unidos y organizados, ¿quedó claro?

Tal vez sea una distorsión añeja producto del hábito o de la mala intención. O una construcción perversa anquilosada a lo largo de los años. De una u otra manera, cuando en situaciones cotidianas se usa el término ‘gobierno’, el sentido apunta hacia el Ejecutivo Nacional, saltando de forma prepotente el federalismo que tanto cuesta construir. Un intendente o un gobernador parece menos gobierno que el nacional, aunque suene extraño. O no tanto. A simple vista parece que todo lo que ocurre en el Territorio Nacional es responsabilidad –o culpabilidad, en casos extremos- del presidente. No se percibe de manera clara la competencia jurisdiccional. Los casos de tortura en las cárceles bonaerenses o en las comisarías salteñas salpican de manera inexplicable a La Presidenta de la Nación. Como así también los inconcebibles casos de corrupción y abusos de poder en la provincia de Formosa o en cualquier otro distrito. O el transporte público y la seguridad en la CABA. En realidad, parece que el ciudadano no tiene en claro cuáles son las competencias y responsabilidades de cada uno de sus representantes. Y también los límites de la incidencia en su bienestar –o malestar- general.

En el caso de la CABA, es posible apreciar un cordón umbilical que no se ha terminado de cortar con respecto al Ejecutivo Nacional. Antes de la reforma constitucional de 1994, la Capital Federal era competencia absoluta del presidente de la Nación, quien nombraba al intendente. De esa organización institucional, el imaginario capitalino se construía a partir de una dependencia absoluta con el Gobierno Nacional. Sumado a eso, el hecho de convivir con las principales autoridades de la República constituía un símbolo totalizador. Desde que la nueva constitución instaura la autonomía, algo nuevo comenzó a nacer con exagerada lentitud. Que recién este año, con 18 de autonomía, se esté discutiendo la responsabilidad administrativa del transporte urbano, indica una severa inmadurez. Por eso es comprensible –pero no tanto- que el ciudadano ‘crea’ en algunos de los inconsistentes argumentos del Jefe de Gobierno. Cuando reclama la presencia de la Policía Federal en hospitales y escuelas muestra una ignorancia absoluta de lo que es la autonomía o un objetivo perverso en sus reclamos. O las dos cosas. Ningún hospital o escuela del resto del país tiene custodia de la Policía Federal. En caso de ser necesaria la protección de un establecimiento provincial, serán los agentes de las fuerzas locales las que se harán cargo de la acción. Entonces, ¿por qué la Policía Federal tiene que encargarse de la custodia de un hospital de la CABA, habiendo fuerzas de seguridad locales? Distorsiones de una autonomía que se niega a abandonar la adolescencia y que se agiganta con la ineptitud y oscuridad del alcalde. El espacio compartido con las autoridades nacionales dificulta aún más la construcción de la autonomía, por convertirse en el escenario de los hechos más importantes de la vida política nacional. De ahí también la confusión de pensar la CABA como ‘El país’.

Por si fuera poco, el conglomerado urbano que rodea la Capital y que geográficamente parece integrada a ella tiene tres niveles administrativos: intendente, gobernador, presidente. Los casos de tortura en las cárceles bonaerenses son responsabilidad absoluta de la policía provincial, pero la construcción de la información parece conducir a una culpabilidad del Gobierno Nacional. Más confusión se agrega con respecto al polvorín delictivo de la provincia más poblada del país. Todo esto no justifica los hechos, sino que trata de ordenarlos. Que el gobernador Daniel Scioli transite por caminos diferentes al tomado por CFK es producto de una decisión personal, pero que confirma el carácter federal y autónomo de la administración provincial.

Como las vejaciones padecidas por los detenidos en las comisarías de Salta. Prácticas que deberían estar ya desterradas, se convierten en moneda corriente en muchos lugares del país. Un poco por las idas y vueltas que ha tenido la condena al terrorismo de estado después del retorno a la democracia. Pero el otro poco es contemporáneo y es el resultado del desprecio por la vida. Esa concepción que parece establecer que hay vidas más valiosas que otras. O individuos que consideran sus derechos como privilegios y que todo les pertenece. Y funcionarios cómplices que avalan la voracidad de los poderosos. Representantes que representan intereses particulares más que generales.

Esta semana tuvo como protagonista a la provincia de Formosa y su gobernador perpetuo. Denuncias y apologías se cruzaron en estos días como en un campo de paint ball. Corrupción y atropellos inconcebibles. Desigualdades que se eternizan. Y una alianza que ensucia. Los acuerdos electorales garantizan una victoria y la consecuente construcción de poder. Pero también deben asentar un camino, una coherencia, una construcción. Una coincidencia de objetivos que esté más allá de lo numérico. Sino esa alianza es meramente circunstancial y no aporta demasiado a la unidad. La unión es un pegote. La unidad es la armonía del todo. Un todo que es el país con el que muchos soñamos. Y el que todos nos merecemos.

Si bien La Presidenta no puede hacer mucho, algo debe hacer. Por lo menos, validar el compromiso asumido en la alianza electoral. Si hubo alianza, se debe profundizar la coincidencia. Si una provincia gobernada por un mismo signo partidario, lleva adelante medidas contrarias a lo acordado, se hace imprescindible algún llamado de atención. Si en algunos distritos se profundiza la desigualdad por el abuso del poder y la corrupción, un mensaje correctivo es necesario. Pero no en voz alta. De lo contrario, los mismos que se rasgan las vestiduras por la situación en las provincias van a clamar a los cuatro vientos que La Primera Mandataria no respeta el federalismo. Gataflorismo al que estamos acostumbrados desde hace un tiempo. Unidos y organizados es la consigna que garantiza nuestro futuro. ¿Queda alguna duda?