Un gobierno para el motín

La justicia es lenta. Idea reiterada, pero que se confirma con los tiempos que se toman los jueces para dar un caso por cerrado. En estos días, La Presidenta fue sobreseída en una causa iniciada en 2008 por enriquecimiento ilícito. Cuatro años con una causa que no fue tal. Cuatro años de sospechas que comenzaron en los tiempos de la rebelión de los estancieros. Tanto tiempo para resolver que no había nada para investigar, siquiera. Cuando la política se judicializa, la justicia debería politizarse. O tal vez ya lo hace y por eso demora tanto. Los debates por la expropiación de CVS –ex Ciccone- se mezclaron con las denuncias mediáticas hacia el vicepresidente. Muchos senadores y periodistas afirman que la expropiación tiene como objetivo archivar la causa Boudou, que todavía no existe. Meses de denuncias no comprobadas, con un toque de absurdos, ya condenan al vice. Mientras tanto, con un juicio oral por escuchas ilegales a la vista, el Jefe de Gobierno porteño parece tener la amnistía. Amnistía que se extiende hacia la totalidad de su incomprensible no-gestión. O mejor dicho: una gestión que apunta a no gestionar y complicar los problemas existentes, en lugar de solucionarlos. O algo así.

Para el póster fue la cara que puso Ernesto Tenembaun cuando Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público de la CABA, se explayó sobre las bondades del gobierno porteño. Marcelo Zlotogwiazda había hecho algunas correcciones a los inconsistentes argumentos esgrimidos por Santilli para no hacerse cargo de la administración del subte, ante la mirada incómoda de su colega. Pero cuando el funcionario PRO habló del óptimo estado de las escuelas y hospitales públicos, Tenembaun no pudo disimular el desconcierto. La sorpresa ante una falacia tan evidente sólo inspiró un par de balbuceos y el llamado a un corte precipitado. Tal vez esperaba un poco de autocrítica y algunas promesas, pero no tanto cinismo.

La pregunta de Tenembaun apuntaba a una comparación entre modelo K y el modelo PRO. El conductor enumeró algunos hitos del Gobierno Nacional, como la AUH, el matrimonio igualitario, YPF y le preguntó qué podía exhibir Mauricio Macri como logros. Entonces Santilli comenzó con una guitarreada increíble. No incluyó, por ejemplo, los malos tratos de la UCEP a los indigentes, la ocupación del Borda para su demolición, las escuchas ilegales o la extraña concepción que tienen sobre la vida en democracia. Claro, faltaban unas horas para la inauguración del 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas, sino, todo hubiera sido más incómodo. Y más ridículo, si es posible.

Escuchar a Mauricio Macri cuando dice que CFK nos está llevando hacia un estado chavista puede producir más risa que otra cosa. Salvo en algunos que, lejos de haber superado los temores de la infancia, se toman toda la sopa ante la amenaza palpable del hombre de la bolsa. Eso es adoctrinar: la difusión de una doctrina es la repetición de consignas fáciles de comprender y recordar. Doctrina en su acepción más alejada de la sabiduría y más cercana al dogma. Una doctrina que no tiene como objetivo formar conciencia sino manipularla. El ingeniero usa el adjetivo ‘chavista’ con la intención de expresar con él todo lo horroroso que hay en el mundo. Como cuando en la España de Franco se hablaba de los rojos o de los ateos como los peores engendros de la Humanidad.

Cucos para los infantes y fantasmas para los adultos. Pero los cazafantasmas están siempre dispuestos para proteger a los indefensos ciudadanos de las hordas K. Por eso el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich –que en inglés sería ‘toro rico’ o ‘despropósito ridículo’- habilitó un 0800 para denunciar las actividades políticas en las escuelas, una verdadera obsesión para la derecha más retrógrada. Como siempre, las grandes medidas se basan en grandes titulares. La no-política se nutre del no-periodismo y de ese licuado resulta la no-gestión. Lo más absurdo de esta caza de brujas se fundamenta en la persecución del supuesto “fascismo” de La Cámpora. El Ministro fue muy claro: no busca prohibir la militancia política, sino “que se denuncie un delito: el uso de fondos públicos para adoctrinar”.

En noviembre del año pasado, Apuntes discontinuos contó el accionar de Junior Achievement, una ONG de origen norteamericano cuyos objetivos se centran en la difusión de los principios neoliberales en las escuelas. Medio millón de estudiantes reciben, en horario escolar, interesantes instructivos para ser exitosos en el mercado financiero y en las altas esferas del empresariado privado, además de estrategias para evadir y especular. Los destinatarios son chicos entre cinco y veinte años que, con el desconocimiento de los padres y con serias críticas de pedagogos y especialistas en políticas públicas, reciben un recetario de cursos, charlas y actividades que los orienta hacia el individualismo para la construcción de un país desigual. Eso no tiene nada de malo para el equipo PRO: la derecha no es ideología, sino sentido común. El Estado ausente –y cómplice- es libertad; el Estado regulador es fascista, chavista, el cuco. El 0800 de Bullrich no está para denunciar la intromisión del Consenso de Washington en la educación, sino la difusión de aquellas ideas que se contrapongan.

Los que se pensaban dueños de un discurso único indiscutible, invencible, advierten que el control se va de sus manos. Los PRO –y todos los que los secundan- están cercados por argumentos que los desbordan. Y como no encuentran manera de contra-argumentar, responden sólo como ellos saben, como monos con navaja. Por eso, algunos de los senadores de la oposición no sabían qué decir durante el debate sobre la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica.

Si bien la oscura relación de esta empresa con los diferentes gobiernos hasta no hace mucho puede resultar sospechosa, lo importante es que, después de la aprobación en Diputados del proyecto con media sanción del Senado, la impresión de billetes quedará en manos del Estado Nacional. “La cantidad de deudas que tiene la empresa con el Estado es enorme –expresó el senador oficialista, Aníbal Fernández- La vocación del Gobierno es recuperar algo que nunca debió haber dejado de estar a cargo del Estado para evitar que en cualquier lugar del país se sigan haciendo negocios, o curros, como quieran llamarlo, con lo que les pertenece a todos los argentinos”. La discusión del proyecto de nueve artículos se mezcló con las denuncias periodísticas que pesan sobre el vicepresidente Amado Boudou, como no podía ser de otra manera. El senador Marcelo Fuentes denunció una “puesta en escena” para atacar a ex ministro de Economía y reclamó “autonomía” a la oposición para que la agenda política “no se la dicten desde un multimedio”. Walter Barrionuevo, por su parte, explicó que “el Grupo Clarín lo eligió como blanco de sus ataques” porque no le perdonan “ser mentor intelectual y ejecutor material de la recuperación por parte del Estado del sistema previsional argentino”.

Y el Estado sigue avanzando, con la convicción de que es la única manera de construir un país justo e inclusivo. A pesar de las protestas mediáticas y los 0800, la política se constituye como la única herramienta para alcanzar esos objetivos. De qué otra manera podría explicarse los buenos resultados que arrojan los controles a la compra de dólares. Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central, la salida neta de capitales del país por parte del sector privado fue menos de la tercera parte que el mismo período del año pasado. Las restricciones cambiarias y los ajustes al mercado de divisas frenan la sangría de la fuga de capitales. Eso es chavismo, para el líder del PRO. Defender estos controles a la especulación y la evasión es fascismo para Bullrich. La inoperancia es gestión y complicar la vida de los ciudadanos es gobernar. Eso sí, gobernar para el desastre porque, como decía la abuela, a río revuelto...