Debates sobre la recuperación de un país

El programita de la TV Pública que tanto enoja al establishment está presentando algunos debates que pueden ser interesantes, aunque deban suspender para eso el objetivo de desarticular el discurso mediático dominante. Claro, eso si continúan con la línea de invitar opositores con ganas de contraponer propuestas y modelos, para corregir el rumbo de nuestro querido país. No tiene demasiado sentido invitar a aquéllos que son sólo rupturistas. Un debate político no es un encuentro de Titanes en el Ring o un patético griterío en el living de “Intrusos”. Un revoleo de denuncias ante la defensa de las transformaciones que ha tenido nuestro país en los últimos años no es muy enriquecedor. Las denuncias pueden resultar reveladoras si no apuntan a la destrucción absoluta del camino que hemos emprendido. Con el periodista Jorge Lanata no hay muchas posibilidades de debate, porque él no defiende nada, sino que ataca todo desde la particularidad del dato. Con Marcelo Bonelli, tampoco, porque no se entiende lo que dice. Con muchos exponentes de la oposición política ocurre algo similar, como se vio en las sesiones en el Congreso por la expropiación de CVS. La diputada del PRO Laura Alonso demostró, a través de un mensaje en Twitter que su capacidad para el debate es inexistente. Decir que cuando Macri sea gobierno –en la dimensión desconocida, por supuesto- no existirá La Cámpora y Vatayón Militante la desautoriza plenamente; o que la SIDE y la AFIP no perseguirán al que piensa distinto sugiere el retorno al pensamiento único que tanto daño nos ha hecho. Interesante lo de la AFIP. Si para la diputada pensar distinto es evadir, por supuesto que la AFIP deberá perseguir al evasor.

Además de sus dichos poco democráticos, el mensaje de Alonso revela que algo nuevo molesta. Inexplicablemente, el organismo recaudador ha tomado mayor protagonismo en los últimos tiempos, lo que demuestra que se ha terminado la paciencia y que la estrategia de la persuasión ha fracasado. Empresas grandes y chicas, nacionales y multis, comerciantes, productores y representantes de fútbol… Todos evaden. Y eso dificulta la redistribución del ingreso. El zócalo de un noticiero decía hace unos días: La AFIP está insaciable. Proyección, se llama este procedimiento. Cuando se acusa al otro de algo que ostenta el propio acusador. Precisamente, son los que más ganan los que más evaden. Y sobre eso no hay debate posible. Aunque llama la atención que recién ahora se están desarticulando los siniestros mecanismos que utilizan los evasores, nunca es tarde si el objetivo es que todos contribuyan. No sólo los grandes grupos económicos locales y multinacionales estructuran sus negocios para abusar de las zonas grises que deja la legislación; también algunos ahorristas y hasta los representantes de futbolistas. Con sus dichos, la diputada del PRO, Laura Alonso, sale a defender a individuos que sólo piensan en dañar el crecimiento económico del país. Hermoso ejemplo democrático y de defensa de las instituciones.

Porque las instituciones no tienen sentido si no actúan en defensa del objetivo colectivo, que es recuperar un país equitativo, en constante crecimiento con inclusión. Tampoco si están al servicio de las minorías angurrientas y saqueadoras, verdaderamente insaciables y destructivas. Por eso, algunas intervenciones en el Congreso revelaron más la defensa de intereses corporativos que la intención de construir institucionalidad. Si un tiempo atrás consideraban importante para el país que sea el Estado el que imprima los billetes y otros documentos, cuesta creer que esos mismos hayan votado en contra de la expropiación de CVS (ex Ciccone calcográfica). “Muchos bloques opositores presentaron proyectos en este mismo sentido. Algunos mantienen esa posición y otros la revirtieron. ¿Qué cambió de hace tres meses ahora?”, se preguntó el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. Claro que es extraña la historia de esta oscura empresa en relación con los sucesivos gobiernos, desde la dictadura hasta ahora. Pero para eso están las instituciones, para transformar lo que es oscuro en luminoso.

La discusión de esta ley se extendió porque muchos diputados se empeñaron en focalizar sus exposiciones en las denuncias periodísticas que pesan sobre el vicepresidente Amado Boudou. “El progresismo que no combate la corrupción o el progresismo ineficiente es tanto o más dañino que las concepciones neoliberales o antipolíticas en la gestión”, explicó Ricardo Alfonsín, como si supiera. “Esta ley va a ser recordada como la ley Boudou, la ley Ciccone o la ley de la corrupción”, dibujó Ricardo Gil Lavedra, olvidando todo principio de presunción de inocencia. Pero quien más se esforzó por romper la discusión en el Congreso fue la diputada Elisa Carrió, tan histriónica como destructiva. “No hay dudas de que el señor Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y tiene de rehenes a todos los diputados del Frente para la Victoria”, expuso, sin detenerse a pensar en lo contradictorio y ridículo de sus dichos. Y pidió, con el objetivo de obtener algunos segundos en los flashes informativos, que se “amplíen las denuncias penales a la Presidenta”. Y, por las dudas, Carrió deslizó una nueva denuncia hacia la nada: “los jueces federales de Comodoro Py son el banco que administra el freezer de la impunidad en la República Argentina”.

Pero el que sintetizó los motivos del verdadero enojo opositor fue Oscar Aguad. “Se va en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada, lo que está en juego es la propiedad privada”, aseguró. Al menos fue sincero. En su concepción de la vida, haga lo que haga el propietario, la propiedad es inviolable. Y después de los resultados a favor de la expropiación, el paraguas estaba ya abierto. Durante las dos semanas que duró el debate en ambas cámaras, políticos y periodistas que encabezan la oposición intentaron instalar la idea de que la medida apuntaba a garantizar la impunidad de Boudou. Ahí se ve la enagua, como decían las abuelas. Si en unos meses las investigaciones judiciales demuestran que las acusaciones hacia el ex ministro de economía no revelan la existencia de ningún acto de corrupción, seguramente dirán que la ley de expropiación cumplió con su objetivo.

Como la historia de expropiaciones no empieza ni termina con la ex Ciccone, basta ver los resultados de la YPF bajo el comando estatal. No sólo se ha recuperado la producción, sino también se está reduciendo el porcentual de importación de combustible. Pero además, se están ampliando las acciones de exploración. “Este es un día histórico –aseguró el presidente de la petrolera, Miguel Galuccio- en el cual ustedes deben sentirse orgullosos porque va a definir el futuro energético de los próximos veinte años”. Los proyectos de exploración que presentó esta semana y que se detallarán en los próximos días contempla la inversión de 277 millones de dólares en provincias que hasta ahora eran consideradas no petroleras para ampliar la frontera hidrocarburífera del país. “Estamos volviendo a cantidades de pozos de exploración que son históricas –anunció Galuccio- Pensamos terminar el 2012 con 50 pozos exploratorios versus los 19 que se hicieron en los últimos cinco años en promedio”.

Estos logros son la base para debatir en serio. Debatir con los que quieren la reconstrucción de un país, no con los que quieren retornar a los tiempos de la destrucción. Los que añoran volver a aquellos tiempos oscuros quedarán en soledad inoculando el veneno que ya pocos quieren consumir.