Casi no caben dudas de que la
sanción a la mordida del uruguayo
Luis Suárez resulta desproporcionada. Un escarmiento tan severo que la falta –grave,
en principio- ahora parece
insignificante. Una sanción que excede la jurisdicción de la Fifa, que anuló
los derechos de un ciudadano y lo echó de un país que no gobierna como si de un
perro rabioso se tratase. Exceso que deberá debatirse en el futuro, porque incluye el dominio absoluto de leyes y
principios del país ocupado por los
organizadores de los mundiales. Exageración que puede leerse en clave suramericana, si pensamos esta
institución deportiva como una multinacional con intenciones imperiales. Aunque
suene redundante decirlo, esto va más allá del fútbol y tiene muy poco de
deportivo. Como sea, los sudacas merecemos castigos más severos,
de acuerdo a la mirada de los que se creen dueños del mundo. Más aún cuando
los poderes que gobiernan las cosas no acceden a sus cargos por el voto popular
sino por mera prepotencia. Y con la complicidad de otros exponentes que tampoco
acceden por el voto popular, los jueces. Que el maltratado Griesa deba suspender sus vacaciones en Montana para atender las protestas de sus amigotes
platudos porque los sub-ciudadanos del
sur no satisfacen su angurria es una clara muestra de eso.
En rigor, todo lo que ha hecho
el juez Griesa en la causa de los buitres obedece a una caprichosa interpretación de las normas, desde el pari pasu hasta la sugerencia de
devolver los dólares depositados por el Gobierno Nacional, con el mero objetivo
de favorecer a los más fuertes. De cumplirse cada una de sus decisiones, el
orden legal se desmoronaría y daría
lugar a una demanda de nuestro país y los bonistas al Banco de Nueva York,
por renunciar a su función de distribuir ese dinero, como entidad fiduciaria
que, por contrato, debe ser. Lejos de aplicar justicia, el juez obedece a la avidez de una minoría
carroñera, sin que importe la letra de la Ley ni la soberanía de un país.
Pero además, pisotea la lógica del mercado financiero internacional,
desprestigia la timba neoyorkina y desalienta futuras negociaciones de deuda.
Este combo terrorista provocaría una nueva crisis del capitalismo
global y hasta su caída definitiva. Tal vez nos estemos equivocando al
analizar a Griesa: en lugar de republicano parece un revolucionario de los más audaces, que, con medidas en apariencia
conservadoras, trata de desmoronar el sistema.
Pero no es así, por supuesto.
Como este juez está en retirada, actúa más allá del bien y del mal. Además, permanece encerrado en una lógica colonial
que lo conduce a no entender razones, ni siquiera las vertidas por las
numerosas voces que cuestionan su accionar desde el núcleo intelectual del
capital globalizado. Tan rabioso está que ordena al banco a renunciar a sus
obligaciones contractuales. Un juez que
excede su jurisdicción, que aconseja no cumplir con las leyes, que manifiesta
sin disimulo su consustanciación con una de las partes, ¿merece ocupar ese
lugar?
Los
tribunales criollos
Primero, la Fifa que, con sus
castigos a la odontología futbolera, se erige no sólo como un jurado express
sino como legisladora y gobernante de
todo territorio donde ruede un balón. Después, Griesa quien, desde su
estrado geriátrico, legitima los
picotazos de los especuladores plumíferos y pretende someter el mundo a su
ideario patricio. Pero en casa también hay sombras similares. El Poder
Fáctico vernáculo busca, por todos los medios posibles, recuperar la hegemonía
que otrora explotaba. Como la batalla cultural se mantiene en un empate
técnico, la victoria se define por
penales en los palacios tribunalicios.
Una definición en manos de
funcionarios que no queda muy claro a quién representan y menos aún a qué
obedecen, si a un sentido de justicia o
a una impronta mediática destituyente. Ya no se sabe si las decisiones de
algunos juristas tienen como objetivo sancionar las malas conductas o
protagonizar titulares. El procesamiento al vice-Presidente Amado Boudou no
despertaría demasiadas sospechas de haberse producido en un momento diferente,
pero un viernes sobre el final de la jornada, aporta un sabor a titulares sobre alimentados.
En estos años de kirchnerismo
nos hemos acostumbrado a que muchas cosas ocurran por primera vez. Entre ellas,
el procesamiento de funcionarios en
pleno ejercicio, como Oscar Aguad, Mauricio Macri y, por supuesto, Amado Boudou.
Tan novedosa es esta situación, que no sabemos dónde pararnos ni cómo
reaccionar. Tanto el diputado radical como el Jefe de Gobierno porteño hace años
que están procesados y eso no les ha
impedido presentarse a elecciones ni desempeñar sus cargos. Tal vez esté
bien que así sea, porque los procesos judiciales son tan laxos y enredados que
pueden tomar una década o más. Claro, los
jueces tienen todo el tiempo del mundo porque sus cargos son eternos, a
diferencia de lo que ocurre con los representantes elegidos por el voto. Otra
cosa sería si los jueces tuvieran que someterse a una especie de evaluación
para refrendar el puesto. Y si
procesaron a alguien sin motivos, ni siquiera piden disculpas.
Los tiempos políticos, en
cambio, son más acelerados. Acotados a cuatro o seis años, estos personajes
deben actuar con mayor rapidez y justificar el rol que cumplen en la sociedad.
De lo contrario, quedarán afuera de las listas electorales. Si todos los sospechados o procesados
dieran un paso al costado, nos quedaríamos con poco para elegir. Más aún
cuando las denuncias se revolean como masa de pizza. Como los tiempos políticos
son más vertiginosos, juzgan más rápido. Y así, se corre el riesgo de la inequidad: mientras a un procesado lo coronan como ciudadano ilustre al otro le preparan un juicio político. Siempre hay que recordar lo ocurrido
con Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón, que fue destituido por la legislatura y mucho tiempo después, la
Justicia lo absolvió.
Mucho más rápidos son los
estrados mediáticos que crucifican sin piedad a aquellos personajes que caen en
su mira. Si lo hicieran de igual manera con todos los involucrados en la
comisión de un delito, no habría problema, pero la independencia de la que se
enorgullecen los conduce a un desequilibrio evidente. Con seguridad, gran
parte del público ignore que Macri y
Aguad están desde hace años en la misma situación en la que recién ingresa Boudou.
Y tampoco se les ha ocurrido proponer pasos al costado ni nada que se le
parezca. Con Amado es diferente, porque de alguna manera ya lo odian y merece el peor de los castigos, aunque no se sepa
bien por qué. En nuestro sistema judicial, toda persona es inocente hasta que
se demuestre lo contrario. Pero los medios fueron más allá de la Justicia y ya lo han condenado desde hace chiquicientos
titulares.
Esto no es una apología de
Boudou, sino un llamado a la coherencia. Si el Vice –y cualquier otro
procesado- da un paso al costado, confirmaría las sospechas, sobre todo
teniendo en cuenta los tiempos judiciales. Quizá
la sentencia –la que sea- se concrete cuando ya nos hayamos olvidado de él.
Y éste es el punto esencial: un caso judicial no puede ser eterno. De alguna
manera, habría que acelerar el proceso para que no tome una vida. Y también, comenzar a comprender que los jueces no son
enviados celestiales sino funcionarios –humanos y mortales- que actúan por
afinidad, interés y presión. Tan
influenciables y falibles como cualquier ciudadano. Y no se esfuerzan
demasiado por disimularlo. Lo único que se les puede pedir es que se equivoquen con mayor rapidez, para eliminar
un aspecto que contribuye al descrédito en la Justicia. De cara al futuro, habría que pensar en una reforma judicial
en serio, no para que sea perfecta sino un poco más confiable.
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