La aburridísima calesita de la Justicia

Después de brindar, repartir abrazos y desear felicidades hacia todas las latitudes y en diferentes idiomas, es momento de enfrentar la primera página en blanco de este nuevo año. Tan en blanco, no, porque algunos manchones quedan del que acabamos de abandonar. Uno de los desafíos que tenemos por delante es sanear en serio nuestro sistema judicial. Un poco más eficiente, más ágil y, sobre todo, más justo. Lo de ‘poco’ aparece para adaptar a dimensiones humanas tamaña misión. Ya no quedan dudas de que es el único poder del Estado que no ha sido alcanzado plenamente por la transformación democrática que hemos tenido en estos años. Cuando los jueces no están para resguardar los intereses de la mayoría, sino para proteger los privilegios de una minoría avarienta y destructiva, nuestros derechos están en peligro.

Menos mal que no son todos, sino algunos los que se resisten a los nuevos vientos que están soplando en Argentina. Si unos cuantos magistrados logran frenar la voluntad de las urnas, están vulnerando gravemente las instituciones. Y esto no quiere decir que los jueces deban obedecer al presidente de turno, pero tampoco significa que pisoteen las leyes para servir a los popes del Círculo Rojo. Ellos no dictan las normas: sólo deben aplicarlas. Esa es la única obediencia que da sentido a su cargo. Y si no están capacitados o tienen miedo de enfrentarse a los poderosos, la puerta de salida estará siempre abierta. Eso sí: los que deseen continuar con la sumisión o la complicidad con los que se creen dueños del país, que después no se quejen si los sacamos a los empujones.

En estos últimos años, se ha puesto en evidencia que la sanción de una ley no implica una modificación instantánea del asunto que trata. El más claro ejemplo lo podemos encontrar en las dificultades del Gobierno Nacional para desarmar la posición dominante en los medios de comunicación heredada de los noventa. Si la Dictadura había regalado a los diarios Clarín y La Nación el monopolio de la fabricación y distribución del papel prensa, el menemato otorgó en bandeja de plata la expansión hacia radio y TV. A través de sumisos decretos, el Infame Riojano anuló las restricciones dispuestas por la norma del auto-nominado Proceso. En 2009, el Congreso sancionó con indiscutible mayoría –sólo unos pocos representantes del Pueblo se opusieron- pero aún no se ha podido aplicar en su totalidad por el escudo perpetrado por algunos integrantes de la familia judicial. Jamás habíamos presenciado semejante entramado de connivencia para resistir los mecanismos constitucionales de una iniciativa gubernamental.

Una madeja cada vez más enredada

Después de algunas dilaciones, idas y venidas, la cosa comenzó a encaminarse a finales de 2013, con el fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. En una audiencia pública, con los flojísimos argumentos presentados por los abogados del Grupo Clarín, la sociedad pudo comprender que no estaba en juego la libertad de expresión sino la intención de dominarlo todo. La mega-empresa decidió agachar un poco la cabeza y presentó un plan de adecuación: la división del monstruo en seis monstruitos fue aceptada por el AFSCA, la autoridad de aplicación.

El nuevo conflicto se desencadenó cuando los funcionarios detectaron sociedades cruzadas entre los futuros propietarios de cada unidad, en un intento de burlar lo dispuesto por la ley. En casos así, se debe recurrir a la adecuación de oficio, que era lo que buscaban los empresarios del Grupo para poder erigirse en víctimas de una dictadura despiadada. Una provocación más para colmar nuestra paciencia. Entonces, el día después de armar el arbolito, el juez Horacio Alfonso dictó una medida cautelar que prolonga los privilegios de Clarín por seis meses. Y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de cuestionar a un magistrado que desoye un fallo de constitucionalidad, avalaron la cautelar por un problema de formas en la confección del pedido de per saltum. Estimados Supremos: ocupan ese lugar para velar por la constitucionalidad de las normas y su aplicación, no para hacer correcciones lingüísticas. Más aún en un tema tan debatido por la sociedad en foros federales y cuando la discusión por la regulación del sistema de medios está recorriendo la región. Esta es la puerta giratoria que tanto se denuncia desde los medios del Grupo. Más que puerta giratoria, parece una calesita aburridísima.

Por eso, este año será apasionante. No hay lugar para la indiferencia ni los lugares comunes. Si alguien protesta o se lamenta porque hay que votar varias veces, habría que recordarle que durante muchos años no podíamos votar ni siquiera una. Si alguien comenta por la calle que son todos iguales, habría que recomendarle que escuche atentamente a los postulantes y si no encuentra diferencias, debería revisar sus oídos. Si alguien menciona la necesidad de la alternancia, habría que explicarle que ésa es la súplica en formato teórico de los que saben que nunca ganarán. Y, por último, para no saturar con el recurso, si alguno despliega un catálogo de denuncias periodísticas, habría que advertirle que, a finales del siglo pasado, los que prometían transparencia nos hundieron como nunca. También, que los que denuncian a través de sus sicarios mediáticos tienen las manos más sucias que los denunciados.

Una vez más, la campaña electoral permitirá visualizar la posición de los candidatos respecto a las transformaciones que son imprescindibles. El manoseo con la LSCA y la actitud corporativa de los jueces puede aparecer como tema testigo. Los que reciten generalidades relacionadas con la libertad de expresión y la división de poderes tienen en mente enfriar la aplicación de la ley para prolongar la prepotencia empresarial. Y hasta pueden intentar derogarla o al menos modificarla a la medida de las pretensiones de Clarín. Eso significaría un retorno a los tiempos en que las corporaciones gobernaban el país al ritmo de sus apetencias, cuando el presidente sólo gerenciaba el país, en lugar de gobernarlo.

En cambio, cuando el candidato asegure que se va a aplicar la ley en su totalidad es porque quiere seguir por este rumbo, algo muy auspicioso para concretar el sueño del país equitativo. Afrontar los conflictos es la mejor promesa que podemos escuchar. El kirchnerismo enamora más por sus disputas que por sus consensos con los poderosos. El candidato ideal del oficialismo será aquél que se presente como un antihéroe decidido a combatir las desigualdades, aún sabiendo que tiene todas las de perder.

Regresar al peor pasado o avanzar unos cuantos casilleros es lo que estará en juego en las presidenciales: un negocio para unos pocos individuos o un país para el beneficio de todos. De esto nos ocuparemos durante este año, que promete ser glorioso: de reconocer las diferencias y convertirlas en un verdadero poder democrático.