Fin de año en el quirófano

Desde el punto de vista institucional, los primeros pasos del Gobierno Amarillo han despertado críticas desde las más coloridas tribunas. La ensayista Beatriz Sarlo expresó su tristeza por el avance a decretazos y atribuyó esa pulsión a “una falta de experiencia política seria”. En una extensa entrevista al ministro de Comunicación Oscar Aguad, el periodista Nelson Castro mostró su desacuerdo por el desembarco de las tropas en las oficinas de la AFSCA. Hasta los trabajadores de TN y Canal 13 se preguntan si esta forma de gobernar puede considerarse democrática, a través de un documento emitido en estos días. Pero los cuestionamientos no están basados sólo en las formas sino en una interpretación forzada –contradictoria- de la ley, además de un intento de inyectar antibióticos para eliminar una vez más una infección histórica. O de “extirpar el mal para siempre”, como expresó Mauricio Macri en una reunión con sus intelectuales. El mal es el kirchnerismo y los eufemismos, numerosos, pero el más reiterado es el sustantivo ‘militante’, que, a fuerza de decretos quieren convertir en una nueva modalidad delictiva.

Por supuesto, ‘militante’ es sinónimo de kirchnerista y ambos términos, en boca de sus detractores, tienen una connotación marcadamente negativa. Martín Sabbatella, el único presidente legal de la AFSCA, fue desalojado del organismo por ese solo motivo. La ley de SCA establece que las autoridades deben estar desacopladas del gobierno de turno porque es un ente autárquico y permanecen cuatro años en sus funciones. De 2013 a 2017. Sólo entonces podrá Macri elegir a un nuevo presidente y se conformará un nuevo directorio que funcionará hasta 2021. Y todo con acuerdo legislativo. Pero con la sola firma de varios decretos pisotearon todo esto. Claro, para Oscar Aguad “las leyes no pueden limitar la capacidad del presidente”. Entonces, ¿para qué juraron cumplir y hacer cumplir las leyes? ¿Para romper su juramento en dos segundos?

La única forma de remoción del presidente –en este caso Sabbatella- es con el voto de las tres cuartas partes de su directorio, federal y democrático y con motivos más válidos que la pertenencia política. El decreto que lleva la firma del empresidente Macri no sólo es ilegal sino contradictorio. En el texto reconocen que la AFSCA es un organismo descentralizado y autárquico, lo que no se condice con la creación del ministerio que lo tendrá bajo su órbita y menos aún la renovación de sus autoridades. Y con respecto al funcionamiento del organismo, también criticado en el decreto, desde su creación ha otorgado 127 licencias a organizaciones sin fines de lucro, 46 autorizaciones de pueblos originarios y entregó 629 premios del  Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Pero el mayor absurdo es que reconoce que desde 2009 no se han logrado avances significativos para descentralizar los sistemas de comunicación debido a la excesiva judicialización. Si es por eso, deberían intervenir Clarín, que ha utilizado hasta el abuso las medidas cautelares emitidas por jueces cómplices para impedir que la democratización de la palabra se convierta en realidad.

La rebelión es saludable

Además de los diputados kirchneristas y exponentes de fuerzas políticas opositoras, como Myriam Bregman, Pino Solanas y Humberto Tumini, otras voces se expresaron en contra de la atrocidad decidida por el gobierno de Macri. Uno de los redactores de la ley de SCA, Damián Loreti, abogado por la UBA, doctor en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, consideró que Macri “viola el espíritu de la normativa”. El “órgano colegiado tiene miembros elegidos con un proceso de designación transparente, con participación ciudadana y con criterios de selección previos y objetivos de idoneidad” y no con la arbitrariedad con que se designó a Agustín Garzón, tan militante como Sabbatella. Y Loreti agrega que se “se reemplazó un directorio plural de siete personas, con participación de las provincias, usuarios, académicos, trabajadores, empresas, bloques parlamentarios, sociedades de gestión de derechos y pueblos originarios por un interventor partidario”.

Desde la OEA, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, asegura que “el propósito de Macri es conformar un organismo a imagen y semejanza del partido ganador, lo que atenta con la autonomía de AFSCA que garantizaba Martín Sabbatella al frente del directorio”. Insospechable de ser un militante de La Cámpora, Lanza sostiene que ese avasallamiento a la ley que hizo Macri contradice “los estándares internacionales que dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos, que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo a los principios de legalidad”. Para Lanza, “la estructura de AFSCA es uno de los aspectos más positivos de la ley porque Argentina había establecido por primera vez –pionera en la región- un organismo con participación de la oposición, la sociedad civil, de las ciudades… Eso es un adelanto”.

Lo que no es ningún adelanto, sino todo lo contrario, es que Macri se reunirá en enero con los representantes del Grupo Clarín para anunciarles la suspensión de la adecuación a la ley de la empresa Cablevisión, tema que no es de su competencia. Favor con favor se paga, dice un dicho popular. "A todas luces hay un grupo que tiene niveles de concentración muy importantes –continuó Lanza con su análisis- estamos hablando de libertad de expresión, no de una empresa que vende galletitas. Los medios de comunicación son vehículos para la libertad de expresión. Los monopolios, oligopolios y la concentración indebida afectan la libertad de expresión". Y como para que no queden dudas del camino que condujo a Macri hacia La Rosada, Lanza concluyó: "en el caso de la concentración de medios lo que ocurre es una afectación de la democracia, porque ese grupo va a imponer su mirada, va a limitar otras, va a combatir a ciertos gobiernos o criticar a la oposición".

Quizá por esto la tan encarnizada acción contra las actuales autoridades de la AFSCA: quieren reemplazar un directorio plural por un individuo cómplice de la posición dominante. Para el oficialismo, Sabbatella es un militante que resiste con rebeldía el arribo de la nueva impronta. Sin embargo, Sabbatella defiende una legalidad que se quiere vulnerar mientras el Congreso está clausurado y la Justicia, anonadada. Mientras el juez Julián Ercolini respondió presuroso a los requerimientos del Grupo, la jueza Cecilia Gilardi tiene en sus manos la precautelar y el amparo que podrían poner cordura a este entuerto. Si este caso no se sumerge en las turbias aguas de la burocracia judicial, en pocos días se podría resolver quién tiene la razón. Siempre y cuando no primen las presiones corporativas que desemboquen en un nuevo triunfo de la sinrazón.

En realidad, deberíamos ser más los rebeldes. Si dejamos pasar esto, toda la legalidad está en peligro. Si en pocas semanas, los decretos atropellaron muchos principios constitucionales para sobreactuar el poder que Macri no tiene, lo que podrán hacer en los meses que tenemos por delante hasta que se convoquen las sesiones del Congreso es inimaginable. Aunque resulta tentador dejarlos correr para ver a dónde llegan, las consecuencias de este desenfreno autoritario pueden ser irreversibles. Estamos ante un gran dilema: esconderse a reparo de los zarpazos y esperar a que reaccionen los heridos, espiar por la mirilla para contemplar cómo rompen todo hasta que se harten o enarbolar las banderas de la rebeldía y la resistencia para adecentar a las bestias y marcar ciertos límites.