Las compulsivas firmas del neopatricio

El festival de decretos desplegado por el empresidente Mauricio Macri continúa con prisa y sin pausa. Su decretadicción absorberá todo un año de trabajo parlamentario para desandar los caminos hacia Macrilandia. Una pérdida de tiempo, porque gran parte de lo que ha pergeñado en la soledad de su despacho excede ampliamente sus atribuciones constitucionales. Por más Macri que sea, no puede legislar, derogar ni transformar leyes como está haciendo. Como si estuviera pidiendo a gritos un juicio político con destitución incluida, desconoce los principios institucionales que le dan sentido a su cargo. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, lejos de agradecer que el FPV le haya concedido ese cargo, bloquea el tratamiento de los decretos en la comisión correspondiente. Los enredos legales que están tejiendo los amarillos no parecen buscar un tránsito armonioso y sin conflictos, sino todo lo contrario.

Menos mal que una jueza pampeana impidió que la Corte tomara juramento a Pablo Tonelli, el miembro del Consejo de la Magistratura que querían introducir por la ventana. Un escándalo más por querer forzar normas y reglamentos con el solo fin de desterrar al kirchnerismo, pues correspondía ese lugar a Marcos Cleri. Como confían demasiado en la protección mediática que han tenido hasta ahora, continúan actuando como un partido vecinal. O peor, como si fueran patrones de estancia y no autoridades democráticas. Aunque Macri fue sobreseído en la causa por las escuchas ilegales, hay jueces que tienen la valentía de hacer valer los principios legales, como la continuidad con el procesamiento de Federico Sturzenegger por el megacanje.

Sin dudas, la administración de Justicia está en la mira de los funcionarios PRO. Y están dispuestos a amoldarla a sus necesidades, aunque para eso deban vulnerar los principios constitucionales más elementales. En el artículo 99 están las atribuciones del Poder Ejecutivo y en su inciso 3 establece con mucha claridad que “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. El traspaso de las escuchas a la órbita de la Corte Suprema va en contra de una ley sancionada este año, que las disponía bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Como no es de necesidad y urgencia, los Supremos frenaron este capricho. Y por supuesto, la Procuración consideró como inconstitucional el decreto. “El esquema de división de poderes que consagra la Constitución prohíbe al Presidente ejercer funciones legislativas. Las escasas excepciones a esta prohibición exigen siempre la acreditación de situaciones de necesidad y urgencia, que no se dan en el caso”, explicó la fiscal Cristina Caamaño.

El show debe seguir

Esto va de la mano con la suspensión –también por decreto- de la puesta en funcionamiento de nuevo Código Procesal Penal, que debía producirse el 1 de marzo. Y todo con decretos de necesidad y urgencia que sólo están acotados a eso y en circunstancias excepcionales, que los amarillos están convirtiendo en un mal hábito.

 Una forma encubierta de forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó, que de acuerdo a los conceptos del ministro de Justicia, Germán Garavano, debería “dar un paso al costado” junto a todos aquellos “protagonistas judiciales que quedaron muy comprometidos políticamente”. El ministro debería aclarar lo que quiere decir con esto, porque seguramente no se referirá a todos los jueces y fiscales que activaron cautelares para frenar multas, leyes y disposiciones que beneficiaron a Clarín, La Nación, Cargil, Nidera, Bunge & Born o que estiraron hasta el abuso las causas por delitos de Lesa Humanidad que involucra a empresarios. Menos aún a todos aquellos que fueron funcionales para generar titulares de tapa a partir de productos informativos de poco sustento.

En estos días, un caso paradigmático de la manipulación informativa tuvo un nuevo capítulo. A principios de agosto, el programa televisivo Periodismo Para Todos, del ex periodista y futuro showman Jorge Lanata aportó su tonelada de arena para aceitar el camino a la gobernación de María Eugenia Vidal. En una de sus emisiones dominicales, reveló una insólita relación del entonces pre candidato y Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con el triple crimen de General Rodríguez, una disputa por el tráfico de la efedrina. Uno de los involucrados, aunque sobreseído por falta de pruebas, José Luis Salerno, anunció en una entrevista grabada que al ex funcionario le decían La Morsa, detalle que ni él conocía. Sin embargo, ante la Justicia, se desdijo de todo lo que había denunciado ante las cámaras, como ocurrió muchas veces en esos informes hiperrecontrachequeados. Pero el mayor escándalo fue que la grabación se había realizado en el departamento de la diputada Elisa Carrió, dato que se mantuvo oculto hasta que un periodista lo descubrió gracias a una comparación de fotografías.    

La fábula periodística se coronó con una entrevista grabada en el penal de máxima seguridad de General Alvear al condenado a cadena perpetua Martín Lanatta. El propio Jorge Lanata visitó seis veces la cárcel hasta lograr que el presidiario confiese que fue Aníbal Fernández quien dio la orden de ejecutar a los competidores de la efedrina. Su abogado defensor, Roberto Casorla Valet, aseguró, al día siguiente que Lanatta “miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández”.

A pesar de tan notoria falsedad, el producto televisivo aportó uno de los ejes más sustanciales para la campaña de Vidal. De manera malsana se preguntaba a los potenciales votantes con quién dejaría a los chicos si tuvieran que salir, con Aníbal o María Eugenia. Si algún ciudadano se sintió influenciado por tan cantada operación, ya no tiene posibilidades de cambiar su voto, aunque en las elecciones de octubre se haya producido el corte de boleta más grande de la historia provincial.

Si algo faltaba en esta tragicomedia que estamos protagonizando es la fuga de los presos, algo imposible sin complicidad de los custodios. Con la potencia mediática hegemónica, ahora oficialista, todo apunta a las autoridades penitenciarias, que intentaron renunciar varias veces desde la asunción de Vidal quien, con sus modos angelicales, suplicó que la ayuden con la transición. Los mismos medios tratan de involucrar a Aníbal Fernández en la fuga, aunque con un poco de lógica se puede desarmar el sentido común dominante. ¿Ayudaría Fernández a quien lo acusó de homicida y contribuyó a perder la elección? ¿Aceptaría Lanatta ayuda de la víctima de sus mentiras, a sabiendas que la fuga puede formar parte de la venganza?

Las interrogantes pueden conducir a encontrar un poco de luz en medio de estos asuntos turbios. Más aún cuando las fuerzas amarillas tratan de silenciar voces opositoras en todos los medios, con el hipócrita lema de garantizar la pluralidad de voces. Lo intentaron con Roberto Navarro en C5N y terminaron convirtiendo su programa dominical en tendencia mundial. Difunden falacias sobre los periodistas de la Radio Pública y sólo logran vestirlos de heroicidad. Impulsan la censura a 678 pero las plazas están ansiosas por ver a sus panelistas en vivo. Quien llega al poder con argucias poco legítimas, sale disparado por las peores canaletas.