Un gobierno en contra del Pueblo

Después del fallo adverso de la Corte Suprema respecto al tarifazo, el Gobierno Amarillo tuvo que dar algunas volteretas para recuperar el equilibrio. Cabriolas merecedoras de alguna medalla en los Juegos Olímpicos ya finalizados. Lejos del apocalipsis que anunciaban y conteniendo el enojo del empresidente, los funcionarios tentaron su mejor rostro, como si coincidieran en todo con el dictamen judicial. En un santiamén, programaron una audiencia para mediados de septiembre, que es lo que deberían haber hecho desde el principio. Por prepotencia o desconocimiento institucional, durante cuatro meses tuvieron al país en vilo con esta telenovela. O con este intento de confiscación del bolsillo del ciudadano, como especifica uno de los Supremos en la justificación de su voto. Ante la adversidad política que significa el fallo, además de los gestos de circunstancia, los PRO torcieron por el camino de la no-política. Primero, buscaron distraer con un caso de corrupción interno y después apelaron al timbreo, una movida marketinera que dio buenos resultados en campaña. Y como siempre, echaron culpas a la pesada herencia, el rosario de excusas que aún convence al público -distraído o prejuicioso- que sigue encantado con la ceocracia gobernante.

El episodio de Juan José Gómez Centurión tiene funcionalidad en dos sentidos: debilitar el impacto del fallo de la Corte y demostrar a la sociedad vocación de transparencia. Después de considerar a un ex carapintada al frente de Seguridad y estacionarlo como funcionario en aduanas, ¿lo echan a patadas por una denuncia y una grabación? No es que no sea grave el cobro de coimas para facilitar importaciones sino que lo es menos que las cuentas off shore de Macri y muchos de sus funcionarios y el affaire de Michetti con la fundación Sumar y el robo en su casa. Este acting no sólo verifica una vez más que el hilo se corta por lo más delgado, sino que rompe con elementales normas físicas al ocultar lo enorme con algo pequeño.

Aunque los medios hegemónicos tratan de restarle importancia, tener un presidente off shore no es atractivo para los inversores. Que los grandes empresarios escondan las fortunas que evaden en paraísos fiscales vaya y pase, pero el presidente… El muerto se asombra del degollado, diría un abuelo. En realidad, es perjudicial para el conjunto ese capital ilegal porque sólo produce inequidad. Tener cuentas en paraísos fiscales no es un delito en sí mismo, pero lo sugiere: nadie esconde tanto lo que es lícito. Por eso, que el Ocupante Ocasional de La Rosada esté involucrado en algo así no es para tomar a la ligera. Algo similar ocurre con el robo del que fue víctima la vice presidenta Gabriela Michetti el 22 de noviembre, que se mantuvo oculto hasta algunas semanas atrás. De un simple hecho delictivo denunciado por la propia víctima surgen muchas sospechas: injustificables sumas de dinero como cosa habitual, una fundación sin empleados ni cuenta bancaria que recibe donaciones y una empleada doméstica explotada, pues cobraba cuatro mil pesos al mes por ocho horas diarias. Estos casos serían explosivos si no fuera por la complicidad mediática. Por mucho menos, echaron a Gómez Centurión.

Puntos sobre íes

Pero el fallo de la Corte los descolocó y deja al oficialismo en un lugar del que no se vuelve. Aunque sólo está destinado a los usuarios domiciliarios, deja abierta la puerta para que los sectores con representación organizada también puedan exigir audiencias públicas. Y que no sean un simulacro, advierte el Supremo Tribunal. Lo que más debe haber desconcertado al ministro de Energía es que el dictamen incluye el precio del gas en boca de pozo, algo que Aranguren eludió explicar ante los diputados. Claro, duplicar lo que reciben las grandes empresas del sector respecto al precio internacional es muy difícil de fundamentar. Esa transferencia arbitraria de recursos es un dato más para el conflicto de intereses que significa la permanencia del ex gerente y actual accionista de Shell como funcionario del Estado Nacional.

Entonces, los Amarillos intentaron amortiguar el impacto del fallo con el caso Gómez Centurión y, para reforzar la distracción, apelaron al clásico timbreo. Esta tradicional puesta en escena consiste en visitas sorpresivas de representantes y funcionarios de la fuerza gobernante a vecinos advertidos y predispuestos. Videos amigables en las redes sociales y sondeos amañados sobre un incomprensible apoyo de los ciudadanos es el resultado de esta impactante ceremonia. Una patraña más que quieren imponer para seguir engañando a televidentes incautos. Si la pérdida del poder adquisitivo del salario, la posibilidad de perder el empleo, la incertidumbre de las tarifas y el deterioro general del bienestar son consecuencias bien recibidas por las principales víctimas del Cambio, la psiquiatría social debería ser la carrera del futuro.

Nada de eso. Nadie puede estar de acuerdo con precarizar sus vidas para beneficiar a los que tienen de sobra y financiar inversiones que nunca se realizarán. Una encuesta de Analogías que se difundió el fin de semana sugiere que el 77 por ciento de la población está de acuerdo con el fallo de la Corte y que un 74 por ciento considera adecuadas las tarifas abonadas antes de la asunción de Macri. Probablemente, muchos sondeos de opinión darán resultados similares si están realizados con responsabilidad. Más aún cuando los incrementos propuestos superaban, en principio, el mil por ciento.

No sólo desde lo numérico el gobierno está descolocado sino también desde lo conceptual. En el fallo, los Supremos exigen que el incremento de las tarifas debe tener razonabilidad, lo que ubica al gobierno en el terreno de lo irracional. Además, contra todo lo que sostienen muchos integrantes del Gran Equipo, los servicios públicos no deben estar afectados por las angurrias del mercado y el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad”. Breve y en criollo: la electricidad, el gas y el agua no son mercancías sino servicios y el acceso a ellos es un derecho. Y por las dudas, por unanimidad, advierten que las audiencias públicas son de cumplimiento “imprescindible” para “el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos” y no deben servir para “legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”.

El porqué de la severidad de esta Sentencia Suprema quedará como incógnita. Algunos piensan que las manifestaciones populares equilibraron un poco la balanza. Otros, que la Corte no podía fallar de otra manera, si su objetivo es garantizar la constitucionalidad de los actos de gobierno. Unos, suspicaces, que los jueces conocen los bueyes con los que aran y otros, que esto es un freno a la impronta prepotente de esta ceocracia. Como sea, convivir con los Gerentes de La Rosada nos está habituando a estar a la defensiva porque los manotazos vienen de todos los rincones. Y da un poco de alivio saber que la razón, el derecho y la legitimidad están de este lado.