Privilegios vs derechos

 

El desalojo de Guernica es el episodio más doloroso de los últimos tiempos. Desplegar fuerzas policiales desproporcionadas, disparar gases y balas de goma e incendiar las pocas pertenencias de sus ocupantes es violento por más que medie una resolución judicial. Y en horario nocturno, a pesar de que el juez Miguel Martín Rizzo ordenó el cumplimiento entre la salida y la puesta del sol. La propiedad privada consagrada en la Constitución no hace ninguna diferencia entre una mansión en un barrio cerrado y una chapa o un parante. Lo que pasa es que esa expresión parece ser un patrimonio de clase y los que más la pronuncian son los que tienen de sobra y no de manera lícita, esencialmente. Por eso Macri y sus agrogarcas son los que insisten en la defensa de la propiedad privada mientras un porcentaje importante de argentinos no tiene nada que defender.

Y el presidente Alberto, conciliador hasta la exasperación, salió al cruce del ex empresidente con una innecesaria frase: “la propiedad privada no está en discusión”. Por el contrario, mientras el acceso a la vivienda y a la tierra esté negado para muchos, ese derecho constitucional debe estar en el debate. El año pasado, el Infame Ingeniero firmó el decreto de necesidad y urgencia 62/19, de extinción de dominio, un instrumento que permite al Estado recuperar aquellos bienes obtenidos a  través de un delito. Este decreto –no refrendado por el Congreso y no derogado por la actual gestión- no despertó la ira de los propietarios del establishment porque sabían que estaba destinado sólo a despojar a los opositores de entonces. Ahora que los chanchullos de algunos poderosos están saliendo a la luz, esa ley simple que surgió de la perversa mente del Buen Mauricio para amenazar kirchneristas, se puede volver en su contra. Entonces los escucharemos clamar ante los medios para proteger sus ilícitas propiedades por las que, en muchos casos, ni siquiera tributan como corresponde.

A los ricos no los desalojan con la misma contundencia que a los pobres. En realidad, nunca los desalojan, por más que usurpen propiedades por las que no han pagado ni una fracción de lo que correspondía, como el predio de la Sociedad Rural en Palermo; como Clarín con Papel Prensa, Radio Mitre, Canal 13 y la calle que utilizan para estacionamiento; como Benetton en la Patagonia; como los Etchevehere con los campos de una escuela pública; como las mansiones declaradas baldíos. La justicia consiente hasta que un empresario británico como Joe Lewis se apropie del lago Escondido sin pudor. Si con Ellos se aplicaran las leyes como se hace con los pobres, casi nos quedaríamos sin ricos. Y ni hablar de las estafas realizadas al Estado con empresas fantasma y cuentas off shore. Si los 22 funcionarios judiciales –once fiscales y once magistrados- que hacen cola para indagar a Macri por las denuncias de su hermano en el libro de Santiago O’Donnell actuaran sin temor y sin presiones, este caradura terminaría viviendo debajo de un puente y clamando por ayuda social.

Sin embargo, se siente –junto a muchos otros como él- tan seguro de su impunidad, que se da el lujo de pontificar sobre transparencia y constitucionalidad. Hasta se atreve a poner condiciones para un diálogo al que alguien como él –por honestidad intelectual y de la otra- jamás sería convocado. Además, la protección judicial de la que goza tiene fecha de caducidad. Quizá por eso, los que se aferraron a su figura para llegar a ser algo, ahora se están distanciando. No porque se han dado cuenta de lo que esconde su maquillada cáscara, sino porque consideran que se ha convertido en un salvavidas de plomo. La estrategia del establishment para recuperar plenamente el gobierno es perfilar a las figuras de recambio para volver a engañar al electorado. Un peligro, porque todavía quedan votantes tan ingenuos –para no herir susceptibilidades- que ni la vacuna más potente puede inmunizar.