Si el Frente gobernante quiere recuperar números debe mostrar más voluntad para contener la avidez de los depredadores y así ampliar derechos. La disyuntiva de suplicar o exigir, la tibieza o la épica.
El Gobierno Nacional se está
reformulando para conseguir más apoyo
parlamentario en las elecciones de noviembre y así realizar
transformaciones de fondo –es de esperar- en los dos años restantes de su
mandato. No está dando “manotazos de
ahogado”, como algunos interpretan ni “comprando
votos con dádivas” como aseguran otros malintencionados. En todo caso, el
Presidente está tomando medidas para
aliviar la vida de muchos que carecen de lo básico; apenas eso, porque para
hacer más, la batalla se endurece. Con el incremento de salarios y
asignaciones, suba del mínimo de ganancias, bonos a estatales y alguna IFE más asegurará un tímido aumento del consumo con
peligro de subida de inflación. Esto más el abandono gradual de las
restricciones por la pandemia puede
cambiar el ánimo de los votantes en las generales. Tal vez no alcance, pero
es un indicio.
Después de las PASO, emergió la
disyuntiva: ¿hacia dónde ir para recuperar votos? En otras palabras: ¿quiénes son los votantes a recuperar?
¿Los adherentes a la indignación selectiva o los que no encontraron entusiasmo para acudir a las urnas? ¿Los que creen
en el diálogo y el consenso o los que añoran la épica de la confrontación? ¿Los que reniegan de la política o
los que sostienen que la política está
en todo? ¿Los que desconfían siempre o los
que todavía sueñan? Por ahora, Fernández sigue en el centro, sin convencer a los primeros ni apasionar a
los segundos.
Uno de los motivos del
descontento electoral es, sin dudas, el precio de las cosas. Todo lo que nos cobran es desmesurado,
desde los alimentos hasta las zapatillas, desde una remera hasta un alfajor,
desde un alquiler hasta un servicio. El salario promedio no alcanza para cubrir
la canasta básica, cuando debería
garantizar también todo lo demás. En un país productor de alimentos, la
comida es carísima. Un paseo por las
góndolas se convierte en un saqueo a las billeteras. En estos días en que
la carne se posicionó como el tema, descubrimos que mientras los salarios
apenas superaron el índice de inflación –un 58 por ciento- el precio de los principales cortes escaló más de 110 por ciento.
Eso no se arregla con palmaditas en la espalda ni pacto de caballeros. Los que
nos roban todos los días no merecen nuestra simpatía. Pero el Gobierno,
¿está en condiciones para exigir,
domesticar y sancionar a estos abusones?
Y pensar que muchos cuestionan
nuestro sistema presidencialista, en el sentido de que el poder se concentra en
una persona. Mentira, porque el poder no
está en el presidente. Desde la concepción formal, hay tres poderes pero en
realidad, hay sólo uno que no es ninguno
de los anteriores: el llamado Poder Real.
Antes de votarse como presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti reiteró el versito de la independencia
del Poder Judicial respecto de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el
Legislativo. Claro, esto significa que la política no debe meterse en asuntos judiciales, como siempre recitan los peleles de los medios hegemónicos y los exponentes
amarillos. Pero nada dicen cuando algunos jueces atropellan todas las leyes para defender a los poderosos. No
olvidemos que un par de magistrados dictaron medidas cautelares para evitar que sus “clientes” paguen el
Impuesto Extraordinario de las Grandes Fortunas. También está frenada para Telecom
y Clarín la declaración de Internet como servicio público gracias a un recurso aceptado por un juez. Dos jueces –Villanueva y
Heredia- protegen a José Aranda, uno de los principales accionistas del Grupo
Clarín y empresario arrocero, que quiso blanquear
2500 millones de pesos de una off shore sin explicar el origen de semejante
monto. Estos dos jueces no sólo impiden que se investigue al tránsfuga,
sino que lo asesoran para que realice el
blanqueo en un distrito menos exigente que la Inspección General de
Justicia. La Política no debe interferir en la Justicia, pero la Justicia sí interfiere en la Política
para defender a los poderosos.
Entonces, ¿cómo esperar que
Alberto Fernández tome medidas más enérgicas en pos de buscar la equidad si un
puñado de jueces y fiscales se plantan
como escudo de los que se creen dueños del país? La democracia está
condicionada por el Poder Económico, conformado por depredadores a los que no vota nadie y cómplices judiciales que
tampoco son votados. La única manera de buscar cierto equilibrio es a través de
las urnas, para que los números fortalezcan a nuestros representantes. Lo que está
haciendo el Frente gobernante puede parecernos insuficiente, pero sin apoyo electoral, podrá hacer menos.
Y ése no será el mejor panorama.
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