Aunque cueste creerlo, en algunos lugares de nuestro país parece que todavía quedan rastros del salvajismo que dominó durante la conquista española, con un sistema en el que se puede matar por unas hectáreas de tierra, con territorios que se transforman en cotos de caza para los que tienen mucho y quieren más. Santiago del Estero ha sido el escenario de otra muestra más de la avidez -angurria desmedida- que se cobra otra vida en un conflicto que parece no tener fin ni tampoco sentido. Monte Quemado es un nombre que suena curioso para un habitante urbano, pero encierra una historia cruda en la que se cruzan los derechos de los pueblos originarios, la locura terrateniente y la ausencia del Estado. Aunque la Justicia de Santiago del Estero tenga detenidos, luego procesados y tal vez condenados, este hecho no tendrá buen fin porque no ha tenido un buen principio. El Estado debe mediar en los conflictos para garantizar derechos y armonizar los intereses. Pero sobre todo, cualquier gobierno –municipal, provincial, nacional- debe preocuparse por proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los que reclaman desde hace siglos por un lugar en el mundo que les corresponde por historia.
El asesinato de Cristian Ferreyra a manos de Javier Juárez, sicario del empresario sojero Jorge Ciccioli, es el resultado de la falta de límites de aquéllos que se erigen como dueños de la tierra y también de la ley. Y sin exagerar, en estos tiempos caracterizados por la recuperación de derechos, también dueños de la vida ajena. Cristian era un militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero –MOCASE-, tenía apenas 23 años y mucha historia por vivir. Ese miércoles almorzaba con su familia en el paraje que ocupa la comunidad de San Antonio, tierras ancestrales del pueblo lule-vilela. Allí, unas 800 familias se autoabastecen y crían ganado, además de mantener sus costumbres y cuidar las tierras comunitarias del desmonte que avanza como un monstruo imparable. La falta de títulos oficiales sobre la tierra que desde hace mucho les pertenece dificulta aún más la defensa. Y por si todo esto fuera poco, la forma de producción artesanal de la comunidad molesta a los apologistas de Monsanto. El disparo de una escopeta calibre 12 accionada por Javier Juárez acabó con su lucha y convirtió a Cristian Ferreyra –a fuerza de injusticia- en un emblema inmortal. Después, realizó otros disparos que provocaron heridas de consideración a César Godoy, cuñado de Cristian y cuando se quedó sin cartuchos, atacó a culatazos al resto de la familia.
Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia reelecto con un abultado porcentaje, sostuvo que el motivo del crimen fue “un conflicto por tierras entre gente humilde”, aunque no se explayó en el papel que jugó el empresario santafesino –Ciccioli- en esta trama. Jorge Ciccioli es tan humilde que compró unas 3500 hectáreas de tierra con una localidad adentro, San Bernardo, que desalojó a la fuerza, argumentando que sus pobladores habían recibido una paga por sus pertenencias. También había una escuela pública que cercó con alambre y amenazó con balear a quien se atreviera a acercarse a ella. El gobernador tampoco reconoció la existencia de guardias civiles, asesinos a sueldo, que no dudan en incendiar las propiedades de estos campesinos indefensos, golpearlos y hasta matarlos. La complicidad del poder político ya no puede silenciar estas aberraciones. La fiebre sojera no puede llegar a tanto. ¿Para qué gobiernan los que gobiernan si no es para cambiar las condiciones de vida de sus representados, es decir, las mayorías? No se puede seguir obedeciendo a una minoría insaciable a costa de la extinción de los que poco tienen.
La Presidenta de la Nación, desde el día del triunfo electoral que habilitó su reelección, afirma, en cada ocasión que se presenta, que su posición no es neutral, que siempre va a estar del lado de los que menos tienen, de los desprotegidos. Aunque no pueda intervenir de manera directa en estos conflictos regionales, puede hacerlo a través de su palabra, señalando aquellas conductas que opacan seriamente las transformaciones que se están produciendo en nuestro país. En la 17° reunión de la UIA, CFK aprovechó la metáfora de la partitura que Ignacio de Mendiguren había desarrollado en su exposición, como una búsqueda de la convivencia armónica en el crecimiento con inclusión que su gobierno impulsa. Y también llamó a todos a una innovación no sólo en la ciencia y la tecnología, sino también en las cabezas, en el comportamiento de todos los actores de nuestra sociedad. “Los que estamos adentro tenemos responsabilidades con los que todavía están afuera” explicó.
Y esas responsabilidades implican mucho más que condolernos por los que lo pasan mal. Desde Apuntes Discontinuos se ha ponderado en muchas ocasiones el crecimiento económico de nuestro país, la inversión del Estado en el desarrollo tecnológico e industrial y las medidas de inclusión que se han tomado en estos ocho años de gobierno kirchnerista. Pero casos como éste –y uno solo significa mucho- deben llamar la atención de una sociedad que necesita también un crecimiento en su dimensión humana. Quien mata a uno por ambición, está aniquilando a todos. Cuando el negocio es más importante que la vida, la barbarie capitalista está a la vuelta de la esquina.
Como afirmación de su doctrina, Cristina DEBE intervenir. La ley y su electorado la sostiene, y me gustaría escucharla referirse directamente a este hecho.
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