¿Quién tiene afectadas las
facultades mentales, La Presidenta o el universo opositor? Durante mucho tiempo
hemos escuchado a muchos de sus exponentes destinar diatribas al gravamen que
debían pagar los trabajadores con salarios elevados… o no tanto. Ahí radicaba la injusticia de un mínimo no
imponible que afectaba a sueldos apenas generosos. Ahora que el Gobierno
Nacional tomó la decisión de elevar de manera sorpresiva y sorprendente los
topes de exención, también se quejan. No
los beneficiarios, sino los dirigentes que no saben a dónde dirigirse. Tal
vez se han quedado sin argumentos o quizá les desespera estar obligados a
ponderar una decisión gubernamental. Lejos de eso, siguen despotricando como
niños encaprichados porque ahora tendrán que pensar en nuevas estrategias para
la campaña electoral que comenzará en breve. Pero, volvamos al equilibrio
mental: si CFK no atiende las demandas la
consideran soberbia y, si las atiende, afirman que toma medidas electoralistas.
No se puede con tanta ciclotimia, sobre todo porque es contagiosa. Alguna vez, tantos esfuerzos por confundir al
electorado se les volverán en contra.
También clamaron por ahí que
Cristina daba un paso atrás con la reducción de los afectados del mal llamado
impuesto a las ganancias. Al contrario, lo
convierte en más progresivo porque lo pagarán sólo los que tengan ingresos
verdaderamente altos. Algo menos de un 11 por ciento de los trabajadores
deberá tributar. Pero esto no es nada. Para cubrir los 4500 millones de pesos
que el Estado dejará de recaudar ya está en marcha un proyecto de ley orientado a buscar nuevos horizontes. El
ejecutivo envió al Congreso un diseño para gravar con un 15 por ciento las
ganancias obtenidas por acciones y títulos que no cotizan en Bolsa, eliminar una
exención firmada por Menem que beneficia a sujetos y sociedades radicadas en el
exterior y afectar con un diez por ciento los dividendos que las empresas
repartan entre sus accionistas. Esto es lo que se conoce como renta financiera.
Cuando se promulgue como ley, comenzarán
a pagar más los que, de verdad, más ganan. Entonces, también se pensará qué
hacer con el IVA, que no hace distinciones entre pobres y ricos, por lo que es
un impuesto sumamente regresivo.
La sorpresa por el magro
resultado electoral del 11 de agosto se ha traducido en iniciativas
transformadoras. Si suman voluntades para octubre, será otro cantar. Esto no es Matemática, sino política y los
humores sociales son impredecibles. Tan impredecible como la resolución que
tomará la Corte Suprema sobre el caso
Clarín. La Audiencia pública que se realizó la semana pasada dejó al
descubierto los argumentos de las partes, sobre todo los del Monopolio, que siempre han aparecido mimetizados por
un cínico republicanismo. Ahora, los amicus
de Clarín y los defensores abandonaron todo pudor y gritaron a los cuatro
vientos lo que más interesa al Grupo. “Los que
defendieron la inconstitucionalidad tuvieron como único argumento la defensa
del interés de la empresa o su rentabilidad –explicó el titular del AFSCA,
Martín Sabbatella- y ésta no puede estar
por encima de los derechos que tiene el interés público”. Para el
funcionario, “el Estado debe pensar en ser garante del conjunto de los derechos de
todos los argentinos y no de una empresa en particular”. Y esto no sólo atañe al Poder
Ejecutivo: la Justicia forma parte del Estado, aunque muchas veces no lo
parezca.
Uno de los lugares comunes que se ha vuelto a
escuchar en estos días es que la Ley busca desguazar al Grupo. Y bueno, algo de
eso hay. Así como los decretos firmados durante los 90 beneficiaban sin tapujos
a Clarín y estaban amoldados a sus intereses, ahora se busca desarmar semejante monstruo antidemocrático. Clarín
debe adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque
dificulta toda convivencia. No sólo por su tamaño, sino por sus nefastas
intenciones. Y si la aplicación de la ley se ha convertido en el Estado vs
Clarín es porque ha sido el único grupo mediático que se ha declarado en
rebeldía. Y lo sigue haciendo. Sus abogados afirmaron que, de obtener un fallo
adverso, recurrirán a tribunales internacionales. Una manera de anticipar que no están dispuestos a obedecer a las
autoridades democráticas.
Entonces, entra la Corte. Después de cuatro años de
chiquero institucional respecto al
tema, los Supremos deberán instaurar un poco de cordura. Ante los sincericidas argumentos de los asesores
legales clarinistas, el Máximo Tribunal
deberá exprimir su creatividad para eximirlos de la adecuación. Que
declaren inconstitucional la norma sólo para el Grupo dejará en evidencia el
alejamiento supremo de los intereses
públicos. Salvo que estén presionados de
manera cuasi mafiosa, no hay excusas para que fallen en su favor. Algunos
analistas consideran la posibilidad de una indefinida salida salomónica, que
podría consistir en una concesión de nuevos y escandalosos plazos temporales,
convirtiendo en chicle toda legitimidad republicana. El único camino que les
queda es jugarse el todo por el todo: asumir
que forman parte del Estado y actuar en su defensa y fortalecimiento. Si
resuelven por la constitucionalidad, deberán abandonar cualquier indicio de
tibieza. Y esto implica, ni más ni menos, que, además del esperado fallo por la
aplicación completa de la ley, deberá advertir sobre las consecuencias de
cualquier intento de desacato. Si
deciden formar parte del Estado, deberán contribuir a su fortaleza. En este
caso, la Corte deberá desalentar a cualquier juez de tomar medidas que vuelvan
a beneficiar a la mega-empresa. La
palabra de los Supremos debe ser tan poderosa como para terminar con el tema de
una vez y para siempre.
Si bien este nuevo episodio por la transformación
de la escena mediática permitió recuperar una mística entibiada por el tiempo,
gran parte de la población permaneció indiferente. Incomprensión o hartazgo. O
las dos cosas. No es sencillo percibir abstracciones cuando se está embutido en
la cotidianeidad de la vida. Y más aún
cuando ese rutinario devenir está condimentado por usinas desalentadoras.
La vida es más dificultosa cuando los que acompañan nuestro tiempo libre nos
bombardean con desánimo o convierten hechos auspiciosos en noticias alarmantes.
La jornada es más urticante si locutores
estreñidos se esfuerzan para fruncir nuestro entrecejo. El buen humor es
imposible cuando hasta el clima parece complotar. Precisamente por eso es
necesaria la vigencia plena de la ley. Cuando
el sentido común está construido por un solo hacedor resulta imposible escapar
de él.
Porque en ningún punto de la Ley se busca acallar
las voces clarinistas, por más que muchos tengamos ganas. En todo caso, el objetivo es acotarlas a dimensiones más humanas. Con
la adecuación a las nuevas disposiciones, seguirán destilando veneno,
acrecentando prejuicios y boicoteando la democracia, pero serán más chiquitos. Y eso ya es mucho. Por lo menos, el
público tendrá acceso a otras versiones de la realidad y poco a poco se dará
cuenta de que las cosas no están tan mal como las pintan. Y quizá, con el
tiempo, de individuos aislados y bombardeados de boñiga se transformarán en ciudadanos menos tensos y aptos para disfrutar de
este nuevo país que estamos diseñando. Eso ya es suficiente.
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