Los peligros del cambio

Del catálogo de episodios penosos protagonizados por el empresidente Macri, el de esta semana contiene todos los condimentos para encabezar el podio. Ante embajadores que esperaban presenciar la protocolar asunción del nuevo canciller Jorge Faurie, el Ingeniero desplegó una de las partes más oscuras de su pensamiento. Si algunos aún tenían dudas sobre si los trabajadores estarán en la mira de la pulsión ajustadora de los amarillos, Macri se encargó de aniquilarlas. Y con la suspensión de las pensiones graciables a los discapacitados, deja al desnudo la poca sensibilidad del país con que sueña. Mientras el Periodismo Blanco derrama sus más histriónicas lágrimas por Ernestina Herrera, los emisarios del FMI revisan nuestras intimidades en busca de un derecho a recortar y los agrogarcas, no conformes con los beneficios que han obtenido con el cambio, se sientan sobre sus gusanos blancos ahítos de soja para forzar una nueva devaluación.

El sentido común que construye el macrismo es el más básico que pueda imaginarse, tanto como el de las fábulas que leían nuestros abuelos en su infancia. La gran diferencia es que las moralejas de antaño intentaban forjar buenas personas, en cambio, las de Macri tratan de reforzar los prejuicios y despertar los peores sentimientos de sus oyentes. Desde su mirada patronal de la vida, el otro debe coincidir plenamente con su pensar aunque resulte perjudicado con las consecuentes decisiones. El despedido debe estar feliz por contribuir a la causa del crecimiento nacional; el jubilado que ya no recibe medicamentos gratis deberá verse como un héroe tardío por renunciar a los derroches que ocasiona su salud; el ama de casa deberá estar agradecida por el desafío de preparar la misma cantidad de comida con menos de la mitad de los ingredientes. El que no se sume al grupo de los Ajustados Felices será agraviado, insultado, calumniado por todos los medios posibles.

Si unos días atrás exigía –contra toda coherencia republicana- jueces que  representen los intereses de la clase a la que pertenece, ahora considera ‘mafiosos’ a los abogados que defienden los derechos laborales. Con puerilidad insultante, el Gerente Macri denunció que “convencen a los trabajadores de hacer un juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos”. Y no sólo eso, además de tildar al diputado y presidente de bloque Héctor Recalde como líder de esta banda, consideró que “este grupo de estudios laboralistas le han hecho mucho daño a la Argentina”. Claro, hay que ser muy voluntario para creer que los juicios laborales perjudican más a la economía vernácula que la especulación, la fuga de divisas, la evasión y el saqueo permanente a que nos someten las principales empresas del país, la del empresidente inclusive.

Paladines de la desigualdad

En la amañada y bestial mirada de Macri, hasta los discapacitados son mafiosos que no paran de cobrar subsidios indebidos. Desde su asunción como presidente, 170 mil ciudadanos perdieron el derecho a recibir un ingreso con miles de excusas pero nada de corazón. Gracias a un decreto heredado del menemismo, suspendieron el mísero beneficio con el argumento de revisar el padrón, con la intención de reducir el déficit y con el objetivo de denostar al kirchnerismo durante la campaña. Claro, desde 2003 hasta 2015 los titulares de pensiones crecieron de 350 mil a 1,6 millones gracias a la aplicación flexible del decreto de 1997, que exige un nivel de discapacidad del 76 por ciento, que no tengan aportes previsionales y no posean ingresos para su subsistencia. Para los que usurparon con malas artes el honor de gobernar el país, los que tienen de sobra y no paran de profundizar la desigualdad, los que no saben qué es padecer una necesidad, un discapacitado debe estar en la miseria para recibir el amparo del Estado.

Estos egoístas que usan un helicóptero hasta para hacer diez cuadras, ni se imaginan lo que debe ser trasladarse por la ciudad con una disminución visual o motriz. Tampoco consideran que muchas discapacidades requieren insumos y cuidados inaccesibles para el salario medio. Menos aún tienen en cuenta que una ley tiene más peso que un decreto y que sostener un derecho es más trascendente que cumplir con las exigencias del FMI.

Encima, ostentan el cinismo de afirmar que un ciudadano discapacitado puede trabajar cuando ni el Estado ni las empresas cumplen con el cupo del 4 por ciento establecido por nuestra legislación. ¿Quién va a emplear a estas personas cuando el desempleo crece sin cesar desde que el Gran Equipo despliega sus tropelías por estas tierras? ¿Qué gran empresa va a demostrar generosidad cuando sus dueños no paran de saquear nuestros bolsillos para incrementar sus ganancias? Que digan lo que quieran de la década pasada; que inventen cualquier patraña sobre el patrimonio de Cristina; que inicien todos los procesamientos que se les antoje. Pero durante los tres gobiernos kirchneristas más de un millón de ciudadanos obtuvieron el derecho a cobrar una asignación por discapacidad. Y el gobierno del cambio –que en campaña prometía que nadie iba a perder nada- serrucha sin dudar esos beneficios para seguir incrementando los privilegios de una minoría que no para de enriquecerse.