La pandemia sumó más crisis a la herencia pesadísima dejada por la Revolución de la Alegría. A los brotes
verdes que se secaron, al segundo
semestre que nunca llegó y a la
lluvia de inversiones que nos ahogó con
la deuda, se suman las restricciones tomadas para evitar los contagios,
que, a pesar de eso, no paran de crecer.
En medio de todo esto, en lugar de poner en foco la forma de restituir los derechos usurpados por el vendaval amarillo y
el coronavirus, la agenda mediática instala como asunto de Estado la
situación de tres jueces federales.
Parece de gravedad institucional
que el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación,
una jueza de primera instancia y la Cámara de Casación hayan decidido dejar sin efecto el traslado a dedo de tres jueces
por capricho de Macri. Para que quede claro, la gravedad institucional se produjo cuando el Infame Ingeniero los
trasladó sin acuerdo con nadie, y la Corte Suprema no dijo nada. Los
Supremos tampoco dijeron nada cuando Macri desmanteló
por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que había sido
declara constitucional por la misma Corte. Tampoco dijeron nada sobre la manera mafiosa de aplicar injusticias
de Bonadío y Stornelli. Ni tampoco cuando el Buen Mauricio y sus secuaces
tomaron deuda externa con privados y con el FMI en contradicción con lo que dicta la Constitución, que los
préstamos externos los debe decidir el Congreso. Nada dijeron estos cinco
jueces sobre las atrocidades legales en
las que incurrieron los cambiemitas durante sus cuatro años de gobierno.
Esos cuatro años fueron de gravedad
institucional desde el primer minuto, cuando desplazaron doce horas antes a
la presidenta saliente y acomodaron en el sillón de Rivadavia a Federico
Pinedo, a quien nadie había votado para
ocupar un cargo así.
Para salvar la situación inconstitucional heredada, el Senado convocó a diez
jueces designados por Macri para regularizar su nombramiento, pero Bruglia,
Bertuzzi y Castelli no se presentaron, ignorando, como buenos servidores del establishment, toda legalidad. Encima,
sabiendo el apoyo que tienen del Poder Fáctico encabezado por Héctor Magneto y sus obsecuentes seguidores, se
erigen como víctimas para seguir
atornillados en puestos para los que no concursaron. Como siempre, la
confusión mediática impone que esta
conducta inconstitucional es en defensa de la Constitución. Los amarillos,
fieles defensores de los poderosos, convocan a sus alelados y minoritarios seguidores a vigilias con antorchas y
escraches mafiosos para defender la
República. Y los Supremos, en lugar de poner freno a tanta locura, estiran
su resolución que no debería ser otra
más que avalar el retorno de los tres peleles acomodados a sus lugares de
origen.
Porque la Corte Suprema, al
aceptar el per saltum no está
resolviendo nada. Quizá sea parte de un juego
perverso eso de dejar que los destituyentes PRO y sus periodistas cómplices
festejen como un triunfo este suspenso
de una semana para dejarlos pedaleando en el aire con la resolución
de fondo. Quizá los Supremos disfruten con el jaque temporal jugado contra
los otros dos poderes –el Legislativo y el Ejecutivo- que son democráticos en serio. Lo más grave sería que el Máximo Tribunal deje en sus puestos a estos
tres farsantes –que lo son por haber
aceptado el traslado por fuera de las normas- por temor a las presiones que
puedan realizar los miembros del Círculo Rojo. Si esto es así, estamos fritos
porque significaría que la Constitución y las leyes se archiven en el cajón más
oscuro para dejar en manos de Clarín y
sus satélites el ordenamiento del país del futuro. Y eso por supuesto, es el peor de los futuros.
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