El Estado que detestan

 

Mientras las denuncias amañadas se desmoronan, los amarillos se inmolan para decir lo que nunca han dicho.

En una reciente entrevista, el ex empresidente Macri reconoció que la falaz denuncia contra Aníbal Fernández contribuyó a su triunfo electoral y al de María Eugenia Vidal. Ninguno de los creadores de la fábula de la Morsa fueron sancionados por semejante difamación en plena campaña electoral: el periodista Jorge Lanata sigue decayendo en sus programas y la ex diputada Elisa Carrió está pensando en su retorno. Tampoco pasó nada con los que convirtieron el suicidio de Nisman en un magnicidio pergeñado por Cristina y esa patraña influyó mucho en las urnas. Mintieron para ganar y no les pasó nada; por eso lo siguen haciendo. A pesar de que las causas inventadas por fiscales y jueces cómplices se desarman después de cuatro o cinco años de derroteros institucionales, estos nefastos denunciadores seriales siguen apelando a este recurso porque no tienen otra cosa que proponer.

La más dolorosa de todas estas operaciones es la del plan Qunitas, el kit destinado a los recién nacidos diseñado por Tiago Ares, que falleció poco después de su lanzamiento. Como esta banda de odiadores detesta que el Estado asista a los que menos tienen, no encuentran más salida que judicializar cualquier iniciativa con la excusa de la corrupción. Claro, en aquel entonces no se atrevían a confesar que toda forma de redistribución y ascenso social les provoca escozor y nada mejor que buscar magistrados adictos y tan despreciadores como ellos para que conviertan en delincuentes a los funcionarios que se atrevan a algo así. Recién ahora, en el documento presentado por los pseudo intelectuales PRO, se incineran para condenar el “altruismo y la solidaridad”. Tan enorme es el desprecio, que el fallecido juez Bonadío había ordenado quemar los kits con cunas, ropa y otros artículos para bebés. Esa bestialidad no prosperó y el que debe estar ardiendo es ese perjudicial funcionario. Ahora, la fiscal de juicio Gabriela Baigún solicitó el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito. Después de tanto tiempo, papeleo y estigmatizaciones, la acusación de Graciela Ocaña era infundada y debería ser ella quien pague los costos de este aberrante proceso judicial, junto con todos los que le dieron curso en los Tribunales.

Como el law fare ya no tiene tanto rating, fiscales y jueces se amoldan a los nuevos tiempos y, en lugar de dar entrada a las falacias que denuncian los peleles opositores, ponen el hombro para convertirse en escudos de los ricachones que se resisten a contribuir. Además, alteran la institucionalidad dibujando un marco jurídico para resistir las regulaciones para los grandes empresarios, sobre todo a Héctor Magneto. Tan serviles son estos magistrados que renuncian a obedecer las leyes emanadas por las autoridades constitucionales. Para agradar al establishment, incumplen con su principal función.

Mientras esperamos que estos oscuros personajes sean apartados de los lugares que inmerecidamente ocupan, el gobierno nacional está decidido a fortalecer el rol del Estado. La semana pasada, con la aprobación en el Congreso de la ley de cupo laboral para travestis y trans, un paso trascendente para la inclusión que debe emanar hacia el sector privado. En esta semana, la decisión de no renovar las concesiones del sistema ferroviario de cargas coloca al Estado como el principal promotor para el mejoramiento del servicio. Además, ya está listo un decreto que recuperará el control del Estado en la ruta fluvial del Paraná, lo que pondrá fin al marketinero nombre de Hidrovía.

Si este tipo de iniciativas molestan a los empresarios avarientos y sus defensores políticos es porque, seguramente, darán muy buenos resultados. De una vez por todas se deben desmontar las falacias de neoliberales y libertarios que sostienen la aniquilación del Estado. Ningún país del mundo subsiste sin Estado, lo que varía es su función. Esas naciones que siempre ponen como ejemplo ostentan un Estado con fuertes regulaciones y alta tributación y es por eso que garantizan un alto nivel de vida a sus habitantes. Ese es el Estado que necesitamos: uno siempre presente, no para garantizar las enormes ganancias de estafadores, contrabandistas y evasores, sino para asegurar la dignidad de todos los argentinos. Y si los ricachones y sus apologistas chillan y patalean es porque estamos en el buen camino.