Por una oposición responsable

En una semana poblada por el retorno de La Presidenta, la ausencia de delito en la no-causa de la ex Ciccone pasó a un plano secundario, aunque es saludable destacar su trascendencia. Esta operación que duró casi dos años, sembrando desconfianza sobre el vice-presidente Amado Boudou, degradando su figura pública y agraviando su persona, no merece sólo una vuelta de página para elegir una nueva víctima. Periodistas, políticos y muchos caceroleros saturaron el espacio con insultos y enojos basados en prejuicios mediáticos y alentados por algunos cómplices judiciales. Nuestro país atravesó las elecciones legislativas y la enfermedad de Cristina con Boudou ejerciendo la presidencia y soportando las injurias más exasperadas. “Impresentable” es lo más liviano que dijeron de él y no puede existir la convivencia democrática con gritones tan equivocados. Mientras esperamos las disculpas correspondientes, el nuevo equipo gubernamental se prepara para realizar importantes transformaciones. Por lo que parece, lo que viene no será un maquillaje.

La investigación en contra de Boudou debe cerrarse porque no hay definición sobre cuál es el delito que se está indagando. Esta es la idea que el fiscal Javier de Luca presentó ante la Cámara de Casación, que “falta la acción penal”. Desde el principio, como muchas veces se ha señalado en estos Apuntes, no se sabía cuál era el dolo cometido por el autor de la recuperación de los fondos de pensión. Acusaciones disparadas hacia múltiples blancos, el testimonio de una mujer despechada, allanamientos e indefiniciones contribuyeron al accionar destituyente. Y los exponentes de la oposición, que siempre se llenan la boca hablando del respeto a las instituciones, pisotearon el principio de presunción de inocencia de nuestro sistema judicial. ¿Cuántos de estos personajes deberían llamarse a silencio durante un tiempo, no por censura, sino por vergüenza? Pero no conviene abrigar esperanzas al respecto.

Y no son las únicas acciones opositoras que pisotean las instituciones. Las ausencias prolongadas de algunos diputados, por ejemplo, deberían ser tomadas como abandono del puesto de trabajo, como ocurre con cualquier empleado. O al menos, evitar la postulación de un representante que decide no representar a nadie. Otro asunto un poco más complejo es la mudanza de camisetas. En estos días se conoció la novedad de que Facundo Moyano, que conquistó su banca por el FPV, ahora decide pasar a las filas del massismo. ¿De quién es la banca, del partido o del individuo? ¿No debería renunciar, para no traicionar los votos que lo coronaron como diputado? ¿Cómo sabe que sus votantes quieren que se mude a Tigre? ¿Quién es él para obligar a sus representados a congeniar con el candidato del establishment?

Otro asunto para considerar: durante un tiempo la discusión pasó por evitar que La Presidenta acceda a un tercer mandato, algo no permitido por la Constitución. Sin embargo, diputados y senadores no tienen ningún tipo de limitaciones y podemos verificar la presencia de muchos atornillados que no aportan nada y sin embargo están siempre habilitados para vivir a costa del Estado. Pensar en estas cosas convertiría la representación parlamentaria en un trabajo más cercano al Congreso que a los estudios televisivos.

Lo que vendrá

Los cambios en el gabinete no significan un barajar y dar de nuevo. Los nuevos funcionarios están comprometidos a profundizar este recorrido con tácticas distintas. Quienes menearon el rabo pensando que la ortodoxia económica podría inyectar algunas dosis de sus destructivas recetas, quedaron defraudados a los pocos minutos. Como pocas veces en nuestra historia, los funcionarios salientes se fueron por la puerta grande. Hasta el licenciado Guillermo Moreno ha sido merecedor de elogiosas despedidas, en proporción con la pueril demonización de los medios hegemónicos. Considerar que este cambio es un triunfo del Poder Fáctico destructivo es encerrarse en la pequeñez de la mirada carroñera. Un buen estratega sabe disimular una debilidad para engañar al adversario. Moreno ya cumplió con su objetivo: poner en evidencia que con ciertos tipos no hay diálogo posible. Los que le atribuyen malos modales son los que no están habituados a que pongan al descubierto su miserable angurria. De a poco, se tendrán que acostumbrar.

Mientras Hermes Binner y Sergio Massa, como adolescentes decimonónicos, deambulan por la vieja y explosiva Europa para exhibirse como presidenciables, el kirchnerismo trata de recuperar el terreno perdido. Y también, la iniciativa. Desde el lunes, el Gobierno Nacional tiene la agenda en sus manos y el nuevo Jefe de Gabinete no va a permitir que se la arrebaten. Todos los días, Capitanich expone ante la prensa los pasos que decide dar el oficialismo, pero los periodistas que hasta hace un tiempo estaban ansiosos por preguntar, ahora no saben cómo hacerlo. En el diccionario K no hay lugar para palabras como ‘ajuste’, ‘derrame’ o ‘reducción del gasto’. No están entre las opciones los preceptos ortodoxos que nos llevaron al desastre. El flamante ministro de Economía -nuevo demonio del establishment- lo ha dicho de múltiples formas: el crecimiento se produce de abajo hacia arriba y no a la inversa. Y estos diez años lo demuestran. A pesar de algunos períodos de baja performance, el promedio superior al siete por ciento debería convencer a los nostálgicos del neoliberalismo. Pero son brutos o testarudos. O las dos cosas y algo más. La pretensión de aplicar el recetario que no sólo fracasó sino que nos hundió como nunca no habla muy bien de sus apologistas.

Jorge Capitanich ha sido por demás de claro. Si la inflación es un problema, no se solucionará bajando el gasto público, ajustando a los trabajadores, reduciendo la emisión monetaria ni aplicando una brusca devaluación. Esta salmodia convencional perjudica a los muchos para beneficiar a unos pocos. La inflación forma parte de la puja redistributiva y no es un problema estructural, sino moral. Lo que viene es un control en la cadena de comercialización para descubrir quiénes se quedan con la mayor tajada. Poner un límite al porcentaje de ganancia de productores e intermediarios sería una medida razonable para evitar el saqueo que hacen sobre los salarios. Pero no bastan los acuerdos de precios que resultan difíciles de controlar. El consumidor no sólo necesita saber el número acordado sino cuánto cuesta producir determinado producto, más allá de las marcas y las variantes. Que se difunda el costo, no el precio arbitrario con que llega a las góndolas. Así sabremos de una vez por todas con qué parte de nuestros salarios se quieren apropiar.

El otro paso interesante que ha dado el nuevo equipo es el proyecto para elevar la carga impositiva sobre bienes suntuarios. El que quiera hacer ostentación de riqueza deberá pagar mucho más. Una manera de desalentar las importaciones innecesarias para cuidar nuestras divisas. “Es mucho más importante tener insumos esenciales para la cadena productiva que para comprar un auto lujoso que sólo satisface a una persona”, aclaró Capitanich. Vale insistir con esta idea: el interés público debe ser más importante que el capricho particular. El año pasado, el antojo de los que más tienen permitió la fuga de más de 700 millones de dólares. No es mucho, pero suma. También habría que pensar en una carga impositiva para quienes viajan con frecuencia al extranjero como si salieran a dar una vuelta.

 Algunos individuos pensarán que cada uno hace lo que quiere con su dinero. Sí, siempre y cuando los demás no paguemos las consecuencias de sus privilegios. Además, habría que considerar si eso que a unos pocos les sobra no nos pertenece a todos. Pero no debemos apresurarnos. Tenemos tiempo de sobra para diseñar otras transformaciones.