Una vez más, sería bueno
insistir en la trascendencia del histórico fallo de Los Supremos. Algunos
denuncian que la ley de Servicios de Comunicación audiovisual está pensada para
perjudicar al Grupo Clarín. En realidad, ordena
el desorden que dejó el infame riojano durante su paso por estas tierras. Y
en esos tiempos, quien más se benefició fue ese grupo. Si resulta el más perjudicado, en cierta forma, lo merece. Durante
años ha machacado el coco de los argentinos sólo para incrementar sus ganancias
y las de sus aliados. Ya han ganado
mucho y es hora de que comiencen a reprimir sus angurrias. Pero no sólo es
una cuestión económica, sino también simbólica. Desde sus propaladoras contribuyen a la construcción de un sentido
común disgregado y protestón. Y una cuestión política, porque desde sus
titulares arteros y amañados han gobernado a los encargados de gobernar… y así
quedamos. Mientras más nos hundíamos,
más ganaban. Encima, después del estallido, culparon a la clase política
por no proteger los derechos ciudadanos. Demasiado
cínicos para merecer piedad.
Piedad y ayuda. Porque ahora
van los laderos a apuntalar al emporio des-informativo. Una competencia de
obsecuentes es lo que estamos presenciando. Unos peleles que bailan al ritmo de
los patricios, que deambulan como hormigas enloquecidas para buscar al que
pateó el hormiguero. Graciosos, patéticos, lastimosos, disparatados. Serviles,
contribuyen a la subestimación del público con argumentos inconsistentes. Sediciosos, apuntan a desestabilizar
disparando alocadas denuncias. Ignorantes, afirman cualquier cosa con tal
de recibir la tierna sonrisa del amo. Cómplices,
alimentan los prejuicios del manipulado público de los medios hegemónicos.
Seguramente, no ha ocupado un
lugar de privilegio el informe de una encuesta realizada por Unicef, la
organización Techo y la consultora Analogías sobre los adolescentes que habitan
en villas y asentamientos en el área metropolitana. En contra de la
demonización que habitualmente se dibuja –el famoso “ni, ni”- sólo el 6,4 por ciento de los consultados
no estudia ni trabaja. Además, más del 60 por ciento de los encuestados
valora mucho la escuela y considera como principal problema la inseguridad, la
droga y el alcohol. Andrés Franco, representante de Unicef Argentina destacó
que “los resultados de la encuesta nos alejan de la estigmatización y el
lugar común que se cae cuando tendemos a ver a los adolescentes de villas y
asentamientos como casos especiales”.
Pero claro, muchos consumidores
de esos medios jamás se enterarán de esto. En cambio, estarán devorando con avidez las creativas demonizaciones sobre el
presidente del AFSCA, Martín Sabbatella. Algo positivo: durante un tiempo,
Boudou, Moreno y Kicillof no serán los protagonistas de sus productos
periodísticos. No es poca cosa que el diminuto funcionario se enfrente con valor a este gigante para
aplicar de oficio esta ley pisoteada durante cuatro años. Y los soldados
del Grupo –tanto periodistas como políticos- salen a mostrar los colmillos para
impedir que el Estado desmantele su poderío. Como siempre, el más absurdo es el
Jefe de Gobierno porteño quien no sólo escribió mal su apellido –confundiéndolo
con el DT de la selección- sino que consideró al ex intendente de Morón como
poco idóneo para su función. Hasta
elaboró un decreto –convertido en Ley- para impedir que se apliquen las
disposiciones del AFSCA en el territorio de la CABA, como si fuera un
principado. Y claro, con el aliento de su capitán, todos los amarillos se
pusieron en línea para impedir el golazo. Federico Pinedo especificó que “la ley de medios no se puede aplicar ya que
Sabbatella es un partisano del gobierno en su combate contra la prensa
crítica”. Infantil considerar como crítica esa prensa
panfletaria y maliciosa. Y la guitarra se templó en los dedos del diputado,
pues evaluó el fallo de la Corte como “muy
confuso, ya que sostiene que la ley no tendría sustento si la autoridad que la
debe aplicar no fuera independiente del poder político”.
Con un respeto del que no es
merecedor, Pinedo no entiende nada,
porque la ley dispone que la conducción
y administración del AFSCA debe estar encabezada por un presidente y un
director designado por el Poder Ejecutivo. Y después, cinco miembros con
representación académica, profesional y parlamentaria. La senadora electa por la
CABA, Gabriela Michetti, demostró la misma mala intención que sus colegas
amarillos. “Lo que nosotros estamos
pidiendo –sin aclarar demasiado quiénes componen ese ‘nosotros’- es que el fallo no se aplique hasta tanto
exista una autoridad de aplicación realmente independiente”. Para
comprender lo inconsistente de la demanda de Michetti, avancemos paso a paso.
La Corte falló a favor de la constitucionalidad de la Ley en todos sus
artículos. Eso incluye, por supuesto, todo lo relacionado con la conformación
del AFSCA. Por lo tanto, el Poder
Ejecutivo designó a Martín Sabbatella como su presidente, de acuerdo a lo que
dispone la ley. ¿A quién iba a nombrar? ¿A Carrió?
Después, la obsecuente
representante de no se sabe qué, continuó con sus habituales trabalenguas.
“Las condiciones que plantea el fallo para que la ley se considere
constitucional no están. Si las condiciones estuvieran dadas como la misma
Corte lo dice en el fallo, entonces estamos de acuerdo, la ley puede ser constitucional.
Pero la verdad es que las condiciones no están”. En esto
demuestra que afirma cualquier cosa con tal de oponerse, con absoluta irresponsabilidad para un funcionario con representación.
Sin pudor, manipula a los destinatarios de su desinformador mensaje. Una ley no necesita condiciones
coyunturales para ser declarada constitucional. Por el contrario, toda ley
actúa sobre la coyuntura, la modifica, de acuerdo al espíritu de la
Constitución. Claro, cabe preguntarse cuáles son las condiciones necesarias para
que esta ley se aplique. La respuesta: que no gobierne el kirchnerismo. Esa es la condición necesaria para que los
patricios puedan vivir en paz.
Pero eso no es
todo. Además de Carrió, que considera más importante la preservación del
monopolio antes que el respeto institucional, algunos exponentes de la oposición salieron al ruedo para proteger al círculo rojo. Los amarillos
presentaron un recurso inexistente para solicitar a la Corte que no se aplique
el fallo. Binner, por su parte, demostró su extremo desconocimiento sobre el
tema. Como cada vez que habla. “Hay que
cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –explicó- pero lo tienen que hacer todos los grupos
económicos, también el Estado nacional”. Un recitado de las mismas sandeces que se dicen desde los titulares
mediáticos. El 7 de diciembre todos los grupos presentaron su plan de
adecuación, menos el Grupo Clarín, pero todo fue congelado hasta la resolución
de la Corte, para no agravar la desproporción. Y esa declamación de que el Gobierno
quiere construir un monopolio estatal resulta una mentira grande como una
mansión. Todos se alborotan en nombre de
la libertad de expresión –que no está en riesgo, de acuerdo al fallo- para
proteger a la corporación que ha pisoteado todos los derechos.
Nada será rápido.
Con suerte, en unos meses los cambios comenzarán a apreciarse. Negociaciones y
resistencias, operaciones, mentiras, grandilocuencias. Todo eso tendremos en
los próximos tiempos. Eso sí: que no se
atrevan a reclamar un centavo al Estado. Por el contrario, nos deben un
montón. Desde Papel Prensa a Canal 13, con estatizaciones de deudas incluidas,
el Grupo obtuvo descomunales cifras, que engrosaron nuestra deuda externa. Lo
ideal sería que agachen la cabeza, acaten las normas, cobren lo que tengan que
cobrar y que traten de transformar sus
usinas de estiércol en un servicio para la sociedad. Y en beneficio del
país.
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