Jugar con los miedos

    A veces, parece una batalla perdida. Más aún cuando un oficialista se suma a los argumentos opositores. El diputado nacional Martín Insaurralde afirmó que su novia, Jésica Cirio, se mudó a Puerto Madero como consecuencia de la inseguridad. No sólo por los vericuetos que dispone el amor, pero el muchacho cayó en la trampa. Tanto su novia como él –y cualquier ciudadano que disponga de recursos- puede vivir en donde quiera, en un barrio cerrado, en un búnker o en una maqueta de cemento y vidrio. Pero la justificación que dio para el traslado a esa capital dentro de la Capital, huele a traición. O a torpeza política, cuanto mucho. Imprudencia, por lo menos. Porque de esta manera, se suma al manejo superficial y marketinero de un tema que la oposición está usando como ariete para desgastar toda legitimidad. ¿O será que las siliconas también afectan el cerebro del acompañante? Podría haber dicho algo más astuto: por la proximidad del poder, por la posibilidad de negocios, por la calidad visual o por simple careteada. Pero entregar este suculento bocado a las hordas opositoras puede provocar la decepción de muchos de sus votantes.

La inseguridad es un tema al que todavía no le encontramos la vuelta. No pensado como los hechos delictivos que ocurren, sino como tópico, como consigna fácil para conmover a las multitudes. Además, un solo hecho la confirma porque es un término absoluto. Un episodio se multiplica con forma de titulares a tal punto que el espectador teme por el delito ocurrido a muchos kilómetros de su casa. El kirchnerismo intentó contrarrestar el efecto de los medios instalando la idea de la sensación de inseguridad, una estrategia habitual de los medios de comunicación. Pero la eficacia de los comunicadores agoreros, el prejuicio timorato y presentación con forma de sentencia de la palabra de las víctimas construyen un clima difícil de contrarrestar. Quizá por eso lo de sensación de inseguridad sólo recibió la burla, la mofa, el escarnio.

Expresiones como “con todo lo que está pasando” o “no se puede salir a la calle” conmueven por su ingenuidad, pero parecen indestructibles. Ante el mero intento de argumentar, comienza la enumeración de casos aislados, distantes y disímiles, aunque sabiamente mezclados y dosificados por las cadenas del desaliento. La idea de la sensación no niega los hechos, sino que intenta romper con la seguidilla, la amplificación, la epidemia incontrolable. La sensación trata de diferenciar el clima catastrófico que se construye desde las pantallas con la experiencia cotidiana que se vive en cada territorio. Una víctima padece un hecho real, indiscutible, lamentable. El espectador vive un drama mediatizado, reiterado, universalizado. Y sobre todo, presentado de tal manera que la única solución es el linchamiento exprés, el ajusticiamiento inmediato, la aniquilación perpetua del vector inadaptable. Y lo que exigen los vulnerables a tan malsanos mensajes es que La Presidenta y su equipo garanticen que no nos pase absolutamente nada, lo cual es imposible. Por eso parece que están ganando esta batalla.

El desafío de la inclusión

Con el escandaloso nivel –bajo, por supuesto- que adoptaron los opositores respecto al proyecto de código penal, el horizonte de un debate serio y responsable parece muy lejano, tanto para afrontar el problema en sí como para estructurar el espectro de lo punitivo. Pensar que un equipo de expertos elabore un proyecto de código para empeorar la situación resulta no menos que canallesco. Nadie quiere premiar, perdonar o liberar al que delinque. Afirmar esto es hacer trampas. Si durante noventa años el castigo ha acrecentado –de manera no tan alarmante como parece- la comisión de delitos, hay que considerar otra solución.

Ante los individuos que deciden incumplir la ley para perjudicar a otros, el Estado puede optar por dos caminos: aislarlo de la sociedad para que no moleste o reeducarlo para su inserción. La dimensión más humana está en la segunda opción porque contiene la posibilidad de comprender el porqué de tal extravío. Sin dudas, en un país que ha construido durante décadas un sistema de exclusión de una parte importante de la población, no es extraño encontrarnos con situaciones de extrema violencia. Claro que no hay que estigmatizar a las personas sumidas en la pobreza, pero la situación en que se encuentran puede ser adecuada como caldo de cultivo. Sin embargo, también existen delitos cometidos por sujetos que no han tenido esas condiciones de vida, sino otras muy distintas. ¿O acaso la especulación y la evasión –delitos millonarios- son acciones cometidas por los menos beneficiados?

¿No indigna que lo único que se considere delito grave sea el robo cometido por un villero y no las trampas a las que apelan los ricachones para enriquecerse más? ¿O que despierte más piedad un agrogarca que se lamenta porque debe pagar retenciones o cualquier otro tributo que un muchacho que tiene que recurrir al delito para sobrevivir? ¿O que se pida cárcel de por vida para un adolescente que roba un maxi kiosco y un pack de privilegios exclusivo para una exportadora multinacional que triangula los granos para pagar menos impuestos? Y esto no apunta al melodrama, sino a la búsqueda de un equilibrio. O, en todo caso, a la exploración de un camino que no pase sólo por poblar de policías nuestras vidas, convertirnos en partícipes de un reality cotidiano y recrudecer los castigos, pues sólo empeoraría el problema.

Lo punitivo –códigos de fondo y de forma- es posterior al hecho. Lo previo es la inclusión del que está en la base de la pirámide social. El de la punta, debe contribuir a través de su responsabilidad tributaria. El que más tiene es quien más debe entregar, el que está más obligado a ofrecer posibilidades, aquéllas que el otro no ha tenido. Porque, además, pensar en la relación causal entre ambos extremos puede clarificar la mirada. Unos tienen de menos porque los otros tienen de más. Las grandes fortunas son el resultado de una apropiación indebida de parte de la riqueza social, por explotación, especulación, evasión y corrupción. Delitos que merecen una condena más enérgica por parte de la sociedad, porque esos delincuentes no tienen motivos contundentes para delinquir más que la más repugnante angurria.

“No hay duda de que la inseguridad es un problema, pero no se supera con más policías, con más patrulleros o con más cámaras”, explicó el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sino “con equidad distributiva y con más inclusión social”. Contra todo lo que se supone desde el sentido común más enceguecido, cuanto más cruento es el castigo, mayor será el resentimiento. Tampoco hay que premiarlos, pero sí ofrecerles la posibilidad de una vida mejor. Y para eso debemos buscar alternativas, no cerrar la mente, negar el diálogo o responder a la violencia con una violencia mayor. La prevención es el mejor camino y no con la amenaza de más uniformados armados hasta los dientes. El trabajo, la vivienda, la educación, la salud son las mejores herramientas para evitar la delincuencia ocasional. Esto para quienes quebrantan la ley por la marginalidad en la que viven. Para los otros, los que sólo buscan engrosar sus arcas en busca de un lugar destacado en la lista de Forbes, merecen estar un tiempo tras las rejas y devolver con creces lo escamoteado.