miércoles, 16 de septiembre de 2015

Enredos y desventuras de los opositores



Carlos Fayt mostró la hilacha o, como se diría en sus tiempos, deja ver su enagua. El juez de la Corte presentó su renuncia a los 97 cuando debería haberlo hecho más de 20 años atrás. Pero, como una burla más al sistema democrático, su salida del Máximo Tribunal se hará efectiva recién el 11 de diciembre, cuando CFK no esté más en La Rosada. Con forma de símbolo lo que en realidad es una afrenta. Como las denuncias de fraude en todas las elecciones en las que la oposición pierde, que se presentan como una manera de fortalecer las instituciones cuando, en realidad, buscan todo lo contrario. O como los que pidieron un paso al costado del candidato Fernando Niembro, que parecen sugerir un gesto heroico cuando en realidad están tratando de limpiar el prontuario de los funcionarios amarillos. No hay confusión posible: los que responden a intereses minoritarios no tienen buena relación con los códigos democráticos.
Para demostrar las buenas intenciones del juez record, el abogado de Fayt, Jorge Rizzo, explicó que su cliente eligió esa fecha para “liberar las manos” del próximo presidente y pueda “conformar una nueva Corte”. Sin realizar demasiado esfuerzo interpretativo, esto quiere decir que la tozuda permanencia del Supremo en su cargo tiene como objetivo atar las manos de Cristina. Un delirio senil del decadente patricio y un indicio más de la necesidad de democratizar en serio nuestro sistema judicial, para que no se atornillen a sus cargos ni destilen arbitrariedad en sus fallos. Además, siempre es bueno recordar que los jueces son funcionarios públicos que cobran entre 100 y 200 mil pesos mensuales sin tributar el impuesto a los altos ingresos, amparados por una acordada que podrían modificar sin mucho esfuerzo.
Esto no sería tan grave si no actuaran en beneficio de intereses minoritarios con sus generosas medidas cautelares, que no tienen límites ni criterio. Además de frenar multas y resoluciones legales en favor de grandes empresas, ahora impiden que se proclame un gobernador elegido por mayoría con el voto popular. Algo insólito; como un golpe de Estado en miniatura y a la medida del postulante que perdió en las elecciones. Las tropelías de los opositores en Tucumán quedarán para la historia, con sus absurdas denuncias mediáticas sobre un fraude inexistente. Pero los jueces que dieron curso a la medida cautelar que impide a la Junta Electoral proclamar un ganador es un absurdo que no debería considerarse como una anécdota más. Esos jueces ya deberían estar presentando su renuncia por pisotear la voluntad popular expresada en las urnas.
Las togas al rescate
Pero de poco sirvió la prepotencia judicial. El gobernador electo Juan Manzur ya se presentó como tal ante una multitud que hacía mucho que no se convocaba en las calles de San Miguel, la capital provincial. La legitimidad del pueblo contra la ilegalidad de unos jueces que no tenían por qué meterse en ese tema. Pero se metieron a requerimiento del establishment, que avizora un rotundo fracaso de sus candidatos en las elecciones que se vienen. Como si fueran la Caballería Montada o una brigada de marines. Esos jueces repartidos en puntos estratégicos del país sólo están para dar legitimidad a los pataleos antidemocráticos de los opositores, que denuncian fraude ante los medios sólo cuando no ganan. Hasta La Presidenta ignoró la caprichosa resolución de ese tribunal y felicitó al gobernador elegido con más del 51 por ciento de los votos.
Lo que está en juego son las elecciones presidenciales y esto no es ningún juego. Como ya presienten que el favorito del Círculo Rojo –esa minoría que se pretende dueña del país- no será el próximo ocupante de la Casa Rosada, buscan deslegitimar los comicios. Ingeniosos en su desesperación, sus emisarios mediáticos deben dibujar fantásticos escenarios para oscurecer el horizonte.
Encima, el caso Niembro amenaza producir un efecto dominó y desnudar la opacidad de la gestión PRO en lo que más les importa a sus electores: el dinero. Las contrataciones directas en publicidad y otros menesteres indefinibles se trasladan hasta Misiones, donde un canal televisivo recibió 7 millones de pesos por parte del gobierno porteño. Con esa fortuna podría convertirse en un canal de alcance nacional y no sólo local, tendría mucho más que 20 empleados y hasta tendría las posibilidades de convertirse en un multimedios. Pero su dueño, Carlos Valenzuela, negó haber recibido un centavo de la CABA y hasta presentó una denuncia penal contra los funcionarios amarillos.
Para frenar esta explosión de globos pidieron la renuncia de Niembro hasta conseguirla, como si fuera el único responsable, como si hubiera entrado en las oficinas gubernamentales para firmar él solito todos sus contratos. La peor solución es la declinación de su candidatura, porque así reconoce la culpa y con él deberán caer muchos más. En vano tratan de dibujar legalidad en las operaciones de La Usina Producciones porque sólo lograrán un mamarracho.
“Tal vez piensan combatir la pobreza a fuerza de contratos con los amigos –ironizó Cristina- Si le dan a cada argentino un contrato como les dan a sus amigos, no queda un solo pobre en la Argentina”. Pero en vano se debe pedir coherencia a los que no la tienen. Niembro es apenas la punta de un hilo muy enredado que resultará difícil desenredar. Mientras ellos se entretienen con esa maraña, nuestro trabajo es consolidar este proyecto y lograr superar los números de las PASO porque en comparación con los competidores, merece mucho más que el 40 por ciento con el que estamos especulando.

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